Por Lola Portela
La senadora María Fernanda Cabal presentó una solicitud formal al ministro de Educación, José Daniel Rojas, instando a garantizar la prestación del servicio educativo en más de 7.000 colegios públicos del país, ante el paro nacional indefinido convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sintrenal) para el próximo 14 de julio de 2025.
Cabal advirtió que la interrupción de clases pondría en riesgo el calendario académico y vulneraría el derecho a la educación, particularmente en las regiones más apartadas y vulnerables. “Especialmente en las regiones más vulnerables, donde los estudiantes no cuentan con alternativas familiares ni institucionales que les permitan suplir la interrupción del servicio público educativo”, afirmó la senadora y precandidata presidencial.
Además reiteró que “la educación es un derecho no un favor”.
En el documento radicado, la senadora reiteró que la educación es un servicio público esencial y fundamental, por lo cual “no puede suspender su prestación arbitrariamente”.
Aunque reconoció que la huelga está contemplada en la legislación como un mecanismo para resolver conflictos laborales, subrayó que “la Corte Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha manifestado y aclarado que el ‘paro’ no corresponde a una figura constitucional o supralegal que goce de legalidad para ser invocada por los docentes agremiados en un sindicato”. Agregó además que “el ‘paro’ constituye un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga ni con los requisitos legales que esta exige.
Cabal también alertó sobre los efectos sociales que puede tener la suspensión del servicio educativo en zonas vulnerables. “Al suspenderse el servicio educativo, se expone a los menores a riesgos sociales graves como el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar o el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales, particularmente en contextos donde la escuela representa el único entorno seguro y protector“, argumentó.
En ese sentido, la senadora exigió al Ministerio de Educación adoptar medidas preventivas y planes de contingencia que garanticen la continuidad del servicio educativo el día de la protesta. También solicitó que las secretarías de educación territoriales implementen estrategias como planes pedagógicos alternativos, jornadas de reposición anticipada o mecanismos remotos de enseñanza que eviten la suspensión efectiva de clases.
Además, pidió que se garantice el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante esa jornada, ya que para muchos estudiantes esta representa su única comida del día.
Finalmente, solicitó que las decisiones adoptadas por el Gobierno sean comunicadas oportunamente a la ciudadanía y que se inicien investigaciones disciplinarias contra los funcionarios públicos que abandonen sus labores durante la jornada del paro.
