Cuando varias mujeres que estuvieron cerca del poder hablan de fiestas, drogas, presuntos abusos y episodios inquietantes en la Casa de Nariño, y algunas manifiestan que temen por su vida, el país no puede despachar sus testimonios con el cómodo argumento de la intimidad presidencial. Aquí hay preguntas demasiado graves para esconderlas debajo de la alfombra de la política.
Por Lola Portela
El libro Las mujeres de Petro, del periodista Felipe Zuleta, publicado por Editorial Planeta, llega en un momento en el que Colombia necesita respuestas, no más cortinas de humo. La investigación, según ha explicado su autor, recoge testimonios de mujeres cercanas a Gustavo Petro y de miembros de su esquema de seguridad, además de grabaciones y documentos que, asegura, le fueron entregados por fuentes que “temen por su vida”.
Lo verdaderamente inquietante no es solamente lo que se relata sobre supuestas fiestas, consumo de sustancias psicotrópicas y disputas de poder dentro de la Casa de Nariño. Es también la dimensión humana e institucional de quienes se atreven a hablar. Porque cuando mujeres que estuvieron cerca del mandatario deciden romper el silencio y manifiestan temor por su integridad, el país tiene la obligación de escucharlas. Y el Estado, la responsabilidad de garantizarles protección.
No estamos hablando de simples chismes de pasillo ni de una controversia fabricada para alimentar la confrontación política. Estamos ante testimonios y denuncias que deben ser examinados con seriedad, especialmente cuando quienes los ponen en conocimiento público dicen temer represalias. El miedo de una mujer que denuncia no demuestra por sí solo la veracidad de sus señalamientos, pero sí constituye una circunstancia que exige atención, garantías y una respuesta institucional. Ninguna mujer debería tener que escoger entre guardar silencio o poner en riesgo su vida.
Las declaraciones conocidas de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y de Deicy Jiménez, junto con los relatos que Felipe Zuleta afirma haber recogido para su libro, obligan a mirar más allá del espectáculo mediático. Aquí hay mujeres cuyas versiones merecen ser escuchadas sin prejuicios, sin intimidaciones y sin que su credibilidad sea destruida de antemano por razones ideológicas o conveniencias políticas.
Resulta particularmente grave que, ante señalamientos de esta naturaleza, la primera reacción de algunos sectores sea refugiarse en la defensa de la intimidad del expresidente. ¡No vengamos con cuentos! Gustavo Petro tiene, como cualquier ciudadano, derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Pero esos derechos no pueden convertirse en una muralla para impedir que se investiguen hechos que presuntamente ocurrieron mientras ejercía la Presidencia de la República.
Una cosa es la vida sentimental o personal de un ciudadano y otra muy distinta lo que pudo haber sucedido en la sede del Gobierno, con funcionarios, integrantes de esquemas de seguridad, instalaciones oficiales y, eventualmente, recursos públicos de por medio.
La Casa de Nariño no es una finca privada, un apartamento particular ni un espacio donde el presidente de turno pueda sustraerse de las obligaciones que implica su investidura. Es la sede del poder ejecutivo, un lugar de trabajo institucional y un símbolo de la democracia colombiana. Por eso, cualquier denuncia sobre posibles conductas ilegales, utilización indebida de recursos públicos, vulneración de protocolos de seguridad o comportamientos que hubieran comprometido el ejercicio del cargo debe ser investigada.
Y aquí aparecen preguntas que no pueden seguir esperando: ¿Qué sabían los integrantes del esquema de seguridad? ¿Quiénes conocieron las situaciones que hoy se relatan? ¿Hubo funcionarios que facilitaron o encubrieron eventuales irregularidades? ¿Se utilizaron recursos del Estado para atender actividades particulares? ¿Por qué algunas de las personas que dicen tener información manifiestan temor por su seguridad? ¿Existen amenazas concretas y quién debe responder por ellas?
Son preguntas de interés público. No son una intromisión caprichosa en la intimidad de nadie.
Hay algo todavía más delicado: las mujeres que se atreven a denunciar no pueden terminar convertidas en las principales víctimas de una maquinaria de descalificación. En Colombia conocemos demasiado bien el costo que pagan quienes se enfrentan a estructuras de poder. Por eso, antes de preguntar por qué hablan, habría que preguntarse qué condiciones las llevaron a romper el silencio, qué garantías tienen y si las autoridades están haciendo lo necesario para protegerlas.
No se trata de dar por ciertas todas las afirmaciones ni de convertir un testimonio o un libro en una sentencia judicial. Se trata de entender que los testimonios deben investigarse, contrastarse y valorarse con rigor, como hasta ahora lo iniciaron la Corte de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, los colombianos esperamos que no se quede el tema como los demás escándalos: ¡en nada!
La presunción de inocencia de Gustavo Petro debe respetarse, claro que sí, pero también los derechos de las mujeres que denuncian. El debido proceso no puede ser una garantía exclusiva del poderoso; debe proteger a todos, especialmente a quienes podrían estar en situación de vulnerabilidad frente a quienes ejercieron o todavía conservan influencia política.
Quien jura servir a una nación adquiere obligaciones que van mucho más allá de ocupar un cargo y pronunciar discursos. Tiene el deber de ejercer sus funciones con responsabilidad, transparencia, capacidad y respeto ético, jurídico por las instituciones. La Presidencia no es una extensión de la vida personal del gobernante ni una licencia para poner las obligaciones del Estado al servicio de sus intereses particulares.
Y si hubo personas que conocieron, facilitaron, encubrieron o participaron en eventuales conductas ilegales, también deben responder. Ningún funcionario, asesor, integrante del esquema de seguridad o colaborador puede sentirse protegido por su cercanía con el poder. La lealtad a un presidente jamás puede estar por encima de la Constitución y la ley.
Lo que tampoco puede pasar inadvertido es la responsabilidad política y moral. Un mandatario representa a todo un país, incluso a quienes no votaron por él. Su comportamiento, sus decisiones y la manera como administra las responsabilidades del cargo inciden en la credibilidad de las instituciones. La dignidad presidencial no depende de la popularidad del gobernante ni de la capacidad de sus seguidores para justificar lo injustificable.
El argumento de la vida privada, en estas circunstancias, resulta hipócrita cuando se utiliza selectivamente: se reclama intimidad para proteger al gobernante, pero se exige transparencia absoluta cuando las denuncias comprometen a sus adversarios. La democracia no puede funcionar con principios acomodados a la conveniencia del poder.
Si hubo delitos, que se investiguen y se juzguen conforme a la ley. Si hubo amenazas o atentados contra las mujeres que han entregado sus testimonios, que se identifique a los responsables y se les brinde protección efectiva. Si se utilizaron recursos públicos para fines particulares, que se establezcan las responsabilidades. Y si funcionarios del Estado conocieron o encubrieron situaciones irregulares, que respondan por sus actuaciones.
Colombia no puede normalizar que las mujeres que se atreven a hablar terminen bajo sospecha, mientras los poderosos se refugian en sus privilegios. Tampoco puede aceptar que la cercanía con la Presidencia se convierta en una especie de salvoconducto frente a la justicia.
La pregunta no es si Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es si ese derecho puede utilizarse para bloquear el esclarecimiento de hechos que, de comprobarse, comprometerían su responsabilidad como jefe de Estado y la actuación de quienes lo rodearon.
La respuesta es no.
La Presidencia de la República no es un patrimonio personal, la Casa de Nariño no es un refugio para conductas al margen de la ley y las mujeres que denuncian no pueden ser condenadas al silencio por el peso del poder. Que se investigue todo, que se proteja a quienes se atreven a hablar y que cada responsable responda. Porque una democracia que no escucha a las mujeres por miedo al poder, termina convirtiendo el silencio en una forma de complicidad.
