Por Lola Portela
El anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda de promover una “desobediencia civil pacífica” frente al gobierno de Abelardo De La Espriella reavive el debate sobre el verdadero alcance de esta figura y los límites de la protesta en una democracia
La desobediencia civil se puso al centro de la discusión política en Colombia tras el anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda, quien aseguró que impulsará una estrategia de “desobediencia civil pacífica” si el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella no le cumple una serie de condiciones relacionadas con investigaciones judiciales, soberanía y extradición, según Cepeda.
Más allá de la controversia política, el episodio plantea una pregunta de fondo: ¿cuándo la desobediencia civil constituye un mecanismo legítimo de resistencia democrática y cuándo deja de serlo para convertirse en una herramienta de confrontación política?
Históricamente, el concepto tiene un significado muy distinto al que suele atribuírsele en el debate público. Desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., la desobediencia civil ha consistido en incumplir de manera consciente una norma considerada profundamente injusta, hacerlo de forma estrictamente pacífica y asumir voluntariamente las consecuencias legales de esa decisión como una forma de evidenciar la injusticia de la ley.
En ese sentido, la desobediencia civil no implica desconocer el orden constitucional ni negar la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente. Su propósito ha sido cuestionar normas específicas dentro del marco institucional, no deslegitimar el sistema democrático.
Esa diferencia cobra relevancia durante el análisis del anuncio difundido por Cepeda, en el que condiciona el reconocimiento de la autoridad del nuevo gobierno al cumplimiento de una serie de exigencias, entre ellas aspectos relacionados con la extradición de Gustavo Petro, o con respecto a las investigaciones que eventualmente podrían adelantarse contra integrantes del gobierno saliente.
La discusión también aborda el papel de la extradición en Colombia, un tema que ha generado preocupación en algunos sectores políticos ante la posibilidad de procesos judiciales internacionales derivados de decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro.
Más allá de las posiciones partidistas, el análisis nos debe llevar a recordar que la extradición no constituye una sanción política. Se trata de un mecanismo de cooperación judicial internacional con una larga tradición jurídica, cuya aplicación depende de procedimientos legales y acuerdos entre Estados, no de decisiones ideológicas.
Al revisar algunos episodios de la historia reciente colombiana se encuentran episodios que sí se acercan al concepto clásico de desobediencia civil o de movilización ciudadana pacífica. Entre ellos se destacaron la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las FARC. Y, si vamos más atrá, la Marcha del Silencio realizada tras el asesinato de Luis Carlos Galán, manifestaciones masivas orientadas a rechazar la violencia sin poner en cuestión el orden democrático.
Las democracias no solo requieren elecciones libres, sino también ciudadanos y dirigentes capaces de diferenciar entre la protesta legítima y la deslegitimación de las instituciones. Cuando los conceptos jurídicos se confunden con las disputas políticas, la polarización puede terminar debilitando los mismos principios democráticos que se pretende defender.
En escenarios de alta tensión política, comprender el verdadero significado de figuras como la desobediencia civil resulta tan importante como preservar la fortaleza de las instituciones. Al fin y al cabo, una democracia no se mide únicamente por quién gana una elección, sino también por la manera en que actúan quienes no obtienen la victoria.
