Por Lola Portela
La suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de vigilancia y seguridad privada por presunta infiltración de estructuras criminales no solo representa una acción contundente de la Superintendencia del sector, sino que deja al descubierto fallas estructurales en los mecanismos de control y supervisión de una actividad altamente sensible para el país.
El superintendente Larry Álvarez Morales advirtió sobre un patrón reiterado: empresas que logran obtener permisos legales para operar, pero que posteriormente terminan poniendo personal, armamento y capacidades logísticas al servicio de organizaciones ilegales. Este fenómeno plantea un riesgo doble: por un lado, la legitimación de actores criminales bajo una fachada legal; por otro, el acceso a armas y esquemas de protección que podrían ser utilizados en actividades ilícitas.
Las investigaciones, desarrolladas en articulación con la Fiscalía General de la Nación y entidades del sector Defensa, han permitido identificar posibles vínculos entre compañías de vigilancia y delitos como el uso indebido de armas autorizadas, así como la infiltración de trabajadores relacionados con estructuras criminales. Según la entidad, estas conductas podrían derivar en delitos de mayor alcance, como lavado de activos y el fortalecimiento de economías ilegales.
Las medidas ya tienen impacto regional. En Barranquilla, por ejemplo, se ordenó la cancelación en primera instancia de las licencias de Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., mientras que al menos ocho empresas más están bajo la lupa y podrían ser sancionadas en el corto plazo. Sin embargo, el alcance real del problema aún es incierto y podría ser más amplio de lo que reflejan las decisiones iniciales.
Más allá de los casos puntuales, el contexto revela un desafío de fondo: la capacidad del Estado para evitar que estructuras criminales utilicen canales legales para expandir su influencia.
Y en este sentido, uno de los episodios más delicados conocidos recientemente refuerza esta preocupación sobre el posible uso de empresas de seguridad como fachada para favorecer a estructuras armadas se conoció en noviembre de 2025. En ese momento, una serie de chats, documentos internos y comunicaciones incautadas a disidencias de las Farc de alias “Calarcá” evidenciaron la supuesta participación de un alto oficial del Ejército y funcionarios de inteligencia en la entrega de información sensible a ese grupo ilegal.
De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, chats, documentos internos y archivos incautados en un operativo realizado el 24 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) evidenciarían contactos entre integrantes de esa estructura ilegal y actores con acceso a información estratégica. En el centro de los señalamientos aparece el general (r) Juan Miguel Huertas, actualmente en servicio, quien habría sostenido reuniones en Bogotá con emisarios del grupo armado para plantear la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal.
Según la hipótesis investigativa, esta empresa permitiría facilitar la movilidad mediante vehículos blindados y el porte de armas con permisos oficiales, un esquema que recuerda prácticas utilizadas por estructuras paramilitares en décadas anteriores para consolidar control territorial y operativo. En este mismo caso también fue mencionado Wilmar Mejía, entonces funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien habría participado en encuentros relacionados con esta iniciativa.
El material incautado —que incluye correos electrónicos, fotografías, documentos internos de la fuerza pública y una carta atribuida a un integrante cercano a “Calarcá”— sugiere que la propuesta habría sido presentada incluso como una inversión estratégica a futuro. Pese a la gravedad de estos hallazgos, no se conocen avances sustanciales en la investigación judicial, por parte de la Fiscalía, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para responder a este tipo de riesgos.
Aunque la Procuraduría ordenó en su momento la suspensión provisional de los funcionarios mencionados, la medida no fue prorrogada. Actualmente, el general Huertas continúa en su cargo, mientras que Wilmar Mejía renunció a la DNI, pero posteriormente fue designado en el Ministerio de Hacienda como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), otra entidad del Estado, lo que ha intensificado el debate público sobre los estándares de control y responsabilidad en estos casos.
En este escenario, la ofensiva de la Superintendencia cobra especial relevancia, pero también deja en evidencia que las acciones correctivas llegan en un momento en el que los riesgos ya se han materializado. Si bien la entidad recalca que la mayoría de las empresas de seguridad privada operan dentro de la legalidad y generan empleo para más de 360.000 familias, los hallazgos recientes obligan a revisar con mayor rigor los filtros de entrada, los mecanismos de vigilancia y la trazabilidad de las operaciones.
El caso abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la necesidad de fortalecer la seguridad privada en un contexto de alta demanda y el riesgo de que esta se convierta en una puerta de entrada para la ilegalidad.
La pregunta de fondo no es solo cuántas empresas están comprometidas, sino qué tan preparado está el sistema para detectar, prevenir y contener estas infiltraciones antes de que se conviertan en una amenaza mayor para la seguridad nacional.
El superintendente también hizo referencia a la composición del sector. “Hay empresas muy pequeñas formadas por personal en retiro que crean estas empresas de seguridad”.
Prensa Llanera consultó sobre el asunto y algunas empresas sienten que es un ataque, pues argumentan que “en Colombia, por los hechos ocurridos, no hay credibiidad en la Unidad Nacional de Protección -UNP, actualmente, y por eso, aunque es asunto de Estado, varios personajes (políticos) acuden a otro sistema de protección; de forma particular”.
Y, la fuente consultada agrega: “el Gobierno nacional actual siente estas empresas como una amenaza, pues varias de estas empresas de seguridad privada cuentan con hombres preparados, por ser veteranos de Ejército Nacional y de la Policía Nacional. Y, tal vez, creer que en caso de darse otra “Toma” como la ya vivida por parte de la Primera Linea, esos veteranos podrían tener que defender el país, ‘del desmadre’ anunciado, si no gana la izquierda las presidenciales del 2026 próximas, por ejemplo”.
Cabe entonces un interrogante ¿Qué hay realmente detrás de las sanciones a 31 empresas de seguridad, por presunta infiltración criminal?
