Por Lola Portela
Las denuncias sobre presuntos acercamientos entre altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y cabecillas del Clan del Golfo comienzan a tener alcance internacional. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que ordenó remitir la información relacionada con estos hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras avanza el proceso de empalme con la nueva administración.
De La Espriella informó que impartió instrucciones al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien dirige el Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las actuaciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a las denuncias conocidas por el país.
“He instruido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su calidad de director del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a los graves hechos conocidos por el país. En Colombia nadie estará por encima de la ley y toda actuación será investigada con rigor, dentro del Estado de Derecho”, afirmó el presidente electo.
El mandatario electo sostuvo que las revelaciones conocidas representan un asunto de máxima gravedad para las instituciones del Estado y requieren una respuesta inmediata.
“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata y rigurosa“, señaló.
Como parte de las instrucciones impartidas, Restrepo deberá realizar una evaluación integral de toda la información disponible y determinar la viabilidad de presentar denuncias penales, disciplinarias y cualquier otra acción que resulte procedente ante las autoridades competentes.
Dentro de ese análisis también deberá incluirse la actuación del exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, uno de los funcionarios mencionados en las denuncias, con el propósito de establecer si existen fundamentos jurídicos para promover las acciones legales correspondientes.
Además, De La Espriella ordenó que la información sea remitida, a través de los canales institucionales y diplomáticos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que las autoridades de ese país la conozcan y evalúen en los aspectos que puedan estar dentro de su ámbito de competencia.
La directriz también contempla analizar la procedencia de poner estos hechos en conocimiento de organismos internacionales, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Al explicar el alcance de estas decisiones, el presidente electo reiteró que uno de los compromisos de su gobierno será garantizar el respeto por la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones.
“El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”, precisó De La Espriella.
