Tras el desgaste de la propuesta constituyente y el rechazo que genera en amplios sectores del país, el petrismo cambió de libreto en plena batalla electoral. El “Acuerdo Nacional”, promovido ahora por Iván Cepeda, surge como una estrategia para suavizar un proyecto político que no logró convencer a la mayoría de los colombianos, sin renunciar del todo a sus objetivos de transformación institucional.
Por Lola Portela
La campaña presidencial que definirá quién ocupará la Casa de Nariño entra en su fase decisiva y, con ella, también se reconfiguran las estrategias políticas de los sectores en disputa. En el caso de la izquierda agrupada alrededor del Pacto Histórico, el cambio más evidente es el tránsito del discurso de la Asamblea Nacional Constituyente hacia una nueva bandera: el llamado “Acuerdo Nacional”.
El giro no parece casual ni espontáneo. Llega después de meses en los que la propuesta constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro encontró más resistencia que entusiasmo, generó preocupación en amplios sectores de la opinión pública y terminó convirtiéndose en uno de los temas que más desgaste produjo para el oficialismo.
En consecuencia, la pregunta que hoy se hacen analistas y observadores es si el Acuerdo Nacional representa realmente un cambio de rumbo o si se trata de una estrategia electoral diseñada para reducir los costos políticos de una propuesta que nunca logró consolidar respaldo mayoritario, especialmente de los seguidores del Centro.
La Constituyente se convirtió en un problema electoral
Durante buena parte de su mandato, Gustavo Petro mantuvo viva la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo bajo diferentes argumentos: implementar reformas sociales, superar el supuesto bloqueo institucional, profundizar el Estado Social de Derecho, garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz o combatir la corrupción.
Sin embargo, ninguno de esos argumentos logró construir un consenso nacional.
Por el contrario, la iniciativa despertó preocupación incluso entre sectores que tradicionalmente han respaldado reformas progresistas. Juristas, académicos, exconstituyentes, dirigentes políticos de centro e incluso voces provenientes de la izquierda democrática advirtieron sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente sin un consenso nacional amplio, y en plena campaña electoral.
La situación se agravó por un hecho imposible de ignorar: Petro había prometido reiteradamente durante sus campañas presidenciales que no impulsaría una Constituyente.
Esa contradicción terminó convirtiéndose en una de las principales debilidades políticas del proyecto.
Lo que inicialmente se presentó como una herramienta para profundizar la democracia comenzó a ser percibido por muchos ciudadanos como una ruptura de la palabra empeñada.
El problema de la confianza
La discusión sobre la Constituyente dejó de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un problema de credibilidad.
Cada vez que el presidente intentaba explicar la necesidad de reformar la Constitución de 1991, reaparecían sus declaraciones de campaña asegurando que no lo haría.
Esa falta de coherencia terminó alimentando una percepción de desconfianza que hoy afecta no solo a su Gobierno, sino también a quienes aspiran a continuar con su proyecto político.
Las encuestas muestran que una parte importante de los colombianos observa con escepticismo cualquier propuesta que implique modificar las reglas institucionales del país.
Por eso, en plena campaña presidencial, insistir abiertamente en una Constituyente podría representar un costo electoral significativo para el candidato del oficialismo.
Y es precisamente ahí donde aparece el nuevo relato.
El nacimiento del “Acuerdo Nacional”
Frente al desgaste de la Constituyente, la izquierda ha comenzado a reposicionar el concepto de Acuerdo Nacional.
Iván Cepeda ha sido uno de sus principales promotores. Su discurso insiste en que Colombia necesita grandes consensos para enfrentar los desafíos económicos, sociales y políticos del país.
Sobre el papel, la propuesta parece razonable. El problema es que llega después de que el propio petrismo impulsara durante años una narrativa basada en la confrontación con las altas cortes, los organismos de control, los gremios empresariales, los medios de comunicación, buena parte del Congreso y hasta con los empresarios.
Por eso, para muchos observadores, el Acuerdo Nacional aparece más como una estrategia de campaña que como una verdadera rectificación política.
El objetivo sería atraer sectores moderados, independientes y de centro que rechazan la Constituyente, pero que podrían mostrarse más receptivos frente a una propuesta presentada bajo el lenguaje del consenso.
Lo que no se dice del cambio de discurso
La principal razón por la que el cambio genera dudas es que ninguno de los promotores del nuevo relato ha cerrado completamente la puerta a una futura Constituyente.
Iván Cepeda ha afirmado que no sería una prioridad de gobierno, pero evita descartarla. Esa diferencia es clave porque una cosa es renunciar expresamente a una propuesta y otra muy distinta es simplemente aplazarla.
De hecho, sectores cercanos al petrismo continúan defendiendo la necesidad de transformar aspectos estructurales de la Constitución de 1991 y mantienen vigente la narrativa según la cual las instituciones actuales impiden avanzar en las reformas que requiere el país.
En otras palabras, cambia el lenguaje, pero muchos de los objetivos siguen siendo los mismos.
Una Constituyente con alcances mucho mayores de los anunciados
El debate cobra mayor relevancia cuando se examinan los alcances reales del proyecto promovido por el comité constituyente.
Aunque Petro ha insistido en que solo pretende agregar dos capítulos relacionados con derechos sociales y lucha contra la corrupción, el texto presentado por los promotores permite mucho más.
El artículo 3 establece simplemente que la Asamblea Constituyente podrá reformar la Constitución.
Eso significa que, jurídicamente, podría modificar cualquier aspecto del orden institucional colombiano e incluso redactar una nueva Constitución.
La propuesta contempla cambios tan sensibles como otorgar al presidente facultades legislativas extraordinarias frente a supuestas omisiones del Congreso, redefinir el papel del Banco de la República, constitucionalizar determinadas políticas económicas y sociales, e incluso abrir debates que hoy parecían cerrados, como la reelección presidencial.
Aunque Petro asegura que no busca reelegirse, una Constituyente tendría la capacidad de modificar las reglas actuales y permitir que esa discusión reaparezca.
Por eso numerosos expertos sostienen que la propuesta nunca fue una simple reforma puntual, sino un proceso con potencial para transformar profundamente la arquitectura institucional del país.
La batalla por el centro político
La verdadera razón del viraje parece estar en la disputa por los votantes moderados.
En una segunda vuelta presidencial, los electores más ideologizados ya tienen definido su voto. La elección suele decidirse entre quienes desconfían de los extremos y buscan señales de estabilidad, moderación y gobernabilidad.
Es precisamente ese segmento el que reaccionó con mayor preocupación frente a la propuesta constituyente.
Por ello, la izquierda necesita reducir el impacto de un tema que genera resistencia y sustituirlo por un mensaje más incluyente y menos confrontacional.
El Acuerdo Nacional cumple perfectamente esa función.
La palabra “acuerdo” transmite diálogo. La palabra “constituyente” transmite incertidumbre. La primera suma. La segunda divide.
Una estrategia para ganar, no necesariamente para cambiar
Lo que está en juego no es únicamente una discusión constitucional.
Lo que está en juego es la continuidad del proyecto político que Gustavo Petro ha construido durante los últimos años.
La izquierda sabe que defender abiertamente una Constituyente en plena segunda vuelta puede movilizar a sus bases más radicales, pero también puede alejar a los votantes independientes que necesita para alcanzar la Presidencia.
Por eso el discurso ha evolucionado hacia conceptos más amplios, menos polémicos y electoralmente más rentables.
El problema es que una parte importante de la opinión pública percibe esa transformación como un ajuste táctico y no como un cambio genuino de convicciones.
El desafío de la credibilidad
Al final, la principal dificultad para el petrismo no es jurídica ni programática. Es política.
La Constituyente se convirtió en un símbolo de las contradicciones entre las promesas de campaña y las acciones de gobierno.
Y esa percepción no desaparece simplemente cambiando el nombre de la propuesta.
Mientras Gustavo Petro defendió durante años la necesidad de una Constituyente y hoy sus herederos políticos hablan de un Acuerdo Nacional sin descartar completamente aquella idea, muchos colombianos mantienen la misma duda: si el objetivo sigue siendo el mismo, ¿cambió realmente el proyecto o solamente cambió la estrategia?
Esa será una de las preguntas que los ciudadanos deberán responder en las urnas cuando decidan quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Porque más allá de los eslóganes de campaña, la elección también será un plebiscito sobre la confianza, la coherencia y la credibilidad de quienes aspiran a gobernar el país.
