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Desalojo indígenas de Liwinaka, en Puerto Gaitán

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En una declaración urgente dirigida a las autoridades gubernamentales y entidades pertinentes, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Liwinaka expresaron su preocupación ante el inminente desalojo programado para los días 9, 10 y 11 de abril,  por parte del ESMAD.

Esta acción amenaza con desplazar a comunidades indígenas arraigadas en la Reserva Indígena 205, desde su otorgamiento en 1968 por el INCORA, contraviniendo los derechos humanos fundamentales, tal como se reconocen en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Recordando los horrores del pasado, las comunidades indígenas de Liwinaka aún sufren el peso de las masacres perpetradas en 1970 por el Ejército Nacional y el DAS rural en la región de Planas, donde ancianos, mujeres, hombres y niños perdieron sus vidas. A pesar de estos actos de violencia, las comunidades nunca abandonaron su territorio ancestral, luchando por su preservación y reconocimiento legal desde la promulgación de la Constitución de 1991 pasando de ser reserva a ser resguardo.

Ahora el Alcalde de Puerto Gaitán, César Pérez y su Secretario de Gobierno, Jhorman Rebellón, realizaron una rueda de prensa para abordar el desalojo de la comunidad indígena Liwinaka.

Y recordaron que el proceso de desalojo lleva 2 años en curso y está a cargo del inspector de policía rural, Jhon Jairo Contreras Morales, quien tiene la autonomía legal para actuar, y de la que el alcalde afirma ser respetuoso y no querer interferir.

El alcalde se mostró radicalmente en desacuerdo con el desalojo y afirmó que “le solicitó que considerara alternativas no forzadas contra la comunidad para garantizar el orden público”.

A pesar de las solicitudes de alternativas al desalojo, el inspector no las consideró, ignorando incluso la petición de suspensión de la Agencia Nacional de Tierras.

Además, se mencionó que la alcaldía no financió el traslado del ESMAD. Ya que dichos gastos los asume el “Querellante”.

Por ahora, el desalojo está suspendido, pero hay tensión en la región.