Por Lola Portela
Un terremoto, una emergencia económica, dos ministros relevados y un presupuesto expedido por decreto marcaron el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Una sucesión de acontecimientos que puso a prueba la capacidad de respuesta de la nueva administración y permitió identificar sus prioridades, su estilo de dirección y la manera en que el Presidente ha asumido el control de las principales decisiones del Ejecutivo.
Más que un periodo de instalación, estos primeros meses estuvieron atravesados por situaciones que obligaron al Gobierno a actuar desde el comienzo. La atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, ocurrido en el primer día hábil de la administración, fue el primer desafío. Después llegaron las dificultades fiscales, las decisiones presupuestales, los ajustes en el gabinete y la puesta en marcha de una agenda centrada en la seguridad y la reactivación económica.
El balance de estos primeros 100 días permite distinguir dos dimensiones: de un lado, las decisiones que ya tomó el Ejecutivo y los resultados de gestión que puede mostrar; del otro, los compromisos que siguen en desarrollo, las reformas que necesitan aprobación y los problemas estructurales que todavía no tienen una respuesta definitiva.
Lo que ha hecho el Gobierno: decisiones y resultados de los primeros 100 días
Uno de los rasgos más visibles de esta administración ha sido la centralización de las decisiones en la figura presidencial: el mandatario concentra los mensajes, las decisiones de política pública y los nombramientos.
Esta característica se ha reflejado en una comunicación directa con los ciudadanos, una presencia frecuente del presidente en los asuntos de seguridad y una estrategia que busca diferenciarlo de la clase política tradicional. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para presentar las actuaciones del Ejecutivo, explicar decisiones y proyectar una imagen de autoridad.
En seguridad, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia de mano firme, con operaciones militares y policiales, capturas, incautaciones y mayor visibilidad de la Fuerza Pública. El presidente ha acompañado algunos procedimientos y ha convertido estas actuaciones en parte central de su comunicación.
La revista británica The Economist destacó este enfoque en su análisis de los primeros 100 días. Describió al mandatario como un populista de derecha que ha construido una imagen de autoridad y utiliza sus redes sociales para mostrar las acciones de su Gobierno. Sin embargo, también advirtió que “se necesitará mucho más que videos de TikTok para quebrar la influencia que ejercen los grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal en amplias zonas del país”.
En materia de salud, el Gobierno implementó un plan de choque para solucionar la crisis que se vive en el sistema, mientras se encuentran soluciones de fondo durante los próximos meses. Aunque por ahora no se habla de una reforma a la salud, es consciente de que deben dar un viraje al sistema.
Para eso, De La Espriella anunció que inyectarán recursos por 10 billones de pesos, con el objetivo de pagar las deudas pendientes, resolver la falta de entrega de medicamentos y estabilizar el sistema en los 100 primeros días y el tema avanza poco a poco.
En el frente económico, la administración ha tenido que responder a las restricciones fiscales con decisiones de carácter presupuestal. La expedición del presupuesto por decreto y la declaratoria de emergencia económica se encuentran entre las actuaciones más relevantes de este periodo. Estas medidas muestran que el Gobierno ha buscado asegurar instrumentos para atender sus necesidades financieras y avanzar en su agenda económica.
También presentó la Ley de Rescate Económico” (o ley de ajuste fiscal) que contempla reducir algunos beneficios tributarios, ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta, disminuir en un 20 % la nómina estatal y modificar las tarifas de renta corporativa. Aunque su aprobación y ejecución están pendientes, la presentación de esta iniciativa permite identificar la orientación económica que el Ejecutivo quiere imprimir a su administración.
En el gabinete, los relevos de dos ministros constituyen otro de los hechos que marcaron el periodo. Los cambios reflejan ajustes en el equipo presidencial y hacen parte de la reorganización de una administración que todavía busca consolidar su estructura de trabajo.
En política exterior, el Gobierno también ha tomado decisiones que definen su orientación internacional, entre ellas la adhesión de Colombia a Escudo de las Américas, el acercamiento a la agenda del presidente estadounidense Donald Trump, el envío de drones Reaper y el retiro de la candidatura colombiana a la Corte Penal Internacional.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha introducido cambios de fondo en la orientación diplomática de Colombia. Se restablecieron las relaciones diplomáticas con Israel, se reanudaron las exportaciones de carbón y se anunció el traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén.
La decisión de romper oficialmente relaciones con Cuba y Nicaragua constituye uno de los movimientos de mayor impacto, pues redefine los vínculos del país con dos gobiernos de América Latina y marca un distanciamiento político e ideológico frente a esas administraciones. A esto se suma la suspensión de la apertura de la misión diplomática colombiana en Palestina, una decisión que modifica la agenda de relacionamiento internacional que se venía proyectando en Oriente Medio.
Otro de los cambios relevantes ha sido la reorganización de la presencia diplomática colombiana en el exterior. Mediante decreto, el Ejecutivo oficializó el cierre y la reestructuración de 14 embajadas y varios consulados en distintas regiones del mundo, entre ellos los de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumania, Senegal y Trinidad y Tobago. El Gobierno justificó estas medidas en la necesidad de reducir el gasto público y optimizar los recursos destinados al servicio exterior.
Bajo la dirección del canciller Omar Bula también se han impulsado ajustes en la estructura diplomática, con la designación de algunos funcionarios de carrera bajo criterios de evaluación y mérito, así como la unificación de representaciones, entre ellas las de Francia ante la Unesco y de Italia ante la FAO.
En conjunto, estas decisiones reflejan una redefinición de las prioridades internacionales del Gobierno, que combina un distanciamiento de determinados gobiernos, cambios en sus relaciones diplomáticas y una política de racionalización del gasto. El balance de esta reorientación deberá medirse tanto por los ahorros que produzca como por sus consecuencias en la capacidad de Colombia para mantener presencia internacional, defender sus intereses estratégicos, fortalecer la cooperación y prestar servicios a sus ciudadanos en el exterior.
En conjunto, estas actuaciones permiten afirmar que De La Espriella ha conseguido establecer una agenda de gobierno reconocible y tomar decisiones en los principales frentes de su administración. Sin embargo, no todas esas actuaciones pueden considerarse resultados finales: algunas son medidas adoptadas, otras son iniciativas en trámite y varias necesitan evaluarse por sus efectos.
Lo que está pendiente: resultados que deberá demostrar
La seguridad es uno de los principales desafíos. Aunque el Gobierno ha incrementado la visibilidad de sus operaciones, todavía debe demostrar que estas acciones producen cambios sostenibles en los territorios. Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, calificó como “modesto” el aumento de las operaciones militares y sostuvo que la estrategia conserva mecanismos tradicionales de intervención: capturas, muertes e incautaciones.
El episodio de Santa Marta, donde una estructura criminal impuso restricciones a la movilidad de la población en septiembre pese a los sobrevuelos de aviones de combate ordenados por el presidente, evidencia la distancia entre la capacidad operativa de la Fuerza Pública y la recuperación efectiva del control territorial.
El resultado de la política de seguridad tendrá que medirse por la reducción de la extorsión, el debilitamiento de las estructuras criminales, la recuperación de territorios y las garantías para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades sin amenazas. Y en 100 días es más de lo esperado por muchos.
También está pendiente la implementación de los mecanismos que combinan beneficios judiciales para integrantes de grupos armados con medidas de mayor presión contra las organizaciones criminales. Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, describió esta fórmula como una combinación de “zanahoria y garrote”. Su aplicación deberá demostrar eficacia sin desconocer las garantías jurídicas ni los controles institucionales.
En economía, el principal reto es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Colombia enfrenta una deuda cercana al 60 % del producto interno bruto y un déficit fiscal que podría alcanzar el 9,4 % en 2027. El pago de la deuda compromete casi una cuarta parte del presupuesto nacional, una situación que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.
En ese contexto, la negociación con el Fondo Monetario Internacional para explorar un crédito de hasta 20.000 millones de dólares y la reforma económica presentada por el Gobierno serán pruebas determinantes. La propuesta busca combinar reducción del gasto, ampliación de la base tributaria e incentivos a la inversión, pero todavía debe superar las discusiones políticas y demostrar que puede traducirse en crecimiento, empleo y estabilidad fiscal.
Para Mauricio Cárdenas, las medidas económicas contrastan con la imagen política del mandatario. “No es lo que uno espera de un populista”, señaló. Sin embargo, más allá de la orientación de las propuestas, el balance dependerá de su impacto real sobre las finanzas públicas y la actividad productiva.
La gobernabilidad es otro asunto por resolver. El Gobierno tiene una representación reducida en el Congreso y necesita construir acuerdos para aprobar sus principales iniciativas. Rafael Nieto, senador del Centro Democrático, ha cuestionado la disposición del Ejecutivo a discutir sus proyectos con otros sectores, mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo ha advertido sobre los riesgos financieros de que la reforma económica no consiga aprobación.
La capacidad de negociación será, por tanto, uno de los indicadores para medir la fortaleza política del presidente. Como señaló Cárdenas: “Ahora sí veremos la capacidad del presidente, más allá del espectáculo”.
A esto se suman los interrogantes sobre la estabilidad del equipo de Gobierno, luego de los dos relevos ministeriales, y sobre la coordinación entre las distintas carteras. La concentración de las decisiones en el jefe de Estado puede facilitar la definición de prioridades, pero también exige equipos técnicos sólidos, continuidad administrativa y capacidad de ejecución. Sin dejar de lado, el buen relacionamiento con los gremios económicos. De La Espriella tiene credibilidad en los sectores de producción del campo: les sembró esperanzas. Sin embargo, en los últimos días, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquerola, ha debilitado el terreno que ganó Abelardo De La Espriella con los sectores productores, durante las elecciones.
Abelardo De La Espriella fue elegido también por un amplio voto del sector agropecuario porque definió una apuesta central para su gobierno llamada la “Revolución de la Abundancia” o “Revolución Agrícola de la Patria”. Y en ese contexto el gremio ganadero aseguró que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de superar el abandono histórico del campo mediante medidas enfocadas en seguridad, infraestructura, productividad, crédito e innovación, al tiempo que expresó su disposición para trabajar conjuntamente por la competitividad rural. Fedegán, ya tuvo el primer traspié con Dangond, pero el tema parece ser personal. El sector ganadero se comprometió con el Presidente en campaña, un tema que lideró José Félix Lafaurie, y es que una de sus luchas es una política de cero tolerancia frente a las invasiones de fincas y el sector reclamó garantías para la propiedad privada, al considerar que estos factores son determinantes para incentivar la inversión y recuperar la confianza de los productores.
Por otro lado, Fedearroz tampoco la ha tenido fácil con el ministro Dangond. La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) le ha pedido al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y a su ministro de Agricultura Indalecio Dangón tomar medidas urgentes ante la crisis del sector arrocero. Y allí aún no pasa nada. Entre las preocupaciones
Control de importaciones y frontera en este sentido piden frenar el contrabando desde Ecuador, y permitir el ingreso de producto únicamente por vía marítima. Y lo más delicado que el gremio calificó de “disparate” y rechaza tajantemente es la propuesta del ministro de Agricultura de pedirle a los productores que no siembren arroz.
Los arroceros solicitan reactivar el recurso económico otorgado a la industria para almacenar excedentes de arroz y evitar caídas drásticas de precios por sobreoferta. Un tema que no les resolvieron en l Gobierno de Petro, y que ahora Dangond tampoco atiende. Los arroceros han propuesto retirar cerca de 250.000 toneladas de arroz del mercado para salvar la cosecha nacional de 2026, hasta ahora no hay respuesta.
Un punto clave será lo que pase con el sistema energético del país, que para muchos analistas fue afectado en el Gobierno de Gustavo Petro.
De La Espriella ha dicho que una de las primeras movidas que hará será sacar a las principales cabezas de Ecopetrol y a sus directivas para “erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia” y defender a la empresa del Estado a capa y espada para recuperarla.
Desde el equipo de empalme denunciaron que en medio de ese proceso encontraron que en Cenit, una filial de Ecopetrol, se encontró un contrato jurídico cercano a los 23.000 millones de pesos que podrían estar relacionados con presuntas presiones políticas, así como sugerencias de perfiles profesionales para contratistas.
A De La Espriella le tocará capotear el fantasma de un posible apagón en el segundo semestre del año por el fenómeno de El Niño, cuyos meses más fuertes serían noviembre y diciembre que, sumado al retraso de la entrada de nuevos proyectos durante los últimos cuatro años, ha generado esa alerta entre expertos del sector.
La independencia institucional y la relación con los sectores críticos constituyen otro frente de atención. La salida del director de la entidad estadística y la renuncia del presidente de la Andi, en medio de versiones sobre presiones y restricciones a sus encuentros con ministros, han generado cuestionamientos sobre la relación del Ejecutivo con las instituciones y los gremios.
Y es un tema para trabajar con filigrana, sin egos, sin maltratos, porque desde la pasada campaña presidencial, 52 agremiaciones anunciaron que respaldan las tesis del hoy Presidente y que estaban dispuestas a trabajar de la mano para sacar al país, a los empleados y a los empresarios adelante.
Sectores como el petrolero, minero, eléctrico, bancario, textil, educativo, agropecuario y de servicios públicos estarían alineados con las políticas del Gobierno del Tigre, por lo que se espera que puedan trabajar realmente de la mano del líder de la Patria Milagro.
En el ámbito cultural, los seguidores del Abelardismo aprueban las decisiones relacionadas con el Museo Nacional y el retiro de obras vinculadas con el feminismo, la diversidad sexual y la paz que, aunque abrió discusiones sobre la orientación ideológica de la política cultural, quedó claro que las expresiones ideológicas por muy cultura que le llamen, no tienen espacio en un Museo de talla internacional. Cada cosa en su espacio. Y, recuperar valores es parte de “ordenar la casa”, que el Gobierno desea en todos los sectores.
Finalmente, la jornada de protesta convocada para el 19 de noviembre por sectores del Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes será una prueba para la capacidad del Gobierno de gestionar el desacuerdo social. La respuesta del Ejecutivo permitirá observar cómo tramita la oposición y la movilización ciudadana.
El balance: de las decisiones a los resultados
Los primeros 100 días muestran un Gobierno que ha tomado decisiones muy importantes, ha definido sus prioridades y ha establecido un estilo de liderazgo centrado en la figura presidencial. La seguridad, el manejo fiscal, la reorganización del Estado y el posicionamiento internacional han sido los principales escenarios de actuación.
Sin embargo, es necesario diferenciar las decisiones adoptadas de los resultados obtenidos. Expedir un presupuesto por decreto no equivale a resolver el problema fiscal; aumentar las operaciones militares no significa recuperar el control territorial; presentar una reforma tributaria no garantiza su aprobación ni sus efectos económicos; y anunciar una política de inversión no supone que los recursos ya estén llegando a la economía.
La evaluación de De La Espriella deberá concentrarse, a partir de ahora, en indicadores concretos: condiciones de seguridad en los territorios, evolución de las finanzas públicas, ejecución del presupuesto, inversión, generación de empleo, aprobación de reformas y estabilidad institucional.
El Presidente ha conseguido imprimir su sello a la administración y mantener sus prioridades en el centro de la discusión nacional. El siguiente paso será demostrar que las decisiones de estos primeros meses tienen capacidad para transformar los problemas que prometió resolver. Ese será el verdadero balance de su gestión.
