Por Lola Portela
Una vez que se hundió y archivó la Reforma a la Salud, el 3 de abril, los sindicatos de Colombia anunciaron que saldrían a protestar, contra la decisión del Congreso.
Y la fecha sería el 9 de abril, día en el cual la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, estableció como el “Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas”. Y, es en el marco de esa celebración, que debe haber, según la ley; cada año, una Plenaria para que el Senado escuche a las víctimas colombianas. No para escuchar las arengas a favor de las reformas.
Sin embargo, los sindicatos han dicho que se movilizarán por las calles del país, en una jornada que algunos llamaron; “por las víctimas y las reformas sociales”, según dijo la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denominó la jornada como la ‘Gran Marcha por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y por las reformas sociales’.
Mejor dicho, tal parece que lo de las “Víctimas” es el agregado, en la marcha del 9 de abril 2024.
No es el motivo real, pues para hacer memoria histórica: desde en el 2011, se aprobó conmemorar, cada 9 de abril, por Ley, el Día Nacional de las Víctimas. También cabe recordar que la ley 1448 tiene el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado y crear una serie de instituciones y políticas para repararlas, conservar sus memorias sobre el conflicto armado y evitar que se repitan las atrocidades que sufrieron.
Por eso, no se debería confundir una protesta, de los sindicatos, que están a favor de las reformas de Gustavo Petro, con un día que aún es motivo de duelo, en el corazón de muchos colombianos, por ser víctimas del conflicto o familiares de éstas.
No mezclar sería lo digno, respetar a las víctimas, no politizar y utilizar a las víctimas, sería lo honesto, lo correcto.
La obligación de los gobiernos de turno es preocuparse por evitar que tengamos más desplazados, mayor número de asesinatos, de extorsionados, y que siga creciendo el conflicto interno, como lo demuestran las cifras.
“El panorama de violencia en Colombia es preocupante”, afirmó Lorenzo Caraffi la cabeza del Comité Internacional (CICR) en Colombia, quien presentó el informe anual sobre la situación humanitaria que, según su trabajo en terreno, se sigue agudizando, y, a los siete conflictos armados no internacionales advertidos en 2022, ahora se suma otro: el de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencias de las extintas FARC lideradas por alias Iván Mordisco. Además, el balance arrojó que en último año se registraron 444 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), agravando la situación en departamentos como Putumayo, Cauca, Nariño y Bolívar.
Los datos del Balance Humanitario 2024 de la organización humanitaria dejan mal parada la ambiciosa política de paz total del Gobierno de Colombia, pues pese a los diferentes intentos de negociación que se han impulsado con estructuras ilegales, la violencia en el país no da tregua.
Lorenzo Caraffi aseguró que es apremiante que el “Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz”. Las cifras recogidas respaldan la preocupación, en particular cuando se trata de fenómenos como el confinamiento, el desplazamiento y la desaparición.
Uno de los departamentos más golpeados por este recrudecimiento es Nariño, en la frontera con Ecuador, que por quinto año consecutivo encabeza el registro de desplazamientos masivos, sumado al mayor número de afectados por minas antipersonales.
Allí se calcularon 91 víctimas, de un total de 380, de las cuales el 55% fueron civiles. Este departamento del sur del país también fue el segundo en el que hubo más confinamientos y desplazamientos individuales, superado por Chocó y Valle del Cauca, respectivamente.
Precisamente, Valle del Cauca, en el suroccidente del país, a diferencia de años anteriores, superó a Arauca en términos de desplazamientos individuales. Un resultado esperado, teniendo en cuenta la difícil situación de orden público en municipios como Tuluá, que han sido epicentro de atentados y amenazas, derivadas en parte del accionar de un grupo criminal conocido como La Inmaculada, que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en esa población.
Por otro lado, en zonas como el Pacífico, específicamente en Chocó, la crisis humanitaria se mantiene e incluso empeora. De acuerdo con el CICR, en 2023, alrededor de 47.013 personas sufrieron confinamientos, lo que significa un aumento del 19% con respecto a 2022. Solo el Chocó, donde el poderío lo ostentan el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las AGC, se concentró el 44% de las víctimas. Sobre este incremento, Caraffi señaló que, en parte, se debe a que el confinamiento es una táctica para ejercer control territorial.
Otro punto crítico es Putumayo, donde el desplazamiento tuvo un incremento de al menos el 1.000%. Para 2022 apenas se contabilizaron 169 desplazados; en 2023 la cifra alcanzó los 2.009. En esa zona del sur de Colombia, los enfrentamientos se dan por cuenta de las disidencias del frente Carolina Ramírez, que forma parte de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, y los Comandos de las Fronteras, que responden al EMC. Pese a que esas dos estructuras criminales han generado graves afectaciones a la población, el CICR aseguró que, por ahora, esos choques no alcanzan la intensidad para sumarse a los otros conflictos armados. De estos, tres incluyen al Estado y a grupos armados no estatales como el ELN o las AGC y cinco se refieren a la disputa territorial de actores ilegales.
Personal de salud en riesgo por el conflicto Y éste sí que es un motivo para protestar.
El jefe de la delegación humanitaria subrayó otra preocupación: el ataque a los grupos médicos.
El informe alerta que durante 2023 se registraron 511 actos violentos a los equipos de asistencia de salud en todo el país. De ellos, 140 estuvieron relacionados con conflictos armados. “La mayoría [de ataques] fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario e impactaron directamente a auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública”, consigna el documento.
Las agresiones han sido tan cruentas que dejaron nueve personas asesinadas, el número más alto en los últimos cinco años.
En Antioquia se documentó la mayor cantidad de actos de violencia contra asistencia de salubridad (78), seguido de Cundinamarca (54) y Tolima (53). Por esos hechos, el CICR hizo un llamado urgente a respetar este trabajo que en ocasiones resuelva vital en zonas de guerra.
“Exhortamos a las partes de los conflictos armados a que respeten y protejan en todo momento a quienes brindan asistencia de salud. Su labor es aliviar el sufrimiento causado por los conflictos armados y la violencia”, cita el informe, que con certeza muchos hasta desconocen.
Por respeto a las víctimas vale la pena saber ¿por qué marchar un 9 de abril, en Colombia?
