La paradoja es evidente: el juez natural debe ser independiente del acusado, no producto de una negociación con él.
Por María Fernanda Cabal
Siempre lo dije: “Colombia es el único país en toda la historia de la humanidad donde los victimarios diseñaron su propio tribunal”.
La Jurisdicción Especial para la Paz nació de una negociación en la que las Farc construyeron un sistema que debía juzgarlas por décadas de secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores y terrorismo. El resultado fue una justicia hecha a la medida para quienes debían responder ante ella.
La paradoja es evidente: el juez natural debe ser independiente del acusado, no producto de una negociación con él.
La JEP nació desequilibrada. Su modelo restaurativo rompió toda proporción entre la gravedad del crimen y la sanción. Para los máximos responsables de atrocidades se inventaron castigos sin cárcel, mientras millones de colombianos enfrentan una justicia ordinaria lenta, congestionada y sin recursos.
Pero durante años nos dijeron que criticar a la JEP era atacar la paz. Hoy, después de casi una década de burocracia, privilegios y promesas incumplidas, la pregunta ya no puede evadirse: ¿cuánta justicia ha recibido Colombia por todo lo que ha pagado?
El senador Enrique Gómez propuso reducir en 100.000 millones de pesos el presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. También radicó un acto legislativo para fijar en diez años, sin posibilidad de prórroga, el funcionamiento de esta jurisdicción. El debate es absolutamente válido: una justicia creada como transitoria no puede convertirse en permanente.
Las cifras también obligan a preguntar por sus resultados. Según el senador, esta jurisdicción cuenta con 1.456 funcionarios de planta y 1.218 contratistas; solo para 2026 se presupuestaron alrededor de 402.000 millones de pesos para gastos de personal.
Ahora se entiende por qué sus defensores están tan nerviosos. Después de costarle al país cerca de 4 billones de pesos entre nóminas, contratos, asesorías, viáticos y viajes, pretenden convertir una justicia transitoria en una burocracia eterna. Mientras tanto, la justicia ordinaria mantiene despachos congestionados, funcionarios en provisionalidad y ciudadanos que esperan durante años una sentencia.
Esa inversión de valores ofende. Quien secuestró obtuvo curul. Quien reclutó menores recibió escoltas, camionetas y trato de dirigente político. Quien padeció el cautiverio tuvo que esperar años para conocer una decisión. No puede llamarse paz a una realidad en la que la impunidad se disfraza de reconciliación, el terrorista aparece como víctima y la víctima termina obligada a agradecer una verdad incompleta.
El caso 07 es el retrato más doloroso de ese fracaso moral. La propia jurisdicción ha documentado un universo provisional de 18.677 niños y niñas reclutados por las Farc entre 1971 y 2016. Detrás de esa cifra hay menores arrancados de sus familias, sometidos a trabajos forzados, abusos sexuales, abortos y fusilamientos. Muchos nunca regresaron.
Colombia tuvo que soportar a Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y Victoria Sandino sentados en el Congreso gracias a las curules regaladas por el acuerdo de La Habana. Ramírez llegó incluso a sostener que en las Farc nunca existió una política de reclutamiento forzado, mientras miraba cara a cara a las víctimas que relataban cómo fueron arrancadas de sus familias, sometidas y utilizadas para la guerra.
Esos no fueron errores de la guerra. Fueron crímenes de guerra. Y una sociedad que renuncia a imponer una sanción efectiva por ellos no repara a las víctimas: las vuelve a abandonar.
También advertimos que las Farc no entregaron todo lo que prometieron. No revelaron plenamente sus rutas del narcotráfico, declararon bienes insuficientes frente a la magnitud de su economía criminal y ocultaron estructuras y milicianos que luego alimentaron las disidencias. Pero el país sí cumplió: les garantizó representación política, financiación, seguridad y una jurisdicción especial. La asimetría fue evidente desde el principio.
Por eso apoyo que los recursos públicos vuelvan a donde hoy hacen falta: a los jueces de la república, a los despachos congestionados y a los ciudadanos que esperan durante años una sentencia.
Pero reducir el presupuesto es apenas el primer paso. La JEP debe cumplir lo que ordena la norma: concentrarse en los máximos responsables, sancionarlos y rendirles cuentas a las víctimas de las Farc.
Resulta llamativo que, en medio de la controversia por sus recursos, haya imputado a cinco excomandantes por violencia sexual, abortos y anticoncepción forzada. Una decisión tardía. Mientras tanto, su presidente, Alejandro Ramelli, apareció de inmediato a anunciar que acudiría ante la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional.
¡Qué diligencia para defender el presupuesto y qué lentitud para responderles a las víctimas!
Colombia lleva demasiado tiempo concediendo amnistías, indultos y tratamientos excepcionales a los criminales, mientras abandona a quienes padecieron el secuestro, el reclutamiento de sus hijos, el desplazamiento y el asesinato de sus familiares. Ningún acuerdo político puede convertir al victimario en intocable ni obligar a las víctimas a aceptar la impunidad como precio de la paz.
La JEP fue creada a la medida de los victimarios. La justicia que Colombia necesita debe estar, por fin, a la medida de la verdad, de la ley y de las víctimas.
