Por Lola Portela
El Gobierno Nacional inició formalmente el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y los primeros años de su administración. La decisión marca el comienzo del cierre de una cartera que nació en 2023 con la misión de reducir brechas sociales y atender a poblaciones históricamente marginadas.
La medida ha provocado protestas entre los trabajadores de la entidad. Desde la mañana del lunes 22 de junio, funcionarios del Ministerio de la Igualdad y Equidad realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde exigieron respuestas sobre su futuro laboral y denunciaron que se les impidió ingresar a sus puestos de trabajo.
“Nos sacaron como unos perros, sin un decreto”, manifestó una de las trabajadoras durante la protesta. Los funcionarios aseguran que más de 600 personas podrían quedar sin empleo una vez se concrete la liquidación y reclaman garantías frente a la terminación de sus contratos y cargos.
El decreto dispone que la entidad se denominará ahora “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, y determina el inicio de las fases para el inicio de la liquidación completa, cuyo plazo inicial será de un año.
El documento formal, determina la hoja de ruta que seguirá la entidad a partir de la firma de la normativa, que tendrá una modificación de su estatus operativo y su denominación técnica.
Este Ministerio fue creado por el gobierno de Gustavo Petro, a partir de la ley 2281 de 2023 y ahora da inicio a la supresión paulatina de las funciones de todas las dependencias institucionales que se encontraban vinculadas a la entidad.
Nació con la excusa de que las minorías y excluidos tuvieran espacio, pero ya otras entidades del Estado tenían esa función. Fue una forma de darle juego a la vicepresidenta Francia Márquez.
El 4 de enero de 2023, apenas cinco meses después de haberse posesionado en el poder, Gustavo Petro sancionó en Itsmina, Chocó, la Ley que creaba el Ministerio de la Igualdad. Allí, aseguró que las poblaciones “que siempre quedaron marginales en la política pública, por allá en un rinconcito, como en la cocina, en el Ministerio de la Igualdad tendrán una priorización”. Aquel propósito se truncó pronto, cuando la Corte Constitucional concluyó que la entidad no cumplía los requisitos mínimos para constituirse.
El sueño de tener una institución que velara por “los nadies” recibió la estocada final el pasado viernes, 12 de junio, cuando a los funcionarios del Ministerio les llegó una carta firmada por el presidente Petro en la que les agradecieron por sus servicios y enlistaron los pasos que se deben cumplir para liquidar la entidad.
Y es que, tras cuatro años con una cartera congelada, el oficialismo no pudo sacar adelante su consolidación legal, puesto que aunque aún queda una semana de discusión en el Legislativo, desde el Gobierno reconocen que no hay voluntad política para discutir el proyecto que reviviría la cartera. En aquel camino jurídico que termina esta semana pero lleva dos años en marcha, el Ministerio y su propósito se vio machado y opacado por denuncias de acoso laboral, choques políticos y problemas con el manejo del dinero público.
Desde el inicio del Ministerio tuvo un mal presagio. El presidente Gustavo Petro llegó seis horas tarde a Itsmina, donde lo esperaban cientos de personas del municipio y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez: la primera en hacerse cargo de la cartera. “Yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento; yo también la tengo. Esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional y aquí está su vicepresidenta, poniendo la cara”, dijo Márquez, marcando un quiebre político.
Luego llegó el quiebre jurídico. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, por considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal.
En cuatro años, el Ministerio apenas logró la ejecución del 8,8% del presupuesto. “En 2025, de 9 proyectos de inversión, 4 no llegaron al 1 % y 2 no superaron el 10 % de ejecución. Todo se quedó en mentiras”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en una denuncia. A eso se le suma un problema aún más grande: de 2,8 billones de pesos que ha manejado la cartera, $2,1 billones fueron transferidos a un Fondo Paralelo sin que se conozcan los resultados.
En enero de 2026, por ejemplo, el fondo destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, en plena cuenta regresiva para que entrara en vigencia la Ley de Garantías.
Sumado a eso, Valencia también hizo otra denuncia en la que aseguró que se contrataron “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz”, y “158 para el Sistema de Violencia Basada en Género; además de número indeterminado para la gestión operativa del Fondo” y otro “número indeterminado para el programa Agua es Vida”. Sin embargo, no se han mostrado los resultados al respecto y el en Secop no aparecen los recibos de varias transacciones.
En un comunicado público, el sindicato del Ministerio de la Igualdad aseguró que aún no tienen claridad de qué pasará con los funcionarios, pero que quieren hablar con el presidente Petro para expresarle sus ganas de continuar con el proyecto: “La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”, dijeron.
El espacio, parece, no se va a dar. Desde la cabeza el Ejecutivo se ordenó devolver equipos y consignar los avances en el informe de resultados del Gobierno. Además, se ordenó que los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados continúen operando bajo la responsabilidad de otras entidades del Estado.
Serán los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto con Función Pública y Prosperidad Social quienes diseñen los decretos necesarios para redistribuir funciones. Ese es el fin.
