Por Lola Portela
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un grave escenario de riesgo para la población de Popayán, tras emitir la Alerta Temprana 018 de 2026, que cobija a las nueve comunas y 23 corregimientos del municipio.
Según el organismo, la presencia y el accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales estarían incrementando las amenazas contra los derechos fundamentales de la población y elevando el riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Disputa por corredores estratégicos
La alerta señala que, en la zona rural de Popayán, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja), del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), y el ELN tendrían interés en controlar corredores estratégicos que conectan al Cauca con Valle del Cauca, Nariño y Huila.
En el área urbana, entretanto, la Defensoría advierte una compleja interacción entre estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales, entre ellas bandas locales como ‘Los Comapán’ y emisarios de estructuras transnacionales.
El documento también señala a Popayán como un posible punto de refugio y operación para actividades asociadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.
Homicidios, masacres y amenazas
Para la Defensoría, la disputa por el control territorial ya se refleja en hechos violentos como homicidios selectivos, sicariatos y masacres.
Entre los casos documentados figura la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento de La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas. La entidad también registra la incineración de tres personas dentro de un vehículo, ocurrida en marzo.
A estos hechos se suman la circulación de panfletos amenazantes, acciones de proselitismo armado y la instalación de pancartas en sectores como Cajete y Las Chozas, sobre la vía hacia El Tambo, y en los barrios Lomas de Granada, La Pamba y Valladolid.
La extorsión y los secuestros también hacen parte del escenario advertido por la entidad. Según la Defensoría, estas prácticas han generado temor entre los habitantes y afectan las actividades económicas y sociales.
Los líderes y lideresas sociales se encuentran entre los sectores más afectados. La entidad advierte un “confinamiento organizativo”, debido a que algunos han tenido que restringir sus actividades al casco urbano por razones de seguridad.
Riesgo por ataques a infraestructura y uso de drones
La Alerta Temprana también documenta posibles infracciones al DIH relacionadas con ataques contra infraestructura de servicios públicos. Entre los hechos reportados está la incineración de vehículos recolectores de residuos sólidos en la vía hacia el corregimiento de La Yunga.
Otro de los riesgos identificados está relacionado con el posible uso de drones cargados con explosivos contra instalaciones militares ubicadas en el centro urbano de Popayán.
De acuerdo con el documento, el manejo de estos dispositivos estaría relacionado con personas que presuntamente adquirieron experiencia como mercenarios en la guerra de Ucrania. Para la Defensoría, esta situación representa un riesgo adicional para la población civil, especialmente ante la posibilidad de ataques en sectores densamente poblados.
Niños, mujeres y pueblos indígenas, entre los más vulnerables
La Defensoría también alertó sobre el riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, particularmente a través de plataformas digitales como TikTok y WhatsApp.
Las mujeres, especialmente quienes ejercen actividades sexuales, también enfrentarían situaciones de especial vulnerabilidad por hechos de violencia basada en género y mecanismos de control atribuidos a estructuras armadas. Entre las situaciones documentadas figura la exigencia de pruebas médicas por parte del Bocja, Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) —una estructura disidente del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC— constituye un mecanismo de control social degradante y de violencia basada en género documentado en la Alerta Temprana 018 de 2026 de la Defensoría del Pueblo.
En los territorios indígenas, los pueblos Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona enfrentarían restricciones para desarrollar prácticas tradicionales y movilizarse dentro de sus territorios y resguardos.
27 recomendaciones a las autoridades
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales.
Entre ellas, pidió al Ministerio del Interior coordinar una respuesta rápida; al Ministerio de Defensa, fortalecer las capacidades de prevención, disuasión y respuesta frente al uso de drones, y a la Fiscalía General de la Nación, avanzar en las investigaciones relacionadas con el lavado de activos.
También planteó acciones para el ICBF, la Secretaría de Educación de Popayán, la Alcaldía y la Gobernación del Cauca, entre otras entidades, con el propósito de fortalecer los entornos protectores y prevenir el reclutamiento de menores.
La Defensoría sostuvo que la respuesta institucional debe desarrollarse bajo un enfoque de seguridad humana, con medidas orientadas a reducir las vulnerabilidades de la población, prevenir violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH y fortalecer la protección de las comunidades en riesgo.
La entidad recordó, finalmente, que las Alertas Tempranas tienen carácter preventivo y no predictivo: buscan advertir sobre escenarios de riesgo para que las autoridades adopten medidas oportunas destinadas a proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.
