Por Lola Portela
Extraña la preocupación extrema del Pacto Histórico por las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación en contra de algunos de sus congresistas.
Recordemos también que el propio presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre de forma indirecta en contra de la Procuraduría. El mandatario escribió en su cuenta personal de Twitter, refiriéndose al tema: “A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”.
Y, por eso no es extraño que la colectividad anunciara este miércoles 31 de mayo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos (CIDH), para pedir medidas cautelares en favor de varios dirigentes de la coalición petrista que, según ellos, están en la mira de la Procuradora Margarita Cabello.
El pronunciamiento se hizo a través de una conferencia de prensa, donde pusieron al descubierto esas preocupaciones que evidencian tras la decisión del organismo disciplinario de sancionar durante ocho meses al senador Alex Flórez por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la Policía, a quienes llamó asesinos, durante los hechos ocurridos en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, en un hotel de Cartagena.
Y después, tras la decisión del organismo disciplinario de imputar cargos contra el también senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, porque responsabilizó a uniformados de la Policía de torturar a un grupo de civiles en medio del paro nacional de 2021.
La senadora Clara López, quien tomó la vocería de la conferencia de prensa, dijo que la estrategia de la Procuradora Margarita Cabello es amedrantar y disminuir la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos años en Colombia, quien informó: “La bancada ha tomado de la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se decreten medidas cautelares con el fin de proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”.
La bancada reveló que actualmente la Procuraduría adelanta investigaciones contra los congresistas Alex Flórez, Wilson Arias, María José Pizarro, Susana Boreal y Alexander López, quien se convertiría en presidente del Senado el próximo martes 6 de junio.
En el comunicado también se lee que: “la evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga por sí y ante sí competencias para desvincular a funcionarios de elección popular, a pesar de los precedentes de la CIDH”.
Y añade: “la Procuraduría, siendo un órgano netamente administrativo, ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión, destitución o inhabilidad de congresistas cuando dicha competencia recae exclusivamente en la Corte Suprema y el Consejo de Estado”.
Durante la intervención, la bancada lanzó varias críticas contra la procuradora Margarita Cabello: “la Procuraduría es la exministra de justicia del gobierno de Iván Duque. Ella no ofrece garantías al derecho de defensa de los integrantes de la bancada de gobierno”, se lee en el comunicado. Margarita Cabello- según los congresistas del Pacto Histórico- se opone a todas las reformas del gobierno Petro.
Por su parte, el senador Alexander López, denunció que: “hay una estrategia sistemática desde los órganos de control por destruir, no solamente nuestro proyecto y programa de gobierno si no por violentar nuestro proyecto político. No lo vamos a permitir. Nos vamos a defender con todas las herramientas legales y de protesta pacífica porque es absolutamente evidente la estrategia que hay aquí”.
Lo que deben entender los colombianos y especialmente los del Pacto Histórico es que “quien nada debe, nada debe temer”. El Procurador General de la Nación lo establece la Constitución de 1991. Y esa Carta Magna le demanda funciones al Procurador de turno, que también TIENE que cumplir:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.
10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.
Les molesta la Fiscalía, ahora la Procuraduría. No desean control político, ni individual. Complicado el tema, pues queda claro que no conocen la Constitución Nacional o les estorba. Nada raro que le proponga al país otro texto, como trató de hacer Gabriel Boric en Chile, y claro se molestarán cuando el país entero les diga ¡RECHAZO!
Los del Pacto ya tendrán la oportunidad de pasar la terna para el nuevo Fiscal e intervenir en la elección del nuevo Procurador. Y, tal vez, sea uno que les obedezca o camine a su ritmo y forma, pero que no cumpla con el deber Constitucional al país.
Los políticos del Pacto deben entender también que sus seguidores, ya están despertando, y cada día son más los arrepentidos del voto por el CAMBIO.
Por eso, tanto sus pocos seguidores, como la mayoría de los colombianos, incluyendo el 60% de los jóvenes de Colombia que opinan que este gobierno es desastre. Como quien dice se les demanda cumplir, pero sin lesionar los derechos ganados, como una salud digna para todos, NO POLITIZADA; derecho al empleo; derecho a la educación pública, el derecho a la propiedad privada, a elegir el sistema pensional que nos convenga (es nuestro dinero, no es del Estado), el derecho a la seguridad en todo el territorio; derecho a votar sin las advertencias de los grupos armados, que se han fortalecido, mediante la tal Paz Total. Derecho a contar con energía y combustibles, propios, sin la injerencia de países vecinos; derecho al desarrollo, sin el decrecimiento económico que desean imponer, etc.
En ese sentido, TODOS LOS COLOMBIANOS deberíamos acudir a la Corte Interamericana de Derechos (CIDH), porque el gobierno actual no da las garantías, ni respeta nuestros derechos, como constituyentes primarios.
Ser Funcionario Público en un Estado de Derecho, como el colombiano, implica para cualquiera: caminar derecho (cumplir con lo que les toca y demanda la ley), así de convicción e ideología sean de izquierda.
¿Cuál es el temor?, La señora Procuradora también debe cumplir, de forma correcta, con su deber.
