Por: José Félix Lafaurie Rivera
Durante años preferí hablar poco sobre el derecho de los ciudadanos -los ganaderos entre ellos- a portar armas para su legítima defensa; no por negacionismo frente a la evidente inseguridad en campos y ciudades, sino porque el tema quedó atrapado en una narrativa estigmatizante.
Bastaba que un ganadero hablara de seguridad o de legítima defensa para que algunos sectores lo asociaran con paramilitarismo. Fedegán vivió de cerca esa estigmatización, pues mientras miles de productores eran víctimas de secuestro, asesinato extorsión, abigeato y desplazamiento, la discusión pública giraba alrededor de una generalización injusta contra los ganaderos.
Esa realidad motivó a María Fernanda Cabal a crear la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGAN, que recorrió el país identificando víctimas ganaderas, no solo para hacerlas visibles en un país en el que no todas son iguales frente a la ley, sino para acompañarlas en el reconocimiento de sus derechos. Ese esfuerzo permitió publicar el informe “Acabar con el olvido”, que documentó más de 10.000 víctimas de los grupos armados.
Hace veinte años señalé que, ante la desmovilización de las autodefensas, muchas regiones quedarían expuestas si el Estado no ocupaba los espacios abandonados…, y quedaron expuestas. Hace diez advertimos que lo mismo sucedería con la desmovilización de las Farc…, y lo mismo sucedió: una violencia reemplazó a otra y hasta las Farc dejaron instaladas a sus “disidencias”.
El problema es que el productor rural vive en el campo; no puede irse, así la institucionalidad no llegue oportunamente o nunca llegue. El ganadero vive en la finca, recorre vías terciarias, transporta recursos y trabaja en zonas muchas veces distantes de una estación de Policía. Esa realidad no desaparece por decreto ni puede ser ignorada desde la comodidad de las ciudades.
De ahí que la decisión del Gobierno de levantar la suspensión del porte legal de armas es valerosa y merece nuestro respaldo, pues responde a una realidad de inseguridad desbordada y restituye un derecho conculcado desde cuando las Farc le dictaban al Gobierno lo que debía hacer.
Restituir ese derecho preserva el monopolio legítimo de la fuerza en el Estado, pero le permite al ciudadano portar armas legalmente para su legítima defensa. Conviene subrayarlo para evitar tergiversaciones. No se está autorizando el porte indiscriminado ni promoviendo el armamentismo. El permiso de porte tendrá exigentes requisitos, controles de la autoridad y estrictas responsabilidades legales.
Es un paso en la dirección correcta, pues vivíamos en un mundo al revés, sobre todo en el campo: mientras al ciudadano cumplidor de la ley se le obligó a guardar su arma cuando Santos prohibió el porte, los bandidos, que no piden permiso, recorren calles y carreteras portando fusiles y armas automáticas.
El monopolio estatal de la fuerza es esencial en una sociedad civilizada, pero no puede confundirse con la indefensión obligatoria del ciudadano. La legítima defensa existe porque ningún Estado puede garantizar protección total y permanente a cada persona, menos en extensos territorios rurales.
Por eso el discurso ganadero siempre ha sido, primero, de presencia institucional del Estado en el campo, porque en el abandono crece y se reproduce la violencia; segundo, de respaldo a la Fuerza Pública, y tercero, de seguridad como derecho fundamental y deber del Estado, no solo de proteger al ciudadano, sino para ejercer control territorial y soberanía efectiva.
Pero mientras esa presencia se consolida, no es razonable quitarle al ciudadano “el derecho a no quedar indefenso” frente a quienes lo amenazan actuando fuera de la ley. Los ganaderos valoramos esa decisión y sabremos honrarla con responsabilidad y dentro del ordenamiento jurídico.
Una democracia debe desarmar a los criminales, no condenar a la indefensión a sus ciudadanos.
@jflafaurie
