Por Lola Portela
Santa Marta y la Sierra Nevada atraviesan uno de los momentos más críticos en décadas. La violencia ligada al narcotráfico y el control territorial por parte de grupos armados ilegales ha dejado 634 homicidios en solo seis meses en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Así lo revela el más reciente informe de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales (PDHAL).
Detrás de estas cifras hay una guerra abierta entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo Los Primos y estructuras locales como Los Carperos. A esto se suma una institucionalidad fragmentada, la escasa presencia del Estado y la falta de coordinación entre las autoridades regionales.
Y es que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, opera principalmente en regiones como Urabá, la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), por su parte, tienen presencia en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Magdalena es el departamento más golpeado. Solo entre enero y junio de este año, se registraron 340 homicidios, la cifra más alta desde 2010. Santa Marta y Ciénaga se han convertido en epicentros de esta disputa armada. En la capital magdalenense, la Policía ha decomisado más de 12 toneladas de cocaína en operativos recientes, lo que confirma el papel estratégico en las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Europa.
La Guajira también enfrenta una situación crítica. En este departamento se reportaron 131 asesinatos, concentrados especialmente en Riohacha y Maicao. Las rutas que cruzan la Alta Guajira hacia Venezuela están bajo permanente disputa entre el EGC con todos los demás. En medio del fuego cruzado, las comunidades indígenas Wiwa y Kogui se encuentran confinadas, sin acceso pleno a salud, alimentación ni educación.
En el sur del Cesar, municipios como La Jagua de Ibirico, Manaure y González sufren una escalada de violencia tras la ocupación de la Serranía del Perijá por parte de las ACSN, lo que ha provocado desplazamientos forzados y enfrentamientos con otras estructuras armadas.
El informe de la PDHAL también advierte sobre un incremento preocupante de delitos asociados al conflicto: extorsión, desapariciones forzadas, confinamientos colectivos y reclutamiento de menores, todo en un contexto de impunidad persistente. Los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno han sido criticados por su falta de transparencia y por excluir regiones clave como La Guajira y el sur del Cesar.
Cabe anotar que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) es considerado la organización armada ilegal más poderosa de Colombia en la actualidad. Y tiene una fuerte presencia en regiones estratégicas como Urabá, la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo.
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) Se autodenominan un “grupo político-militar”. Afirman proteger la Sierra Nevada de otros grupos armados. Son herederos de estructuras que han controlado la zona durante décadas a través de la violencia. Han estado involucrados en disputas territoriales con el Clan del Golfo. Y han solicitado delimitación territorial para los diálogos con el gobierno.
Viernes Negro en Colombia
Hoy 4 de julio, la guerrilla de ELN, despertó a Colombia destacando su presencia en varios lugares, según dicen este grupo armado “festeja el aniversario 61”.
Y, precisamente, en medio de ese amanecer violento en Colombia, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal se refirió a otros hechos violentos ocurridos en el país: “Son las 9 de la mañana y se ha reportado en Buenaventura quema de vehículos, bloqueo en las vías, motobomba y ataque con explosivos al Ejército en Calamar – Guaviare, retén del ELN en la Panamericana cerca a Popayán, banderas de terroristas en las carreteras de Santander”.
Además, en sus redes, Cabal hizo un barrido de los sucesos ocurridos a nivel nacional:
“Aquí los hechos violentos que llevamos este 4 de julio en medio de la paz cocal de Petro.” Y los enumera:
1. Ataque con motobomba en Calamar (Guaviare) Hora aprox.: 8:50 a.m. Detalles: Explosión de una motocicleta cargada con explosivos frente al parque principal y establecimiento comercial. Heridos: 5–6 soldados de la Brigada 22 y 2–3 civiles. En total al menos 9 personas lesionadas, incluyendo personal militar. Autoría: Atribuido al frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC, bajo Iván Mordisco. Contexto: Segundo ataque con explosivos en las últimas 24 horas en la región, tras el incidente con dron granadero. Se dirige a patrulla militar en casco urbano.
2. Ataque al oleoducto Bicentenario – Tame (Arauca) Tipo: Explosivo daña tubería, suspendiendo bombeo. Víctimas: Ninguna. Autoría: Atribuido al ELN. Retenes y quema de vehículos – Cauca / Valle del Cauca Acción: Instalación de retenes, quema de cabezotes (camiones), aparición de cilindros sospechosos y panfletos alusivos al aniversario del ELN. Víctimas: Ninguna. Autoría: ELN
3. Catatumbo (Norte de Santander) En Saravena, un francotirador hirió a un patrullero de Policía. En Tibú, un dron lanzó una granada artesanal contra tropas. No hubo víctimas fatales.
4. Puerto Rondón (Arauca) Instalación de valla propagandística con simbología del ELN. Acción simbólica, sin heridos
5. Chocó, Sur de Bolívar Planes identificados, no se han confirmado eventos concretos hoy
6. Cauca y Valle del Cauca Retenes ilegales, panfletos y banderas. Incendio de tractomulas y hallazgo de cilindros. En Caldono (Cauca), detonaciones y combates, sin víctimas
7. Nororiente de Boyacá Amenazas según inteligencia, sin registro confirmado de actos violentos
8. Nariño y Antioquia Áreas en alerta; no se reportan incidentes aún.
En medio de este panorama de guerra interna en varios territorios, la precandidata presidencial Cabal hizo referencia a lo que había pronosticado: “Hace más de un año presenté al país mi ensayo #LaDemocraciaEnPeligro, donde advertí que la estrategia de Petro era milicianizar cada rincón, fortalecer con la omisión a estructuras criminales que hoy están desatadas sembrando el terrorismo”, señaló. Y finalizó con una promesa: “No perdamos la fe. En 2026 vamos a llegar a imponer la paz con la fuerza del Estado”.
Al cierre de este artículo, ni el Gobierno nacional ni las autoridades departamentales han respondido oficialmente al informe de la PDHAL, como tampoco a los hechos violentos vividos hoy en el país.
