*Por Juan Carlos Niño Niño
El proyecto de acto legislativo acumulado que modifica el Sistema General de Regalías (SGR), que fue aprobado en la Plenaria de la Cámara y solo le restan dos debates en el Senado, se basa en el proyecto que radicó el Gobierno Nacional con el Centro Democrático, Cambio Radical, la U y el Partido Conservador, convirtiéndose en uno de los acuerdos de bancadas más importante del Congreso en los últimos años, en donde se incrementa porcentualmente la participación de las entidades productoras en la bolsa total de regalías.
Al parecer, esta afirmación no le ha parecido justa al Representante César Ortiz Zorro y a su equipo de trabajo, quienes en privado y con altura me han expresado su inconformidad, porque en mis columnas estaría desconociendo el trabajo del legislador casanareño, cuando lo único que me he limitado a señalar es que el porcentaje de participación de los municipios y departamentos productores, es una fórmula tomada del proyecto del Gobierno (no del proyecto de Zorro), que inició entre un 30 y 50 por ciento, y que ahora está en el 20 por ciento para departamentos productores, y un 5 por ciento adicional para municipios productores, que responde a un acuerdo de bancadas”, más no a “un acto eminentemente personalista”.
El aporte de Ortiz Zorro
Con esto no quiero decir que el Representante César Ortiz no ha sido importante en el trámite de la iniciativa. Ni más faltaba. Ha sido constante en defender la aprobación de la iniciativa. Sus intervenciones en comisiones y plenarias de Cámara y Senado han sido estructuradas, documentadas, sin temblarle la voz para denunciar que la reducción de regalías ha causado una tragedia social en Casanare, teniendo además la valentía de advertirle a su bancada verde que no iba a permitir que le dieran la espalda con este proyecto, porque al parecer estaban dispuestos a oponerse de manera rotunda, y como si fuera poco ha contribuido en salvar el proyecto cuando ha estado en cuidados intensivos, como cuando en la Comisión Primera del Senado, el Senador Luis Fernando Velazco no dudó en ponerle peros al proyecto.
La ponencia multipartidista
Aun así, es necesario reconocer el juicioso trabajo de los ponentes en la Cámara Buenaventura León (Conservador – Cundinamarca), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático – Huila), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal – Córdoba), Alfredo de Luque (La U – Guajira), Carlos Germán Navas Talero (Polo – Bogotá), y principalmente el coordinador Ponente Jaime Rodríguez (Cambio Radical – Meta), quien ha liderado la discusión con mucha técnica y practicidad, encontrando siempre alternativas a los diferentes escollos y dificultades, lo que sin duda lo convierte en uno de los principales protagonistas del trámite legislativo.
Mea culpa, Cristancho
Y lamento mucho que no se le ha dado en Casanare el suficiente reconocimiento al Representante del Centro Democrático Jairo Cristancho, quien ha trabajado de manera silenciosa pero estratégica, sin caer en la excesiva difusión y grandilocuencia de las redes sociales, participando en la estructuración del proyecto gubernamental, terminando de persuadir a los congresistas del Centro Democrático que aún no estaban tan convencidos de la reforma, siendo franco con la ministra de Minas María Fernanda Suárez, en el sentido que era necesaria la intervención del Gobierno, como efectivamente sucedió, para que se aprobara en primera vuelta antes del pasado 20 de junio, cuando se vencía el plazo legal para aprobarlo en el pasado período legislativo.
El ABC del texto en Plenaria
El texto aprobado en la Plenaria de la Cámara incluye un 20 por ciento para los departamentos productores, más un 5 por ciento adicional para municipios productores; 15 por ciento para los municipios y distritos priorizados; 34 por ciento para los proyectos de inversión regional de los Departamentos, Municipios y Distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo; 1 por ciento para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación; y 10 por ciento para la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
Un 2 por ciento para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, incentivo a la exploración y a la producción; 1 por ciento para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno; y la mitad de éste para la Contraloría General de la República; y el remanente para ahorro, pasivo pensional y estabilización de la inversión.
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