Por Lola Portela
A cinco días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la confrontación entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella ha dejado de centrarse únicamente en los discursos y propuestas para convertirse en una intensa disputa judicial. Denuncias penales, acusaciones de corrupción, señalamientos sobre compra de votos e incluso referencias a organismos internacionales han elevado la tensión en la campaña.
En este escenario, Abelardo De La Espriella aseguró que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, estaría presuntamente utilizando su cargo para favorecer electoralmente a Iván Cepeda.
Durante una entrevista con el periodista José Manuel Acevedo, el candidato afirmó que Amaya estaría “presionando a alcaldes, funcionarios y ofreciendo contratos” para conseguir votos en favor del aspirante del Pacto Histórico. Días anteriores el cantidato precisó nombres de personas implicadas en la corrupción de compra de votos. Y entonces sostuvo que habría enviado información a autoridades de Estados Unidos sobre esa red de compra de votos que, según él, operaría en distintas regiones del país con recursos públicos.
De la Espriella aseguró que las presuntas irregularidades no se limitarían a Boyacá, sino que también involucrarían a otros departamentos como Nariño. “Carlos Amaya también está metido en ese pastel y ya mandé esa información”, declaró.
Denuncias de lado y lado
Los señalamientos contra el gobernador boyacense se suman a una escalada de acciones judiciales entre los dos candidatos presidenciales.
Por un lado, Iván Cepeda anunció la radicación de denuncias penales ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional (CPI) contra De la Espriella, a quien señala por una presunta participación en hechos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud en la Costa Caribe. Entre los presuntos delitos mencionados figuran concierto para delinquir agravado, financiación de grupos paramilitares y corrupción en el sistema de salud.
En una rueda de prensa, Cepeda explicó que la actuación judicial se fundamenta en presuntas irregularidades vinculadas con Salud Vida EPS y sostuvo que históricamente estructuras paramilitares y clanes políticos habrían capturado recursos públicos destinados al sector salud.
Por su parte, Abelardo De La Espriella ha respondido con una ofensiva jurídica propia. El candidato aseguró haber denunciado a 29 políticos, congresistas y al exgobernador Carlos Caicedo por una presunta red de compra de votos para beneficiar al movimiento de Cepeda. Así mismo, ha promovido otras actuaciones legales relacionadas con el candidato del Pacto Histórico.
El constreñimiento ilegal, la coerción de los grupos armados en varias regiones de Colombia es la amenaza a la democracia y hasta ahora los entes de control no se expresan, según denuncia Enrique Gómez, jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Esprella.
“Qué dirán la Delegada Anticorrupción y la Fiscal General de la Nación sobre el evidente constreñimiento al elector en Cauca. En varios municipios Cepeda sacó casi el 100 % de la votación, y frente a ello, ¡no han dicho nada! Aún tienen una semana para imputar a los responsables y responderle como corresponde al pueblo colombiano”, denuncia en su red X, Enrique Gómez.
Críticas a la estrategia de judicializar la campaña
La creciente utilización de los tribunales como escenario de confrontación también ha despertado cuestionamientos desde otros sectores políticos.
La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao, de la Alianza Verde, manifestó públicamente su rechazo a la estrategia impulsada por Iván Cepeda y advirtió que una campaña basada en acusaciones contra la oposición podría alejar al electorado moderado en la recta final de las elecciones.
Las declaraciones de Juvinao reflejan la preocupación por una contienda en la que las acciones legales han adquirido un protagonismo comparable al de los debates públicos.
Otras actuaciones judiciales en el contexto electoral
El ambiente jurídico de la campaña también ha estado marcado por decisiones de distintas autoridades.
El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de realizar propaganda política a favor del Pacto Histórico utilizando canales oficiales del Estado. Paralelamente, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigaciones por una posible participación en política.
En otro frente, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba anular la candidatura de Abelardo De La Espriella con base en cuestionamientos sobre su triple nacionalidad, manteniendo vigente su aspiración presidencial. Y ya antes, le salieron con tulela por el uso de la camiseta amarilla. Luego se fueron en contra del slogan de la campaña “Firmes por la Patria” y hasta con el nombre del movimiento “Defensores de la Patria”.
Es innegable que los seguidores de la izquierda, junto a Gustavo Petro e Iván Cepeda sacaron la artillería jurídica en contra de la candidatura de Abelardo De La Espriella, eso sí en acuerdos con “jueces” y abogados; de su misma corriente (izquierda).
Esa ha sido la estrategía en la recta final hacia la Presidencia de Colombia. Más allá de verdaderos debates o propuestas que convenzan a los votantes, la campaña de Iván Cepeda arrancó viciada o marcada no sólo por los casi 100 escándalos del Gobierno de Gustavo Petro, sino que esta viciada por buscar cómo afectar jurídicamente a su opositor Abelardo De La Espriella. Hasta ahora, cada ataque, sólo ha servido para fortaler a De La Espriella ante los ciudadanos en Colombia y el exterior.
Y es que estas elecciones tiene muchos ojos externos observando, analizando y vigilando: el respeto por la democracia. Ya que es lo que estaría en juego en esta contienda presidencial.
Con la jornada electoral cada vez más cerca Cepeda se inclina por darle continuidad a lo que ya se ve como un país descuadernado e infinidatamente dividido. Frente a De La Espriella quien, como empresario, llegó con una visión de desarrollo real para las diferentes comunidadades e incluye a quienes soñaron con “El Cambio”, que dice jugársela por la vida, pero sin obras reales para mostrar.
Por el contrario, con “El Cambio” de Gustavo Petro, Colombia volvió a caer en el Índice Global de Paz: violencia, terrorismo y conflicto armado agravan la situación de seguridad en el país.
Y en ese contexto, Colombia ocupó el puesto 141 entre 163 naciones evaluadas, tras registrar un deterioro del 4,7% en sus indicadores, impulsado por la crisis del Catatumbo, el aumento de los atentados y la expansión de las economías ilícitas
En cuanto al secuestro Colombia ha experimentado un aumento interanual significativo, con registros oficiales que duplicaron los casos reportados en años anteriores y niveles de alerta no vistos en dos décadas. En los últimos registros anuales, el aumento nacional del delito rondó el 103,6% en comparación con el periodo previo. Y el candidato del oficialismo plantea seguir las mismas líneas actuales.
Frente a un candidato, no político, que propone una Patria Milagro, con opuestos muy visibles y directos: respetando la Constitución,las instituciones, fortaleciendo principios y los valores, contrarrestando la corrupción, aplicando la auteridad y donde la seguridad esta entre los principales objetivos, porque tiene claro que sin ello ninguna nación avanza para contrarrestar la pobreza, desde la raíz; no con paños de agua tibia y con dependencia del Estado.
La manada de “El Tigre” la conforman colombianos de todas las edades, de todos los sectores sociales y económicos, de cada rincón de Colombia y del exterior: personas inconformes con lo que se vive en el país desde hace décadas y que entró en cuidado extremo o crisis definitiva en estos cuantro años que terminarían al finalizar el gobierno de Gustavo Petro y su bandera de izquierda. De allí que el continuismo de Petro no es la opción para los defensores de la patria.
Por eso, se augura, se siente en la calle y lo dicen las últimas encuestas que el país girará hacia la derecha este 21 de junio. Si permiten que el voto de ese pueblo con una nueva esperanza sea respetado, y no se valen de coerción, trampas electorales y demás artimañas electorales.
