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Gobierno Petro pide suspender capturas de 29 jefes del Clan del Golfo: alias “Chiquito Malo” está en la lista

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Por Lola Portela

El Gobierno Petro solicitó frenar las órdenes de captura y extradición de 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del país y sucesor de alias “Otoniel”.

La decisión quedó consignada en una resolución firmada por el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, en el marco de las negociaciones que el Ejecutivo adelanta con esa estructura armada para avanzar en un proceso de sometimiento y desmovilización antes de finalizar el mandato presidencial.

Según el documento, el objetivo es permitir el traslado de los integrantes del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), donde se proyecta el inicio del tránsito a la legalidad en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), a partir del próximo 25 de junio.

Entre los nombres incluidos en la medida sobresale el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, actual máximo jefe del Clan del Golfo y requerido por la justicia de Estados Unidos por narcoterrorismo, que incluyen conspiración para apoyar organizaciones terroristas y financiar sus actividades. Una corte federal de Nueva York lo señala de liderar un “imperio criminal” que envía grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Si la Fiscalía avala la solicitud, se suspendería temporalmente la persecución judicial en su contra.

El Gobierno aclaró que la medida tiene un alcance limitado y condicionado exclusivamente al proceso de paz. “Cualquier tránsito realizado en virtud de esta resolución deberá tener una finalidad directa, verificable y exclusiva de preparación, coordinación o ejecución del ingreso a la ZUT, sin que pueda ser utilizado para actividades distintas, incompatibles o contrarias a los compromisos de paz asumidos”, señala el documento oficial.

Además, el Ejecutivo enfatizó que la suspensión no implica libertad plena de movilidad en el país. “La movilidad de las personas incluidas en el listado se circunscribe a los municipios en los que, al momento de expedición de la presente resolución, el EGC (Clan del Golfo) tenga presencia, y al desplazamiento desde dichos lugares hacia la Zona de Ubicación Temporal correspondiente, así como a los movimientos estrictamente indispensables para preparar ese ingreso”, indicó la resolución.

El acuerdo entre las delegaciones del Gobierno y los voceros del Clan del Golfo fue suscrito el pasado 24 de abril y contempla la ubicación progresiva de los integrantes de esa organización narcotraficante en las zonas definidas para el proceso.

Los 29 integrantes del Clan del Golfo incluidos en la solicitud

  • Tatiana Andrea Correa Jaramillo
  • José Francisco Peña Santana
  • Luis Enrique Martínez Cogollo
  • Carlos Andrés Méndez Paternidad
  • Ermy Daniel Velásquez Cuadrado
  • Fredy Ferney Anaya Mejía
  • Andrés Arrieta Cardona
  • Luis Antonio Mogrovejo
  • Jobanis de Jesús Ávila Villadiego
  • Orosman Orlando Ósten Blanco
  • Elkin Casarrubia Posada
  • Wilmar Albeiro Mejía Úsuga
  • Luis Armando Pérez Castañeda
  • José Alberto Vega Alvaran
  • Deneil Enrique Acosta Ballesteros
  • Álvaro Padilla Medina
  • Julio César Sánchez
  • Ana Gisela Vásquez Jiménez
  • Jesús Betancur
  • Juan Pablo Marín Quiceno
  • Esneider Paul Torres Santero
  • Juan Carlos Hernández Díaz
  • Armando Morellys Socorraas Negrete
  • Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda
  • Arturo Efraín Viera Almanza
  • Jesús Ramos Machado
  • Juan David Bahena Miranda
  • José Higinio Arroyo Ojeda
  • Jaime Antonio Morelo Fajardo

El tiempo restante del Gobierno Petro plantea la necesidad de realizar ajustes en la capacidad de reacción del Estado, fortalecer la coordinación institucional y complementar las acciones de la Fuerza Pública con mayores capacidades de investigación criminal y judicialización.

En paralelo, el desarrollo de la política de Paz Total mantiene el reto de equilibrar los diálogos con los grupos armados y la respuesta frente a hechos de violencia y control territorial ilegal. Mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en permisividad frente a la violencia.

En medio de un clima político cada vez más tenso y de cara a las elecciones presidenciales, el deterioro de la seguridad amenaza con profundizar la incertidumbre y aumentar la presión sobre un Estado que sigue sin recuperar el control pleno en varias regiones del país.