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Víctimas de violencia paramilitar en Cabuyaro, Meta, fueron compensada por la Unidad de Restitución de Tierras

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El Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras cumplió orden de la justicia y entregó en compensación nueva vivienda a familia desplazada por grupos paramilitares y, asumió la administración del predio de 14 hectáreas, el cual no fue restituido por encontrarse en zona inundable.

Una familia acechada por la violencia paramilitar fue compensada con una nueva vivienda a cambio de la que debió abandonar en zona rural de Cabuyaro, Meta. Ante la imposibilidad de retornar al terreno que se encuentra en zona inundable, la Unidad de Restitución de Tierras, a través del Grupo Fondo, asumió la administración del predio y lo entregará en custodia a la administración municipal.

La historia se remonta a los años 90, cuando la pareja de esposos adquirió el predio “La Esperanza” en el que habitaba y tenían algunos cultivos de pancoger. Su suerte cambió tras la llegada de los grupos paramilitares a la zona, quienes empezaron a extorsionar a los pobladores de la vereda Guayabal e intentaron reclutar al hijo mayor de esta familia.

Ante las constantes amenazas del grupo armado ilegal, en octubre de 2001, este grupo familiar no tuvo más remedio que huir hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas e integridad.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la cabeza del hogar acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó el caso ante la justicia, logrando que se reconociera su derecho a la restitución mediante la compensación por equivalencia ambiental.

Así las cosas, en cumplimiento de la orden judicial, esta familia volvió a tener techo propio, en el municipio de su elección. Entre tanto, el predio quedó en manos de la Unidad de Restitución de Tierras, luego de la diligencia de entrega que se cumplió recientemente con la presencia del Juez Promiscuo Municipal, de funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cabuyaro y con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

La familia compensada también tiene derecho a la oferta institucional del Estado como complemento para su reparación integral.