Por Lola Portela
La justicia chilena confirmó que Bernarda Rosalba Vera Contardo, incluida durante décadas en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada, vive en Miramar, Argentina. Un examen de ADN determinó con una probabilidad superior al 99,9999% que la mujer de 80 años encontrada por un equipo de televisión chileno es la misma militante del MIR cuyo rastro se perdió tras el golpe de Estado de 1973. El caso abre interrogantes sobre su huida, la información que manejó el Estado chileno durante años y los registros oficiales de las víctimas de la dictadura.
Durante más de medio siglo, Bernarda Rosalba Vera Contardo formó parte de la memoria de los desaparecidos de la dictadura chilena. Su nombre quedó registrado en el Informe Rettig, el documento elaborado a comienzos de la década de 1990 para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet.
Pero Bernarda Vera no estaba muerta.
La mujer, que actualmente tiene 80 años, fue localizada en Miramar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí había construido una nueva vida después de abandonar Chile clandestinamente tras el golpe de Estado de 1973. Décadas después, un equipo de Chilevisión dio con su paradero y abrió una historia que ahora ha sido confirmada científicamente por la justicia chilena.
Un examen genético solicitado por el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, estableció que la mujer residente en Argentina es efectivamente Bernarda Vera Contardo. Según informó el Poder Judicial de Chile, el cotejo entre su perfil genético y las muestras disponibles de sus familiares en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.
La confirmación transforma el caso de una desaparición que durante décadas fue considerada una de las historias de represión política de la dictadura en un episodio completamente distinto: el de una mujer que logró sobrevivir, salir de Chile y rehacer su vida lejos de su país de origen.
Una profesora y militante buscada por los militares
Cuando desapareció de Chile, Bernarda Vera tenía 27 años. Estaba casada, tenía una hija de cinco años y trabajaba como profesora en una escuela pública de Puerto Fuy, en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la actual Región de Los Ríos.
También tenía una activa participación política. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). Dentro de la organización era conocida por el nombre de “Anita”.
Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, comenzó la persecución contra militantes y simpatizantes de organizaciones de izquierda en distintas zonas del país.
El Informe Rettig estableció que Vera había sido detenida por efectivos militares el 10 de octubre de ese año en Liquiñe, en la zona precordillerana del sur de Chile. Según esa versión, posteriormente habría sido ejecutada junto con otras 15 personas.
El documento señaló que los detenidos habrían sido trasladados hacia Villarrica y asesinados en las inmediaciones del puente sobre el río Toltén, donde sus cuerpos habrían sido arrojados al agua.
“Desde el momento de su detención permanece desaparecida”, consignó el informe.
La reconstrucción oficial se basó en los antecedentes y testimonios disponibles durante los años posteriores a la dictadura. Sin embargo, nunca se encontró el cuerpo de Bernarda Vera ni existió una evidencia material que permitiera establecer de manera definitiva su muerte.
Las primeras dudas sobre la desaparición
Con el paso de los años aparecieron testimonios que cuestionaban aquella reconstrucción.
Uno de ellos correspondió a José Manuel Bravo, antiguo integrante del MIR, quien relató que un grupo de personas consiguió escapar de las fuerzas militares durante octubre de 1973 y refugiarse en la montaña.
Según su testimonio, entre quienes lograron huir se encontraba Bernarda Vera, “Anita”.
Bravo describió a la joven como una mujer capaz de soportar las duras condiciones de la vida clandestina en la cordillera. En su libro De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia, publicado en 2012, sostuvo que ambos permanecieron en la montaña hasta diciembre de 1973.
Ese dato resulta especialmente relevante: situaría a Bernarda Vera con vida y escondida dos meses después de la fecha en que, según el Informe Rettig, habría sido detenida y posteriormente asesinada.
La hipótesis que cobró fuerza con el tiempo es que Vera consiguió abandonar Chile clandestinamente y cruzar hacia Argentina con ayuda del militante sueco Svante Grände.
De Chile a Suecia y luego a Argentina
Después de llegar a Argentina, Bernarda Vera habría iniciado una nueva etapa de su vida.
Según los antecedentes publicados por medios de comunicación, posteriormente viajó a Suecia junto con su marido argentino y un hijo recién nacido. En 1978 obtuvo su primer visado y permiso de residencia en ese país.
Allí tuvo otros dos hijos y, en 1984, adquirió la ciudadanía sueca.
A finales de la década de 1990 regresó a Argentina. Finalmente se estableció en Miramar, donde permaneció durante años prácticamente ajena a la historia que se había construido en Chile alrededor de su desaparición.
Su familia en Chile, entretanto, continuó creyendo que había muerto.
El encuentro que cambió el caso
El paradero de Bernarda Vera fue localizado a mediados de 2025 por un equipo de Chilevisión.
La periodista Florencia Valenzuela y su equipo llegaron hasta la localidad argentina después de seguir antecedentes que apuntaban a que la mujer podía estar viva.
Vera evitó hablar públicamente ante las cámaras. Su hijo Maximiliano, sin embargo, transmitió parte de su posición.
Según relató la periodista, Bernarda había imaginado que algún día alguien podría encontrarla, pero no quería renunciar a la vida que había construido durante décadas.
Su mensaje, según quienes tuvieron contacto con ella, era claro: quería vivir en paz y no deseaba exponer públicamente su pasado.
Una hija que nunca dejó de buscar respuestas
En Chile había quedado una niña de apenas cinco años.
La hija de Bernarda Vera creció sin volver a tener contacto con su madre y durante décadas convivió con la versión de que había sido víctima de la represión militar.
En 2025, cuando el equipo de televisión logró ubicar a Vera, la hija fue contactada y recibió la noticia. Su primera reacción fue de incredulidad.
Según contó la periodista Florencia Valenzuela a BBC Mundo, la mujer no podía aceptar inicialmente que su madre estuviera viva. Había pasado toda su vida creyendo que, de haber sobrevivido, su madre habría intentado comunicarse con ella.
La situación adquirió una dimensión definitiva cuando el ministro Álvaro Mesa ordenó realizar el examen genético que permitió confirmar la identidad.
La prueba no solo resolvió la incógnita sobre la identidad de la mujer que vivía en Miramar. También obligó a revisar una historia familiar construida durante más de 50 años.
Una investigación judicial que llevaba años abierta
La causa judicial por la desaparición de Bernarda Vera se inició en 2009, después de que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentara una querella.
El proceso fue sobreseído temporalmente en 2014 debido a la falta de antecedentes suficientes para determinar las circunstancias de su desaparición.
Según el abogado Vladimir Riesco, quien presentó la acción judicial, la hija de Vera declaró durante esa investigación y afirmó que desde 1973 no había vuelto a tener contacto con su madre.
La falta de testigos directos de una eventual detención también resulta significativa. De acuerdo con Riesco, los antecedentes que durante años sustentaron la historia de su desaparición provenían principalmente de testimonios indirectos y de lo consignado en el Informe Rettig.
La aparición de nuevas incongruencias llevó posteriormente al Plan Nacional de Búsqueda, impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric, a revisar el caso y contactar a la hija.
El Gobierno sostuvo que los antecedentes disponibles fueron remitidos oportunamente al ministro Mesa, quien finalmente llevó adelante la investigación que permitió confirmar el paradero de Vera.
La controversia política
El caso no terminó con la identificación de Bernarda Vera. Por el contrario, abrió una segunda discusión: ¿qué información existía sobre su posible supervivencia y desde cuándo la conocía el Estado chileno?
El expolicía Sandro Gaete, quien participó en el Plan Nacional de Búsqueda antes de renunciar, afirmó que autoridades de la administración anterior habían recibido antecedentes sobre el caso y que algunos de ellos se remontaban incluso a 2007.
El gobierno de Boric rechazó cualquier acusación de ocultamiento y sostuvo que los antecedentes que estaban en su poder fueron puestos a disposición de la justicia.
Ahora, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que impulsará investigaciones administrativas para determinar si existieron responsabilidades dentro del aparato estatal. También informó que oficiará al Consejo de Defensa del Estado para evaluar eventuales acciones legales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, además planteó la necesidad de revisar los registros oficiales de víctimas de la dictadura para evitar que puedan existir otros casos similares.
El debate por las reparaciones
La confirmación de que Vera está viva también tiene consecuencias en materia de reparación estatal.
Durante años, la madre de Bernarda Vera recibió una pensión de reparación que le correspondía como familiar de una víctima de violaciones a los derechos humanos. Su hija, que además se encuentra en situación de discapacidad, también recibe beneficios.
Tras conocerse el resultado del examen de ADN, sectores de la derecha chilena pidieron determinar si corresponde revisar esos pagos y establecer si hubo algún eventual delito.
Sin embargo, cualquier responsabilidad deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes. El hecho de que una persona haya sido incorporada oficialmente como víctima sobre la base de los antecedentes disponibles en un determinado momento no implica, por sí mismo, que sus familiares hayan actuado de mala fe.
El abogado Vladimir Riesco ha sostenido que la hija de Vera actuó siempre de buena fe, pues durante décadas no contó con información que le permitiera conocer el verdadero destino de su madre.
Una historia que obliga a revisar el pasado
El caso Bernarda Vera plantea preguntas que van mucho más allá de la identidad de una mujer localizada cinco décadas después.
También pone bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales el Estado chileno investigó las desapariciones ocurridas durante la dictadura, la calidad de los antecedentes que permitieron elaborar el Informe Rettig y las dificultades para reconstruir el destino de personas cuyo rastro se perdió en los primeros meses de la represión.
Al mismo tiempo, obliga a distinguir entre una verdad histórica y una verdad judicial. Durante años, la información disponible llevó al Estado chileno a considerar a Vera como víctima de desaparición forzada. Hoy, una prueba genética y nuevos antecedentes indican que aquella conclusión no correspondía a su destino final.
Pero todavía existe una parte de la historia que permanece sin respuesta.
¿Por qué Bernarda Vera nunca regresó a Chile? ¿Por qué no contactó a su hija durante décadas? ¿Qué ocurrió exactamente durante su huida desde la zona de Neltume y Liquiñe? ¿Qué personas conocieron su paradero? ¿Y qué información llegó a las autoridades chilenas antes de que su existencia fuera confirmada?
Bernarda Vera ha decidido mantener silencio sobre buena parte de su pasado.
Después de medio siglo, mientras Chile vuelve a revisar uno de los casos incluidos entre sus desaparecidos, ella permanece en Argentina.
Viva, lejos de las cámaras y, según quienes han hablado con ella, decidida a conservar la vida que construyó después de escapar de un país que durante décadas la creyó muerta.
