Por Lola Portela
Una demanda de nulidad electoral fue radicada ante la jurisdicción competente con el propósito de dejar sin efectos las curules de oposición que ocupan el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara Aida Quilcué, luego de aceptar los escaños que les corresponden tras la derrota de su fórmula presidencial en la segunda vuelta del pasado 21 de junio frente a Abelardo De la Espriella.
La acción judicial se conoce a pocos días de la posesión del presidente electo, prevista para este viernes en Cali, y abre un nuevo frente de controversia sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
Según el documento, la demanda se fundamenta en una presunta afectación a la libertad del voto por hechos de constreñimiento electoral. Los demandantes sostienen que antes y durante la jornada electoral existió un patrón sistemático y organizado de violencia, control territorial y coacción sobre la población civil, presuntamente ejercido por grupos armados ilegales, que habría tenido incidencia en el resultado de los comicios.
Entre los hechos señalados se mencionan amenazas contra la población, restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones atribuidas a organizaciones armadas y estructuras criminales.
La demanda asegura que estos hechos no fueron aislados, sino que respondieron a un patrón repetido de violencia dirigido a influir de manera ilegal en la voluntad de los electores en distintos municipios y corredores del país.
El documento de 111 páginas que llegó al Consejo de Estado sugiere que “la queja electoral no se sustenta en la sola afirmación de la presencia de un grupo armado ilegal en el territorio, sino en la acreditación, mediante prueba directa e indiciaria concurrente, de una secuencia de conductas conexas y reiteradas que, valoradas en conjunto, permiten inferir razonablemente la afectación sustancial de la libertad del sufragio y su incidencia determinante en el resultado electoral impugnado”.
Los accionantes atribuyen esa situación a grupos como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, La Terraza, La Cordillera, Los Pachenca, Los Rastrojos, La Empresa, Los Costeños, Los Caqueteños, Los Shottas, Los Espartanos, La Inmaculada, Los Puntilleros y el Tren de Aragua, entre otros.
Como sustento probatorio, la demanda cita informes de la Defensoría del Pueblo, según los cuales en 670 municipios del país se documentó presencia o influencia de organizaciones armadas ilegales: 433 con presencia, 168 con influencia y 69 bajo hegemonía de estos grupos.
También se apoya en información de la Misión de Observación Electoral (MOE), que reportó afectaciones en 399 municipios, de los cuales 139 registraban presencia armada, 74 influencia de grupos ilegales y 126 estaban bajo hegemonía de estas estructuras.
De acuerdo con los demandantes, además de esos informes se realizó un análisis comparativo de las actas electorales municipio por municipio para establecer una posible relación entre la presencia de grupos armados y los resultados de la elección presidencial.
El recurso judicial señala que la nulidad no se basa únicamente en la existencia de organizaciones ilegales en determinados territorios, sino en un conjunto de pruebas directas e indiciarias que, según los accionantes, permitirían inferir una afectación sustancial a la libertad del sufragio y una eventual incidencia en el resultado electoral.
Finalmente, la demanda sostiene que existe una coincidencia geográfica entre las zonas donde fue documentada la presencia de grupos armados ilegales y los territorios en los que Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvieron mayor respaldo electoral. Con esos argumentos, los demandantes solicitan que la justicia estudie la eventual nulidad de las curules que hoy ocupan en el Congreso de la República.
