Por: Julio César Prieto Rivera
“Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado; cuando la calamidad pasa, Dios es olvidado y el soldado juzgado”.
Esta frase, de autor desconocido, adquiere hoy para mí una dimensión especial.
Hace apenas unas horas conocimos una noticia que recibo con profunda satisfacción y alegría: un jurado federal en Miami falló a favor del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en el proceso civil promovido por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán. Después de ocho días de juicio, el jurado determinó que Plazas Vega no era civilmente responsable de las reclamaciones formuladas en su contra por tortura y ejecución extrajudicial.
Me alegra profundamente por él, por su familia y por quienes durante tantos años han acompañado su defensa. Conozco personalmente al coronel Plazas Vega y tuve la oportunidad de visitarlo cuando se encontraba privado de la libertad en Colombia. Por eso esta noticia no me resulta indiferente. La recibo con el sentimiento de quien conoció de cerca, aunque fuera parcialmente, los difíciles momentos que atravesó un soldado sometido durante años al peso de los procesos judiciales y al juicio permanente de la opinión pública.
Pero mientras conocía la decisión adoptada en Estados Unidos, otro nombre apareció inmediatamente en mi pensamiento:
Jesús Armando Arias Cabrales. El brigadier general que aquel 6 de noviembre de 1985 comandaba la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional y sobre cuyos hombros recayó la responsabilidad militar de enfrentar una de las situaciones más dramáticas de nuestra historia republicana: la toma del Palacio de Justicia por el M-19.
Han transcurrido más de cuarenta años. Hoy Arias Cabrales tiene 90.
Ingresó a la Escuela Militar cuando apenas tenía 14 años. Sirvió durante 39 años a la institución, recorrió la carrera militar y llegó a ocupar el máximo cargo al que puede aspirar un integrante del Ejército: comandante del Ejército Nacional.
Sin embargo, para una parte importante del país toda aquella existencia parece haber quedado reducida a dos días: el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Arias Cabrales enfrentó durante décadas investigaciones administrativas, disciplinarias y judiciales relacionadas con aquellos acontecimientos. Años después, las investigaciones penales fueron reabiertas y terminó condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada agravada. La condena quedó en firme después de las decisiones adoptadas por la justicia colombiana.
No escribo estas líneas para sustituir a los jueces. Tampoco para desconocer el sufrimiento de las víctimas ni el derecho que tienen sus familias a buscar verdad, justicia y reparación.
Las escribo porque la historia también tiene la obligación de recordar los contextos, las responsabilidades institucionales y a los seres humanos que quedaron atrapados dentro de acontecimientos extraordinarios.
La recuperación del Palacio de Justicia no fue una decisión adoptada en la clandestinidad por un comandante militar actuando por cuenta propia. El país tenía un presidente de la República, un ministro de Defensa, un comandante general de las Fuerzas Militares, un comandante del Ejército, una estructura de mando militar y policial y un Estado enfrentando una gravísima alteración del orden constitucional.
Reconstruir esa cadena de mando resulta indispensable para comprender históricamente lo sucedido, aunque su existencia no resuelva por sí misma las responsabilidades individuales que posteriormente correspondió examinar a la justicia.
Y precisamente ahí surge una pregunta que cuatro décadas después continúa incomodándome:
¿Puede la historia terminar depositando sobre los hombros de unos pocos soldados todo el peso de una decisión que comprometió al Estado?
Y detrás de esa pregunta aparece otra reflexión inevitable: la sensación de un profundo desequilibrio en la manera como terminaron siendo tratados quienes participaron, desde orillas opuestas, en aquellos acontecimientos.
No se trata de negar el deber de investigar, ni de desconocer el dolor de las víctimas, ni mucho menos de reclamar impunidad para nadie. Se trata de preguntarnos si la justicia y la historia han aplicado con igual rigor sus exigencias a todos los protagonistas.
Mientras algunos encontraron caminos jurídicos y políticos que les permitieron reincorporarse plenamente a la vida nacional e incluso alcanzar la Presidencia de la República, después de haber pertenecido a una organización armada responsable de múltiples crímenes, otros han debido enfrentar durante décadas investigaciones, procesos, privaciones de la libertad y condenas que terminan acompañándolos hasta la vejez.
Ese contraste merece ser examinado sin apasionamientos y sin cálculos ideológicos. Porque una sociedad que aspira a reconciliarse necesita una justicia que sea completa, coherente y no selectiva. El equilibrio no significa impunidad. Significa que la misma vara con la que se exige responsabilidad a unos no puede desaparecer cuando corresponde examinar la responsabilidad de los otros.
El caso de Plazas Vega vuelve inevitable esa reflexión.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia terminó absolviendo al coronel Plazas Vega en 2015. Ahora, más de una década después, un jurado estadounidense vuelve a producir una decisión favorable para él, esta vez dentro de un proceso civil relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.
Celebro esa decisión. Pero precisamente porque la celebro, no puedo evitar mirar hacia el otro soldado.
Arias Cabrales continúa ahí. Tiene 90 años y permanece privado de la libertad. Una condena de 35 años para un hombre que comenzó a enfrentar la privación de su libertad a los 72 años plantea una realidad matemática estremecedora: para cumplirla integralmente tiene que alcanzar los 107 años de edad.
Y mientras transcurre el tiempo, su nombre aparece cada vez menos en la conversación nacional.
Pareciera que Colombia solamente vuelve a recordar a Jesús Armando Arias Cabrales cuando alguna decisión judicial, alguna controversia sobre el Palacio de Justicia o alguna noticia ocasional devuelve su nombre durante unas horas a los titulares.
Después vuelve el silencio, y yo me resisto a ese silencio.
Tengo el privilegio de conocer personalmente al general Arias Cabrales. Durante los últimos años he conversado extensamente con él, he escuchado su historia, sus recuerdos, sus argumentos, sus dolores y su visión de aquellos acontecimientos. Esa cercanía no me convierte en juez ni pretende sustituir las decisiones de los tribunales. Me permite, simplemente, conocer al ser humano que existe detrás del expediente.
Y es precisamente esa historia la que he querido preservar.
En la primera semana de noviembre presentaré al país “Jesús Armando Arias Cabrales: entre la historia y el honor”, obra publicada por el Grupo Editorial Planeta a través de su sello Bronce. Allí los lectores podrán conocer una historia construida a partir de su testimonio y de una extensa investigación documental, y sacar sus propias conclusiones.
No quiero anticipar esas páginas. Hoy solamente quiero hacer un reconocimiento.
Al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por quien siento una profunda alegría ante el reciente veredicto favorable.
Y al general Jesús Armando Arias Cabrales, porque mientras Colombia vuelve a hablar del primero, considero necesario que alguien recuerde también al segundo.
Hace algún tiempo le hice una pregunta muy sencilla: Mi general, ¿qué epitafio aceptaría usted para sí mismo?
Su respuesta no habló de grados, cargos, condecoraciones ni victorias militares. Tampoco habló de jueces, fiscales o sentencias.
Respondió: “Aquí yace Jesús Armando Arias Cabrales, quien cumplió con su deber”.
Tal vez por eso hoy regreso a aquella frase con la que comenzaron estas líneas:
“Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado; cuando la calamidad pasa, Dios es olvidado y el soldado juzgado”.
Cuarenta años después del Palacio de Justicia, la historia todavía tiene mucho que decir.
Y Colombia, mucho que recordar.
