Por Lola Portela
Washington designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (OTE) el 4 de diciembre de 2025, una decisión que implica el congelamiento de activos y posibles cargos penales para quienes brinden apoyo material a esa estructura en territorio estadounidense.
El pronunciamiento volvió a cobrar relevancia este viernes 8 de mayo, pocas horas después de que el Gobierno colombiano anunciara la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra varios de los principales cabecillas de la organización criminal. En respuesta, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó en su cuenta de X un mensaje que reafirma la postura de Washington frente al grupo armado.
La sede diplomática compartió una imagen con la palabra “Designados” en letras rojas y enumeró a las organizaciones catalogadas por Estados Unidos como terroristas en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc-EP, la Segunda Marquetalia y el Tren de Aragua.
El texto del post en la red social no dejó lugar a dudas sobre la postura del país norteamericano frente a esta situación, pues para ellos, el Clan del Golfo representa una amenaza internacional y no solamente para Colombia.
“Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública”.
La publicación coincidió con la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura y extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo. Entre los beneficiados figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de la organización y solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Por información que conduzca a su captura, Colombia ofrecía una recompensa superior al millón de dólares.
La designación del Clan del Golfo como OTE y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) fue firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y posteriormente publicada en el Federal Register el 17 de diciembre de 2025. Más allá del componente simbólico, la medida tiene efectos jurídicos concretos: cualquier persona o empresa que colabore con el grupo desde territorio estadounidense puede enfrentar sanciones penales y financieras.
Según explicó Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno, la suspensión de las órdenes busca facilitar el traslado de más de 400 integrantes de la organización a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) previstas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, a partir del 25 de junio de 2026.
Las diferencias entre Bogotá y Washington alrededor de este proceso no son nuevas. En febrero de 2026, el Clan del Golfo suspendió temporalmente las conversaciones que se desarrollaban en Doha, Catar, después de que Petro acordara con Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca, cooperar en la localización de alias ‘Chiquito Malo’.
El proceso de acercamiento con el Clan del Golfo se desarrolla bajo la figura de Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), distinta a las mesas de diálogo político adelantadas con el ELN o las disidencias de las Farc-EP, debido a que el Gobierno no reconoce estatus político a esa organización. Catar, España, Noruega y Suiza participan como países mediadores.
