Por Lola Portela
Nadie tiene que callar a Gustavo Petro.
No hace falta censurarlo, bloquearlo ni impedirle hablar. La democracia protege su derecho a decir lo que quiera, incluso cuando ya no ocupe la Presidencia.
Lo que sí puede hacer el país es algo mucho más sencillo: dejar de escucharlo.
Durante cuatro años, Colombia vivió pendiente de cada palabra del Presidente. Era lógico. Sus decisiones afectaban a millones de personas y sus declaraciones marcaban la agenda política. Había que prestar atención, incluso cuando sus mensajes eran contradictorios, confusos o difíciles de sostener. Era el jefe de Estado y sus palabras. mal escritas o sin ortografía, tenían consecuencias.
Pero esa obligación termina cuando termina el poder.
Durante su gobierno nos acostumbramos a una rutina agotadora. Cada madrugada, cada día aparecía un nuevo trino, una nueva acusación, una nueva teoría, un nuevo enfrentamiento. El debate nacional dejó de girar alrededor de los problemas del país para girar alrededor de la interpretación de los mensajes del Presidente. Nació incluso un verbo no oficial: petroexplaining. Traducir, contextualizar y tratar de encontrar coherencia donde muchas veces solo había improvisación.
El resultado fue un país atrapado en un ciclo permanente de reacción.
Mientras tanto, las instituciones hicieron su trabajo. El Congreso frenó iniciativas del Ejecutivo, las Cortes ejercieron controles y el sistema democrático resistió las tensiones de un gobierno que con frecuencia prefirió la confrontación, antes que la construcción de consensos.
Hoy el escenario es distinto.
Los colombianos ya eligieron un nuevo Presidente. La democracia habló y el poder cambió de manos. En cualquier república madura, ese debería ser el momento de una transición serena, del reconocimiento de los resultados y del respeto por las instituciones.
Sin embargo, Gustavo Petro parece empeñado en escribir un epílogo diferente. En lugar de cerrar su mandato con altura, insiste en sembrar dudas sobre el proceso electoral, cuestionar a la Registraduría, poner en duda al CNE, desacreditar al Congreso y poner bajo sospecha a las Cortes. Más que aceptar el final de su gobierno, parece resistirse a él.
Tiene derecho a hacerlo.
Lo que ya no tiene es el derecho automático a monopolizar la conversación pública.
Y ahí también hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Durante años, cada trino presidencial se convirtió casi por reflejo en un titular. Cada provocación ocupó horas de análisis. Cada publicación desplazó discusiones de mayor relevancia. Informar nunca debe confundirse con amplificar.
No todo lo que dice un expresidente merece abrir noticieros o dominar las redes sociales. El criterio periodístico consiste precisamente en distinguir entre lo importante y lo estridente.
Pero la responsabilidad no es solo de los medios.
También es de los ciudadanos.
Somos nosotros, todos, quienes compartimos, comentamos, respondemos y convertimos cada publicación en tendencia. Somos nosotros quienes decidimos si seguimos alimentando una conversación que hace tiempo dejó de aportar y comenzó simplemente a desgastar.
Quizá la mejor manera de cerrar este capítulo político no sea responderle una vez más.
Sea, por el contrario, dejar de reaccionar.
Que publique.
Que opine.
Que escriba.
Que critique.
Está en su derecho.
Lo que ya no estamos obligados a hacer es prestarle nuestra atención.
No es “silenciarlo”, nadie propone callarlo; simplemente, dejar de convertir cada intervención suya en el centro, en la agenda, de la vida nacional. No más leerle “sus diatribas”, eternas, en X.
El máximo poder político de un país termina el día en que se pierde y se tiene que entregar la banda presidencial.
Y el poder sobre la conversación pública termina el día en que la audiencia decide marcharse.
Que Petro siga hablando.
Pero que, esta vez, hable solo.
