Por Lola Portela
Son cientos de historias de niños, adolescentes y adultos tanto civiles, como militares que han sobrevivido a un accidente por minas, en Colombia. Y hoy 4 de abril, Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, Prensa Llanera refleja la grave situación en el país.
Muchas de las víctimas son ejemplo de coraje y resiliencia, pero también cada uno de ellos es una muestra de todo lo que nos falta por trabajar aún, para garantizar que estos artefactos no sigan generando nuevas víctimas en Colombia: sin acción contra las minas es imposible consolidar la paz. Más que una mera frase, debería ser una acción real, en los procesos o diálogos de paz.
Colombia es uno de los países más afectados del mundo por las minas antipersonal, con más de 100 víctimas al año, un 60% de estas civiles. Muchas minas se han acumulado en los años del conflicto armado, otras surgen cada día, con el aumento de las confrontaciones y en el desarrollo de nuevas hostilidades entre diversos actores armados.
Ninguna persona, y mucho menos un niño, niña o adolescente, debería tener que enfrentarse a ese dolor, a esa conmoción: la de sufrir heridas o perder una parte de su cuerpo por una explosión causada por una mina antipersonal. Ningún padre o madre debería tampoco ver a sus hijos pasar por eso.
Al hecho, traumático y violento en sí mismo, se le suman siempre otras afectaciones: desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad, impedimento de acceso de la acción humanitaria, deserción escolar, pérdida de los medios de subsistencia.
Y sumando a ello están las secuelas y las consecuencias de los artefactos explosivos que duran para toda la vida, pues marcan el alma y el cuerpo. La mayoría de las minas generan amputaciones y las víctimas tienen que aprender a vivir con esa realidad: la de defenderse y reconocerse, como otra persona, sin una parte de su cuerpo.
En el caso de la niñez, los impactos se amplifican: están en crecimiento, consolidando procesos motores, de desarrollo de su identidad y de su corporalidad. “Si sufren una amputación y tienen prótesis, hay que cambiarla cada seis meses, necesitan más revisiones, más apoyo psicosocial y acompañamiento de la familia. Esta dificultad aumenta cuando hablamos de niños y niñas en zonas rurales, donde ocurren todos los accidentes y donde el acceso a salud es más limitado”, afirma Sandra Salazar, oficial experta en minas de UNICEF.
En 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó 719 personas víctimas por artefactos explosivos, la cifra más alta en los últimos ocho años, lo que representa un aumento del 89% en comparación con las 380 víctimas de 2023.
Y hasta el 28 de febrero de 2025, Colombia ha registrado un total de 12.540 víctimas de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). De estas, 28 ocurrieron en lo que va de este año.
El aumento de las víctimas coincide con el uso de drones por parte de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, para lanzar explosivos y atacar a las Fuerzas Armadas en zonas como el departamento del Cauca, en el suroeste del país, una región clave para la producción y el tráfico de cocaína, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Ese aumento en el número de víctimas “muestra la falta de respeto al derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados ilegales que en todo caso deben tener en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”, dijo el jefe de la misión del CICR en Colombia, Patrick Hamilton.
La situación por siembra de minas en Colombia se asemeja a la de países como: Siria, Somalia y Afganistán, Myanmar, Camboya, y no es motivo de orgullo precisamente.
En Ucrania, las consecuencias de la guerra deja municiones sin detonar, minas terrestres y bombas en racimo que al igual que en Colombia se prolongarán durante décadas y supondrán una amenaza para las personas mucho después de que se silencien las armas. Los campos de Colombia ya no son lugares seguros, en muchas regiones.
Estos datos reflejan la persistencia del problema de las minas en Colombia y destacan la necesidad de continuar con los esfuerzos para identificar zonas minadas, para poder desminarlos, a pesar del riesgo que conlleva ese procedimiento, sin dejar de lado la urgencia de mantener la asistencia a las víctimas.
