No se entiende cómo la aprobación de la reforma a la salud avanza a pasos agigantados en el Congreso, pese a que el cuórum se rompió en la plenaria de este miércoles, 29 de noviembre.
Ni cómo cerca de 15 artículos, incluido el que autoriza a la Adres pagar el 85 % de las facturas sin auditar, han recibido el aval en la Cámara de Representantes. Bien dijo el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez: “Aquí lo que hay es un sistema de salud que tiene fallas, por supuesto, pero que está funcionando y que está generando flujo de recursos. Eso se va a transformar con esta reforma en una especie de salto al vacío, que no tiene ningún sentido”.
Claro, no es el único que se ha pronunciado ante el empeño del Gobierno Petro, por llevar la salud “a una sin salida”, según el articulado y los hechos. Y hay una enorme controversia en torno al proyecto. Es evidente que ese salto al vacío, que nos anuncian costará no sólo dinero, sino muchas vidas, porque están jugando con la vida de todos los colombianos.
Por eso, en la responsabilidad que les atañe, ya son 20 exministros de Salud los que exponen, en una carta, los 9 riesgos de la reforma de la salud para los colombianos.
“La salud de cada colombiano trasciende cualquier interés político o promesa de un gobierno. Hemos intentado, con claridad y rigor técnico, comunicar nuestras preocupaciones ante el proyecto de reforma 339 de 2023 y ante el deterioro acelerado que presenta nuestro sistema de salud en el último año. Nuestras voces han sido ignoradas”. Ese es el pronunciamiento que, a través de una misiva, hacen 20 exministros de salud como: Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz, Beatriz Londoño, entre otros.
En la carta los exministros de Salud, manifiestan que es un deber enfocarse en la humanización de los servicios y en los pacientes. “Son seres humanos luchando cada día por sus vidas. Por ejemplo, 86.000 mujeres colombianas enfrentan en la actualidad una batalla contra el cáncer de mama. Ellas y sus familias han contado con una red de hospitales y clínicas para recibir tratamientos y medicamentos, y lo hacen sin distinción política, social o económica”, dice el texto.
En el documento, los exministros formulan las siguientes preguntas: ¿Podrá el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), que propone el gobierno nacional, gestionar y asegurar la continuidad de esos tratamientos vitales? ¿Cómo responderá el Estado cuando la ADRES se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales, y los retrasos en los pagos amenacen la sostenibilidad de nuestros hospitales? ¿Y qué pasará con el medio millón de colombianos que enfrenta algún tipo de cáncer u otra enfermedad grave y que lucha día a día junto a médicos y enfermeras para salvar sus vidas?
Manifiestan que los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones. “Con ellos y con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del sector salud, hemos insistido en la importancia de trabajar en una reforma de salud que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos”, dicen.
También aseguran que la mayoría de los representantes a la Cámara de Representantes han aprobado artículos en bloque, sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley.
“La manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos días, falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho fundamental como el de la salud”, manifestaron.
Ratificaron su preocupación por los vicios de forma y de fondo y por el contenido del proyecto de ley 339 de 2023 que cursa actualmente en el Congreso de la República. Expusieron algunos de los puntos que les generan mayor preocupación.
1. Incumple mínimos constitucionales: El proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva.
2. Dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad: Si se aprueba la reforma a la salud como esta, múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones.
3. Elimina la libre elección: Si se aprueba la reforma a la salud, desaparecerá la posibilidad de elegir dónde seremos atendidos los usuarios y pacientes.
4. Desaparece el aseguramiento: Si se aprueba la reforma a la salud, las cuatro funciones esenciales de las EPS quedan dispersas en hospitales públicos de mediana y alta complejidad, secretarias de salud, Adres y Minsalud, y en los CAPS (entidades que no tienen el conocimiento, las capacidades ni la experiencia, lo que pone en riesgo la continuidad, oportunidad e integralidad de la atención), lo que lleva a una desarticulación del sistema y refleja poca claridad de cara a las personas que deberán moverse por el sistema a través de múltiples instituciones que no tienen precisas sus nuevas responsabilidades y funciones.
5. Sin UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera: Si se aprueba la reforma a la salud, ese valor fijo mensual dejará de pertenecer a cada persona y pasará a ser asignado directamente a los más de 25.000 CAPS para que atiendan a la población, siempre y cuando el presupuesto les alcance, sin que el acceso sea equitativo y sin garantías de que dicho cambio mejore los indicadores de salud de la población.
6. Se arriesga la gestión financiera: Si se aprueba la reforma, la Adres no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando. Al sistema le costó 30 años alcanzar la madurez institucional de operar el esquema actual, confiar en el desarrollo esporádico de capacidades, ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero.
7. Presenta mayor riesgo de corrupción: Si se aprueba la reforma, la concentración de las decisiones de ejecución de gasto en un solo actor, multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia; la ejecución de recursos públicos exige controles. No se pueden olvidar los múltiples aprendizajes en la operación del sistema derivados de desfalcos en instituciones públicas y privados que han simulado la existencia de pacientes y atenciones para cobrar altas cuantías de dinero al sistema.
8. Los trabajadores de la salud quedan en riesgo: Si se aprueba la reforma, cientos de miles de trabajadores del sector salud tienen en riesgo su bienestar y condiciones laborales. Engañosamente, se ha argumentado que la reforma a la salud mejorará las condiciones de empleo del talento humano en salud. Sin embargo, no existe un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formalización laboral en el sector.
9. Carece de aval fiscal para su sostenibilidad: Si se aprueba la reforma se desconoce su financiamiento. El análisis que debe recibir el Congreso debe hacerse a la luz del marco fiscal de mediano plazo, incluyendo sus fuentes.
No le queda nada bien a los “honorables” congresistas ser borregos. Y decir SÍ, a todos los artículos que nos llevan al despeñadero en materia de salud. ¿Cuánta mermelada habrán negociado? No lo sabemos, todavía.
Esperamos que los siguientes debates detengan este “desmadre” de la salud de los colombianos. Y ojalá Colombia despierte y proteste, pues de lo contrario esta podría ser la última Navidad, en que se diga SALUD.
