Por Lola Portela
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar formalmente a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva urgente en varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que podrían comprometer la seguridad del Estado y el adecuado manejo de los recursos públicos.
La principal preocupación del nuevo gobierno gira alrededor del proceso de contratación PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos y que busca contratar el servicio de escoltas para proteger al Presidente de la República y a los integrantes del gabinete que asumirán funciones el próximo 7 de agosto. Según el comunicado, la adjudicación se realizaría antes del cambio de gobierno, lo que impediría a la nueva administración revisar los perfiles e idoneidad del personal encargado de la seguridad presidencial.
Ante esta situación, el Gobierno electo pidió al Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso, revisar el expediente contractual y evaluar la posibilidad de recomendar o solicitar su suspensión hasta que la administración entrante pueda analizar la conveniencia de la contratación.
La solicitud también abarca el proceso mediante el cual la UNP pretende nombrar más de 5.100 Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente alrededor de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos, situación que el Gobierno electo considera merece una revisión preventiva.
Otro de los contratos que genera inquietud es el proceso SC-UNP-050-2026, destinado a la compra de 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos. La petición solicita verificar la planeación, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de las normas de seguridad y la libre competencia entre oferentes para garantizar una contratación transparente.
Asimismo, el Gobierno electo pidió vigilancia sobre seis procesos contractuales relacionados con medidas colectivas de protección para resguardos indígenas, con el fin de establecer si las necesidades estaban debidamente justificadas y si era posible unificar las contrataciones para lograr mayor eficiencia y un mejor uso de los recursos públicos.
En el comunicado, Abelardo De La Espriella afirmó que la transición entre gobiernos debe desarrollarse con estricto respeto por la legalidad, la transparencia y las instituciones. En ese contexto, sostiene que la intervención preventiva de la Procuraduría busca fortalecer la confianza institucional, proteger a las personas beneficiarias de los esquemas de la UNP y garantizar que todas las decisiones se ajusten a la Constitución y al interés general.
