Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acusó al exgobernador Eli Cala López, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.
La investigación de la Fiscalía puso al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en el departamento de Casanare.
El 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador, Helí Cala López, suscribió un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.
Mediante esta figura, el organismo internacional celebró 59 cartas, acuerdos o contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.
Según la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley, más no cederse a un tercero cuando había dinero del departamento.
Adicional a ello el material indica que en uno de los acuerdos o cartas que contempló la continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial. Este proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., quien recibió un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.
El exmandatario participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, se quedó con recursos del departamento.
Por su parte, el exgobernador Whitman Herney Porras Pérez, entre septiembre de 2006 a diciembre de 2007, fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Estaría involucrado en los dos últimos acuerdos o cartas celebrados por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB). Este proceso investigativo se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
