Por Lola Portela
La salida del poder de Nicolás Maduro y el aumento de la presión militar de Estados Unidos han modificado el panorama de seguridad en Venezuela. El nuevo escenario plantea un desafío para las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, organizaciones que durante años consolidaron su presencia en territorio venezolano al amparo de sus relaciones con sectores del chavismo y que ahora podrían verse obligadas a replegarse hacia Colombia.
Entre los grupos armados no estatales que ejercen control sobre segmentos de la economía del narcotráfico en Venezuela figura el ELN, una guerrilla marxista-leninista de origen colombiano que ha extendido su influencia en el país vecino mediante presuntos acuerdos y vínculos de cooperación con sectores militares y políticos locales. A esta estructura se suman las facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que conservaron y ampliaron parte de las economías ilegales que financiaban a la antigua organización insurgente.
Por ahora, la presidenta interina Delcy Rodríguez no ha fijado una posición pública sobre la permanencia de estas guerrillas en Venezuela ni sobre la posibilidad de emprender operaciones militares en su contra. Sin embargo, Washington ha elevado las exigencias al nuevo gobierno y espera medidas concretas contra las organizaciones criminales que participan en el negocio del narcotráfico.
El futuro de estos grupos dependerá, en buena medida, de las decisiones que adopte el nuevo liderazgo venezolano: si atiende las exigencias estadounidenses y emprende acciones para desarticular sus estructuras, o si mantiene los vínculos que durante años facilitaron su expansión y que, según diversas investigaciones, contribuyeron a sostener al régimen de Maduro.
¿Está Venezuela ante una posible ofensiva contra las guerrillas?
Estados Unidos busca que el nuevo gobierno venezolano se convierta en un aliado en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que se benefician de esta actividad. No obstante, las relaciones financieras y operativas que durante años habrían conectado a sectores del poder venezolano con las guerrillas colombianas representan un obstáculo para ese propósito.
Para Washington, el ELN no es únicamente una organización insurgente. También constituye un actor relevante dentro de las redes regionales del narcotráfico y está incluido desde 1997 en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). En octubre de 2025, el secretario de Defensa estadounidense relacionó a integrantes de esta guerrilla con una embarcación que presuntamente transportaba cocaína por el Caribe y que fue destruida durante un ataque aéreo de las fuerzas militares estadounidenses. La operación dejó tres personas muertas.
La vinculación del ELN con el narcotráfico también ha sido documentada en informes del Congreso de Estados Unidos, reportes del Departamento de Estado y expedientes judiciales que señalan la participación de miembros de la organización en diferentes etapas del negocio de las drogas.
Sin embargo, las preocupaciones de Washington van más allá de la seguridad regional. La presencia del ELN también podría convertirse en una amenaza para los intereses petroleros estadounidenses en Venezuela.
Después de la captura de Maduro, el presidente Donald Trump manifestó su intención de tener un papel protagónico en la recuperación de la industria energética venezolana. Como parte de esa estrategia, ha promovido inversiones de al menos US$100.000 millones por parte de grandes compañías petroleras para rehabilitar y reconstruir una infraestructura que lleva años de deterioro.
Esos planes, sin embargo, podrían enfrentar dificultades por la presencia de estructuras guerrilleras en zonas estratégicas para la actividad petrolera. El ELN cuenta con antecedentes de ataques contra oleoductos e infraestructura energética en Colombia, acciones utilizadas tanto para obtener recursos económicos como para presionar al Estado y a las empresas del sector.
Si compañías extranjeras comienzan a desarrollar operaciones en territorios venezolanos donde la guerrilla tiene presencia, como los alrededores del lago de Maracaibo o la Faja Petrolífera del Orinoco, existe el riesgo de que el grupo reproduzca allí sus métodos de presión y sabotaje.
Investigadores y académicos consultados por InSight Crime consideran que el gobierno venezolano tendría importantes costos políticos, económicos y de seguridad si decide enfrentar militarmente al ELN. La explicación está en la relación de carácter simbiótico que, durante años, se habría desarrollado entre la guerrilla y determinados sectores del aparato estatal venezolano.
Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de International Crisis Group, considera poco probable que las fuerzas de seguridad venezolanas emprendan una confrontación directa con una organización con la que han mantenido relaciones económicas.
«Que la misma Fuerza Armada o la Guardia se enfrenten a una organización criminal con la cual mantienen ciertas relaciones económicas lo veo difícil, al menos en el corto plazo», explicó Dickinson.
Desde mediados de agosto, InSight Crime ha documentado al menos cuatro operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra estructuras del ELN en estados fronterizos como Zulia y Amazonas. Sin embargo, los resultados han sido limitados: las autoridades reportaron la incautación de panfletos, uniformes y armas antiguas, pero no se produjeron detenciones ni afectaciones significativas a las capacidades operativas de la guerrilla.
En ese contexto, las intervenciones militares parecen haber tenido un mayor componente propagandístico que un impacto real sobre las estructuras del ELN, al servir como muestra de la supuesta voluntad gubernamental de combatir el crimen organizado.
El historial de las fuerzas venezolanas en enfrentamientos contra grupos armados colombianos también genera dudas sobre la efectividad de una eventual ofensiva. Entre 2020 y 2021, durante los combates registrados en Apure contra integrantes del Décimo Frente de las disidencias de las FARC, el Ejército venezolano sufrió importantes reveses militares.
Una confrontación directa con el ELN supondría un desafío todavía mayor. A diferencia de otras organizaciones armadas, esta guerrilla habría alcanzado un nivel más profundo de articulación con sectores del Estado venezolano. Por ello, una ofensiva podría desencadenar tensiones internas y abrir la puerta a un conflicto armado de mayores dimensiones, con características similares a las que Colombia ha enfrentado durante décadas.
El repliegue del ELN y las disidencias de las FARC hacia Colombia
Mientras las nuevas autoridades venezolanas, guardan silencio y evalúan sus alternativas políticas y militares, empiezan a aparecer señales de movimientos dentro de las estructuras guerrilleras. Informes de inteligencia, publicaciones periodísticas y fuentes consultadas por InSight Crime han dado cuenta del desplazamiento de tropas y mandos del ELN desde Venezuela hacia zonas fronterizas, una maniobra que podría traducirse en una mayor concentración de fuerzas en el límite entre ambos países.
La operación militar estadounidense que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, el 3 de enero, habría acelerado estos movimientos. Informes de inteligencia colombianos citados por medios de comunicación señalaron que varios comandantes del ELN y de las disidencias de las FARC que operaban en Venezuela comenzaron a trasladarse hacia territorio colombiano como medida preventiva frente al nuevo panorama político.
Este eventual repliegue no necesariamente significaría una pérdida de poder para las organizaciones. Por el contrario, podría permitirles reforzar su dominio en corredores estratégicos de la frontera y ampliar su capacidad de control sobre las economías ilegales que operan a ambos lados de la línea limítrofe.
Investigaciones de InSight Crime y expedientes judiciales estadounidenses indican que el ELN ha desarrollado capacidades para intervenir directamente en distintas etapas del narcotráfico, desde la instalación de laboratorios de procesamiento de cocaína hasta la supervisión del transporte de los cargamentos hacia otros mercados.
Uno de los avances más significativos de esa expansión fue la disputa por el control del Catatumbo, región colombiana con una elevada concentración de cultivos de coca. La ofensiva registrada a comienzos de 2025 representó un paso importante en la estrategia territorial de la guerrilla y en su intención de consolidar una mayor participación en el negocio de las drogas, presuntamente con la colaboración de sectores vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.
Control de la frontera: la apuesta por integrar toda la cadena del narcotráfico
El dominio de los territorios fronterizos entre Colombia y Venezuela representa una ventaja estratégica para el ELN. La ubicación geográfica de estas zonas le permite ejercer influencia sobre diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico y reducir la dependencia de intermediarios.
Se trata de un modelo de integración vertical en el que la organización puede participar en actividades que van desde la producción de coca y el procesamiento de la pasta base hasta la transformación en cocaína, el transporte y la comercialización mayorista.
La frontera colombo-venezolana ofrece condiciones especialmente favorables para ese propósito. Allí confluyen extensas áreas de cultivos de coca, laboratorios clandestinos y corredores utilizados para movilizar cargamentos hacia los mercados internacionales.
Además de facilitar el control de las rutas, la presencia en territorio venezolano le proporciona al ELN una plataforma para proyectar sus operaciones hacia regiones del interior de Colombia, incluso en zonas donde la capacidad de respuesta de las autoridades colombianas y de sus aliados estadounidenses resulta más limitada.
De esta manera, un eventual repliegue desde Venezuela no supondría necesariamente el debilitamiento de la guerrilla. Si logra conservar sus redes, sus fuentes de financiación y sus corredores estratégicos, el nuevo escenario político podría terminar favoreciendo una reorganización de sus fuerzas y una mayor concentración de poder en la frontera.
El principal interrogante es si el gobierno de Delcy Rodríguez estará dispuesto a romper los vínculos que durante años facilitaron la expansión de estas organizaciones o si, por el contrario, buscará preservar una relación que podría convertirse en un obstáculo para el acercamiento con Washington. De esa decisión dependerá, en buena medida, el futuro de las guerrillas colombianas en Venezuela y el equilibrio de poder criminal en la frontera.
Ante la creciente presión de Estados Unidos, se dicen que el Gobierno de Delcy Rodríguez envió drones para bombardear un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Según The New York Times, la operación se llevó a cabo con asistencia estadounidense.
El bombardeo, ocurrido el 30 de octubre, dejó al menos 23 muertos, entre ellos venezolanos, colombianos y mexicanos, vinculados al grupo armado. El campamento aparentemente albergaba un laboratorio de procesamiento de drogas, según fotografías y videos difundidos en redes sociales.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido declaraciones oficiales sobre el ataque. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tan solo comentó que están tomando previsiones ante recientes episodios de violencia en Colombia.
Estados Unidos tampoco ha dado declaraciones, pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo el pasado mes de septiembre desde Colombia que habían discutido con la administración de Rodríguez posibles acciones contra el ELN en Venezuela.
“Imagine que una banda criminal operara desde un territorio al otro lado de la frontera, entrara en su país, cometiera delitos, asesinatos y atentados, y luego regresara y se escondiera en otro país. Eso no es sostenible. Tenemos que hacer frente a esta situación”, dijo Rubio a la prensa.
