Por Lola Portela
Una nueva tormenta política se ha desatado en el Congreso de la República tras la radicación de una consulta popular compuesta por 16 preguntas sobre derechos laborales y salud, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y la legitimidad del funcionario que la presentó.
El detonante del debate jurídico y político ha sido la figura del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actuando con funciones presidenciales delegatarias radicó la consulta en el Senado. Sin embargo, varios sectores señalan que su autoridad para hacerlo es cuestionable, ya que el decreto que le otorga facultades del presidente no incluye el artículo 104 de la Constitución, el cual faculta exclusivamente al jefe de Estado para convocar consultas populares de carácter nacional.
¿Puede un ministro convocar una consulta popular?
El artículo 104 de la Constitución Política de Colombia establece que solo el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previa aprobación del Senado, puede presentar una consulta de trascendencia nacional. El decreto que delegaba funciones presidenciales al ministro Jaramillo no contempla esta atribución específica, y además, expiró el pasado 17 de mayo, lo cual plantea un serio cuestionamiento sobre la validez del procedimiento.
Por tanto, si el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo no contaba con las facultades constitucionales para presentar esta consulta, el trámite estaría viciado de origen y el Congreso podría verse obligado a archivar la iniciativa hasta que el presidente Gustavo Petro, de regreso en el país, la firme directamente.
¿Una repetición irregular?
Más allá de la figura de Jaramillo, también se ha cuestionado si la consulta puede ser presentada nuevamente en la misma legislatura. La propuesta incluye 12 preguntas que ya fueron debatidas y rechazadas previamente, lo cual va en contra del artículo 190 del reglamento legislativo, que prohíbe la repetición de proyectos archivados en la misma legislatura.
Este punto ha sido clave para los críticos, quienes señalan que la reintroducción de estas preguntas —acompañadas por otras cuatro nuevas centradas en el sistema de salud— representa una forma de eludir los procedimientos legislativos establecidos.
Salud y política: ¿una herramienta electoral?
Los nuevos interrogantes incluidos en la consulta se relacionan directamente con la reforma a la salud propuesta por el gobierno, la cual aún no ha sido discutida en el Congreso. Esto ha llevado a sectores de la oposición a acusar al Gobierno Nacional de utilizar el tema de la salud, que actualmente atraviesa una crisis, como plataforma política.
“Lo que se ve aquí es oportunismo político. La consulta se convierte en una cortina de humo para ocultar la responsabilidad del Gobierno en el deterioro del sistema de salud, nos están matando los enfermos y a los sanos, por falta de atención“. Y otro paciente de cáncer dice: “antes teníamos medicamentos, tratamiento, pero ahora nada, hace 3 años es un desastre, pero este año ha sido el peor, ni quimio, autorizan” expresó un paciente afectado por la crisis en la salud.
Una consulta que divide
Mientras el Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha insistido en que la consulta anterior sigue vigente por presuntas fallas en la votación, los registros legislativos muestran que el trámite se llevó a cabo con normalidad. Esta posición ha sido interpretada por analistas como un intento del Gobierno de salvar la iniciativa, sin tener que reiniciar todo el proceso.
Por ahora, el tema está bajo revisión en los círculos jurídicos del Gobierno Nacional. La gran pregunta que se hacen varios sectores es si la consulta deberá ser retirada y radicada nuevamente, esta vez con la firma directa del presidente Petro.
En conclusión, la controversia por la consulta popular radicada por el ministro Jaramillo pone de manifiesto las tensiones entre legalidad y conveniencia política. Mientras el Gobierno insiste en la importancia de consultar a la ciudadanía sobre temas cruciales como salud y trabajo, el procedimiento irregular podría convertirse en un obstáculo insalvable que termine debilitando la misma propuesta que busca respaldar con el voto popular.
Lo cierto es que, más allá del contenido de las preguntas, el país asiste a un debate de fondo sobre el respeto a las normas constitucionales, la separación de poderes y el uso legítimo de los mecanismos de participación ciudadana.
