La investigación española sobre TikTok obliga a examinar el alcance de los controles de las plataformas y la capacidad real de las familias y del Estado para proteger la infancia.
Giovanni Ramírez Villamil
Hay noticias que deberían alterar la tranquilidad con la que entregamos un teléfono a nuestros hijos. La que llega desde España es una de ellas. En la vida cotidiana hemos aprendido a preocuparnos por quién entra a la casa, por los lugares que frecuentan nuestros niños y por las personas que se acercan a ellos. Sin embargo, todavía dejamos abierta, durante muchas horas, una puerta digital detrás de la cual desconocemos quién observa, quién insiste y quién busca convertir la vulnerabilidad infantil en mercancía.
La Fundación Maldita.es publicó el 9 de noviembre de 2026 los resultados de una investigación sobre TikTok que identificó 1.183 publicaciones de material explícito de abuso sexual infantil, con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles vinculados a conductas sospechosas de búsqueda, intercambio o difusión de ese material. Son perfiles de potenciales agresores, no 26.000 delincuentes condenados; esa precisión importa para informar con responsabilidad, sin disminuir un solo milímetro la gravedad del hallazgo.
La investigación documentó además una respuesta insuficiente frente a una muestra de contenidos denunciados: de 50 videos reportados, la plataforma retiró cinco y restringió otros trece únicamente en España. La empresa sostuvo después que necesitaba recibir los hallazgos íntegros para poder localizar y retirar los materiales. El Gobierno español pidió la intervención de la Fiscalía y planteó medidas más severas. El debate ya dejó de pertenecer a los especialistas en tecnología: ha entrado, con toda su crudeza, en el campo de la protección de la infancia.
Lo que esta investigación revela merece ser leído desde la salud mental. Detrás de cada imagen de abuso existe un niño, una niña o un adolescente cuya intimidad y dignidad pueden haber sido violentadas. La circulación de ese contenido prolonga la exposición, alimenta la vergüenza, el miedo y la sensación de no tener control sobre la propia historia. Algunas víctimas pueden experimentar ansiedad, aislamiento o desconfianza; cada situación necesita atención particular y una red capaz de responder sin culpabilizar.
En mis trabajos sobre salud mental escolar y familiar he insistido en que las heridas sociales no se quedan afuera de la escuela ni de la casa. Viajan con nuestros hijos, se esconden detrás del silencio, del cambio de comportamiento y de esas madrugadas en las que un adolescente mira insistentemente la pantalla mientras los adultos creemos que todo está bien. La red social puede convertirse en un espacio de encuentro y aprendizaje, pero también en un territorio de captura, manipulación y violencia que no admite la indiferencia.
Conviene superar dos respuestas que suelen dejarnos tranquilos sin proteger suficientemente. La primera consiste en confiarlo todo al control parental, como si una aplicación pudiera reemplazar la conversación y la presencia afectiva. La segunda es descargar toda la responsabilidad sobre las familias, mientras las plataformas administran sistemas de recomendación, transmisión en vivo y denuncia que deben contar con barreras de seguridad eficaces, verificables y proporcionales al riesgo.
La prevención comienza cuando un adulto sabe hablar de privacidad, chantaje, contactos desconocidos y solicitudes de imágenes sin convertir la conversación en un interrogatorio. Debemos enseñar que nadie está obligado a responder mensajes que le incomodan, que una amenaza nunca convierte a la víctima en culpable y que pedir ayuda a tiempo es un acto de protección. Es indispensable observar cambios sostenidos de sueño, temor al celular, aislamiento o miedo a las notificaciones, sin diagnosticar a partir de una señal aislada.
También corresponde exigir a las instituciones educativas rutas para responder a la captación de menores, la extorsión sexual digital, la difusión de imágenes íntimas y los montajes generados con inteligencia artificial. Una situación grave no debe esperar a repetirse para merecer protección. La primera respuesta exige escuchar, preservar la dignidad, evitar la difusión del material y conectar a la familia con los servicios competentes. En Colombia, la Línea 141 del ICBF y los canales de reporte como Te Protejo y el CAI Virtual pueden facilitar la activación institucional.
El Estado debe ejercer vigilancia y exigir rendición de cuentas; las empresas tecnológicas deben demostrar que sus controles funcionan, también cuando un contenido cambia de cuenta, de idioma o de país. Las familias y las escuelas, por su parte, necesitan alfabetización digital y emocional, protocolos claros y espacios de conversación donde la confianza pueda construirse antes de que llegue una crisis.
La pregunta del título es incómoda porque nos obliga a revisar una costumbre: hemos normalizado que nuestros hijos aprendan a defenderse solos en entornos diseñados por adultos y atravesados por intereses comerciales. La protección verdadera exige corresponsabilidad, decisiones verificables y presencia humana. Ninguna niña ni ningún niño debería descubrir, en la soledad de su pantalla, que los adultos llegaron demasiado tarde.
































