La senadora María Fernanda Cabal prendió las alarmas sobre el preocupante deterioro de la seguridad en Colombia. Con cifras en mano, denunció lo que califica como un “abandono deliberado” de las Fuerzas Militares por parte del gobierno nacional.
“Estamos presenciando el desmantelamiento progresivo del Ejército. Desde 2022 se han perdido más de 70.000 hombres en el pie de fuerza. Hoy tenemos solo 167.992 uniformados, el número más bajo en años”, afirmó Cabal.
La disminución del personal militar coincide con un aumento dramático de los ataques contra la Fuerza Pública. Solo entre enero y mayo de 2025, los asesinatos de policías y militares crecieron un 135%. “Pasamos de 34 homicidios en ese periodo de 2024, a 80 en lo corrido de este año. Y mientras eso ocurre, el Gobierno recorta $152.000 millones al presupuesto del Ejército”, advirtió la senadora.
Para Cabal, estos recortes no son una casualidad, sino una decisión política con consecuencias devastadoras. “Este es el resultado de un gobierno que prefiere a los bandidos antes que a nuestros soldados. Han optado por negociar con criminales mientras desfinancian a quienes se juegan la vida por defendernos”, sentenció.
Y es que la falta de recursos limita la capacidad de las fuerzas militares para adquirir equipos, armamento y otros elementos esenciales para su funcionamiento, incluyendo vehículos, uniformes y tecnologías. En algunos casos, la limitación de recursos ha llevado a que otras entidades, como gobernaciones, asuman la compra de implementos de dotación para la fuerza pública, cuando es responsabilidad del Estado.
Las FF. MM. han perdido más de 23.000 efectivos desde la llegada de la Administración Petro. FAC y otras entidades tuvieron recursos para funcionar hasta junio de 2025. Y según los documentos recibidos por la Corte Constitucional en los que el Gobierno nacional, en su momento, pretendió justificar su llamado de conmoción interior en el Catatumbo, dejaron ver una grave crisis de recursos en las Fuerzas Armadas. La reducción financiera quedó reflejada con el cese de operaciones de por lo menos 18 helicópteros de tipo Black Hawk.
Para 2025, en el Ministerio de Defensa se vio un recorte presupuestal de 700.000 millones de pesos, que a su vez realizó una reducción para otras entidades como la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional o la Policía. En este sentido, para este nuevo año, y a pesar de las crisis en diferentes regiones del país, la FAC tendrían apenas 554.627 millones, recursos con los que apenas funcionaría hasta junio de 2025.
De parte, el Ejército pasaría de 735.311 millones en 2024 a tan solo 385.000; La Armada de 662.313 a 490.777 millones; mientras que la Policía tendría a su disposición tan solo 195.520 millones, perdiendo algo más de 105,000 millones respecto al año pasado.
Ese grave panorama se da medio del avance del narcotráfico y la consolidación territorial de grupos armados ilegales. Y en ese contexto es que la precandidata presidencial María Fernanda Cabal hizo un llamado urgente a replantear la estrategia de seguridad nacional:
“Es hora de inyectar un presupuesto fuerte y serio a nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado y, sobre todo, proteger a quienes nos protegen”, precisó Cabal.
Finalmente, lanzó una advertencia contundente: “Si seguimos por este camino, el país quedará en manos de estructuras criminales que no tienen ni la menor intención de dejar las armas. La seguridad no se negocia, se garantiza”.
El pronunciamiento de Cabal refuerza el creciente clamor de distintos sectores que cuestionan la política de seguridad del actual gobierno. Mientras tanto, las cifras siguen marcando un retroceso en la capacidad del Estado para garantizar orden, protección y soberanía.
