Por Lola Portela
El Gobierno se la juega por completo con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), una de las apuestas clave de la Paz Total. El plan: que todas estén funcionando antes de fin de año, pese a los obstáculos como el desminado y la falta de reglamentación.
El Gobierno de Gustavo Petro se impuso una meta ambiciosa: poner en funcionamiento antes de diciembre todas las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) pactadas con distintos grupos armados ilegales. Estos espacios buscan facilitar el tránsito de combatientes hacia la vida civil y reducir la violencia en territorios con fuerte presencia de economías ilegales y múltiples actores armados.
Hasta ahora, se han acordado tres ZUT: una en Catatumbo con el Frente 33 de las disidencias de las FARC (EMBF) y dos más en Nariño y Putumayo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Además, avanza una zona adicional con el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, en Mallama (Nariño), dentro de un territorio indígena.
Según Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, las zonas deberán estar “desminadas y operando” antes de fin de año. Sin embargo, el proceso enfrenta múltiples retos, siendo el desminado uno de los principales. Inicialmente previsto como una tarea humanitaria bajo supervisión internacional, el Gobierno decidió que sean las Fuerzas Militares las encargadas de limpiar los territorios, con acompañamiento de las comunidades y, en algunos casos, de los propios grupos armados.
“La vida de quienes se ubican allí no puede estar en riesgo”, enfatizó Patiño en entrevista, reconociendo que sin desminado no hay avance posible.
ZUT: más que zonas de transición
Según el gobierno de Petro, las ZUT no son solo puntos de concentración armada. Funcionarán también como espacios de capacitación, sustitución de cultivos ilícitos, proyectos productivos y seguridad comunitaria. Es decir, son el corazón operativo del modelo de Paz Total, en territorios como Nariño, Putumayo y Catatumbo, donde convergen disidencias, ELN, narcoparamilitares y otras economías criminales.
No obstante, la falta de un decreto reglamentario —necesario para implementar formalmente las zonas según la Ley 2272 de Paz Total— mantiene en vilo la viabilidad jurídica del proyecto.
En zonas como Mallama, por ejemplo, el acuerdo con Comuneros del Sur prevé que el 30 % de sus integrantes inicien el tránsito hacia la legalidad, bajo supervisión de las autoridades indígenas. La duración de la ZUT será de un año.
Pese a las demoras y complejidades, el Gobierno insiste en que el calendario no se moverá. “Esa es la meta: todas deben estar operando antes de diciembre”, reiteró Patiño.
Es un hecho que varias fronteras del país, tanto marítimas como terrestres, están siendo objeto de una dura disputa entre diversos grupos armados al margen de la ley.
Es el caso de la extensa región del Catatumbo (4.826km²), ubicada en Norte de Santander y una pequeña porción en el departamento de César, entre la cordillera Oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, por lo cual muchos geógrafos la consideran como una “región transfronteriza”. La misma que, según el Gobierno, sería parte de una “Zona Binacional”, que Nicolás Maduro anunció hace unos días. Sin embargo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, anunció que interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de ese “memorando de entendimiento” con el que se pactó la creación de la llamada “zona binacional” entre Colombia y Venezuela. El argumento de la acción judicial se centra en que dicho acuerdo entre los dos países se firmó violando la Constitución.
Y, además la precandidata presidencial aseguró que el acuerdo se suscribió sin el sustento legal correspondiente. Adicionalmente, calificó la zona binacional como un intento entre el presidente Petro y líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de negociar la soberanía del país a espaldas de los colombianos. “Petro y el genocida Maduro no van a negociar a espaldas del país nuestra soberanía“, escribió la congresista en su mensaje.
Y es que, sin duda, se trata de una región de enorme interés geopolítico, ya que la zona del Catatumbo cuenta con una extensa frontera con el estado venezolano de Zulia, y mediante su control el Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca extender más allá de Arauca su carácter de guerrilla binacional en defensa de la “revolución bolivariana”. Para ello no ha dudado en adelantar una campaña militar devastadora que ha dejado ya más de 100 muertos, más de 60.000 personas desplazadas y 16.000 bajo confinamiento, y que tarde o temprano se extenderá hacia el Vichada.
Para se claros, más que el control de las rentas ilegales, que sin duda son muy cuantiosas por los extensos cultivos de hoja de coca que hay en esta región, lo que verdaderamente está en juego es el control de la frontera colombo-venezolana, en la cual el ELN tiene su “retaguardia estratégica”, y allí se localizan tanto los 5 miembros del Comando Central (COCE) como los 9 de la Dirección Nacional (Dinal).
La población no ha sido la única afectada por el intento del ELN de alcanzar un control hegemónico de esta región geoestratégica, sino que el Frente 33 de las antiguas FARC también se ha visto muy debilitado.
En el marco de la implosión total que están sufriendo los dos grupos provenientes de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia —ya las “disidencias de las disidencias” son incontables—, el Frente 33, proveniente del EMC y que hoy forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) dirigido por Alexander Díaz, alias “Calarcá”, todavía mantiene espacios de diálogo con la Oficina del Comisionado de Paz, Otty Patiño.
Por ello, frente a la brutal arremetida del ELN, el Gobierno nacional tomó la polémica decisión de conformar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), con el objeto de recoger allí los restos dispersos de este Frente y “protegerlos” del inminente riesgo de exterminio al que están expuestos. Aunque su justificación es la necesidad de conservar unas mínimas condiciones para los diálogos de paz en curso con este grupo, esta genera muchas dudas, pues su función no es clara: mientras los miembros del Frente 33 dicen una cosa, el Gobierno afirma otra.
Por otro lado, si bien el “desminado” que le preocupa a Patiño ahora es importante, la inquietud entre la población es ¿qué seguridad tendrán quienes residen allí, a partir de la implementación de esas ZUT?, teniendo en cuenta los diferentes conflictos y disputas entre esos grupos armados.
Con certeza queda mucho por resolver antes de diciembre, fecha que ahora impone el gobierno Petro.
