Por Lola Portela
A un mes de la finalización del mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno continúa adelantando procesos de contratación, aprobando vigencias futuras y realizando nombramientos que ya son objeto de revisión por parte del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
El proceso de empalme en Colombia entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella ya comenzó, con Germán Ávila por la administración actual y José Manuel Restrepo por el equipo electo al frente de la coordinación. La segunda reunión oficial quedó citada para este viernes 3 de julio a las 10.00 a. m. en el Palacio.
El equipo de De la Espriella planteó el empalme como una revisión de oportunidades y riesgos de la administración que recibirá. Restrepo cuestionó que continúen las contrataciones y los nombramientos cuando, según dijo, al mandato actual le queda solo un mes.
“Yo entiendo perfectamente que ustedes gobiernen hasta el último día. Lo que no entiendo es que ustedes comprometan al Estado de por vida. ¿Y eso qué significa? Significa que las decisiones de contratos billonarios, por ejemplo, en Mindefensa y otros, decisiones en materia de nómina, de última hora, de contrataciones masivas, lo que generan es una carga fiscal“, explicó Restrepo.
Y es que pese a las restricciones propias del periodo de ley de garantías, en 16 ministerios se han suscrito 145 contratos por un valor cercano a los $227 mil millones. Sin embargo, la principal preocupación se centra en decisiones que, según información divulgada por distintos medios de comunicación, comprometerían recursos públicos superiores a los $57 billones para proyectos cuya ejecución se extendería hasta 2035 y 2036.
Entre las entidades bajo observación figuran los ministerios de Defensa, Educación, Transporte, Salud y Relaciones Exteriores, así como la Superintendencia de Notariado y Registro, donde también se han registrado nombramientos que son analizados por el gobierno entrante.
El sector Defensa concentra algunos de los procesos de mayor cuantía. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan contrataciones por aproximadamente $13 billones, respaldadas por un documento CONPES aprobado el 27 de marzo de 2026. De acuerdo con los reportes conocidos, estos procesos podrían ser adjudicados antes del próximo 7 de agosto.
Es claro que los recursos estarían destinados a la adquisición de aeronaves, vehículos blindados, sistemas antidrones y equipos de inteligencia para el Ejército; embarcaciones fluviales, fragatas y sistemas de vigilancia costera para la Armada; equipos tácticos para la Policía Nacional; y tecnología de control aéreo, además del programa de aviones Gripen, para la Fuerza Aeroespacial.
La distribución sería la siguiente: Ejército, $5,8 billones para aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia; Armada, $3,4 billones para embarcaciones fluviales, fragatas y vigilancia costera; Policía Nacional, $2,3 billones para equipos tácticos. Fuerza Aeroespacial, $1,3 billones para tecnología de control aéreo y el programa de los aviones Gripen.
A estos procesos se suma el contrato del denominado Escudo Nacional Antidrones, estimado en $6,3 billones, que ha generado cuestionamientos por presuntos sobrecostos, posibles restricciones a la participación de oferentes y dudas sobre el desarrollo del proceso de contratación.
El Ministerio de Educación también concentra parte de las observaciones. Allí se identificaron proyectos de infraestructura educativa por cerca de $13 billones, enmarcados en el Plan Nacional de Espacios Educativos y con ejecución prevista hasta 2036. Los recursos financiarían la construcción, adecuación y mejoramiento de instituciones educativas, incluida una licitación por $6,2 billones y tres contratos de asistencia técnica que superarían los $6,8 billones.
En materia de infraestructura vial, el programa Vías para la Paz contempla inversiones por $15,05 billones mediante vigencias futuras hasta 2035 para obras en regiones como el Pacífico, Catatumbo, La Guajira, La Mojana, Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Huila y Putumayo.
Por su parte, el sector salud proyecta inversiones por $3,02 billones destinadas a la modernización de 102 sedes hospitalarias y la dotación de 13 hospitales públicos entre 2026 y 2031.
Las revisiones también alcanzan a la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se adelanta un proceso cercano a $19.400 millones para la modernización tecnológica de la entidad. Asimismo, varios nombramientos realizados en esa entidad y en la Cancillería se encuentran bajo análisis del equipo de transición.
Los contratos firmados por un gobierno saliente pueden ser anulados la ley permite su terminación cuando existen vicios de legalidad, irregularidades en el proceso de contratación, incumplimiento del contratista o indicios de corrupción, en garantía del principio de seguridad jurídica. No pueden ser modificados únicamente por razones políticas.
Por ello, los gobiernos entrantes suelen revisar, a través de los equipos de empalme, los contratos y nombramientos realizados en la recta final de la administración. Si se comprueba que fueron celebrados conforme a la ley, deberán respetarse en tal caso; de lo contrario, el Estado podría enfrentar demandas e indemnizaciones por su terminación injustificada.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, expresó su preocupación por el alcance de estas decisiones. “Las decisiones relacionadas con equipamiento militar no son millonarias, sino billonarias. Estamos hablando de entre 8 y 13 billones de pesos. Detrás de esas grandes compras existen inquietudes porque se están tomando en la recta final del gobierno y comprometen enormes recursos para la próxima administración, en medio de dudas sobre cómo se han adelantado los procesos de contratación”, afirmó.
El equipo entrante planteó que la transición no se limite a un trámite formal. La revisión busca establecer qué recibe la nueva administración y qué riesgos identifica antes de asumir el poder.
