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María Fernanda Cabal presenta queja disciplinaria ante la Procuraduría contra Irene Vélez por participación en política

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Por Lola Portela

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la ministra (E) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, por presunta participación indebida en política.

Según la congresista, la funcionaria habría promovido en redes sociales la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre, lo que podría constituir una violación al Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Cabal señala que esta norma, en sus artículos 38, 39 y 60, prohíbe a los servidores públicos utilizar su cargo para intervenir o influir en procesos electorales o en controversias políticas de carácter partidista.

El documento presentado ante la Procuraduría argumenta que la conducta atribuida a la ministra encargada podría considerarse una falta gravísima, al presuntamente participar en actividades de partidos o movimientos políticos, o al intentar “presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política”. En caso de comprobarse, el ente de control tendría la potestad de imponer las sanciones correspondientes.

“La ley es para todos. Ser petrista no los exime de cumplirla”, manifestó la senadora Cabal, al subrayar que los funcionarios públicos deben observar el principio de legalidad y mantener neutralidad política en el ejercicio de sus funciones.

En su queja, Cabal solicita a la Procuraduría analizar los hechos y determinar si se configuró la falta disciplinaria prevista en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019. De confirmarse la infracción, pide que se adopten las medidas sancionatorias que correspondan conforme a la ley.

La senadora indicó que con esta acción busca reforzar la observancia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas que garantizan la imparcialidad del servicio público, al advertir que el uso del poder estatal con fines políticos puede afectar la institucionalidad y la confianza ciudadana.