Por Lola Portela
El mapa de las 14 zonas de enfrentamiento entre grupos armados ilegales en Colombia no solo revela la persistencia del conflicto: también dibuja, con inquietante precisión, parte del terreno político donde la izquierda ha logrado consolidar apoyos decisivos. En regiones atravesadas por economías ilícitas, control territorial y débil presencia estatal, la disputa armada y la competencia electoral conviven en una tensión que redefine el poder local.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 376 municipios en 31 departamentos presentan algún nivel de riesgo de violencia para las elecciones, y 251 de ellos están en nivel alto o extremo. Es decir, más de la mitad del territorio en riesgo enfrenta condiciones que podrían afectar el desarrollo normal de la jornada electoral. “Desde 2010 no se veía un número tan alto de municipios en riesgo extremo”, advierte Diego Alejandro Rubiano, del Observatorio Político Electoral.
Los focos coinciden con zonas históricamente golpeadas por el conflicto: Antioquia, Cauca, Huila, Norte de Santander y Nariño encabezan la lista. En varias de estas regiones —como muestra la radiografía de las 14 “zonas de guerra”— operan disidencias de las Farc, el ELN y estructuras del Clan del Golfo, enfrentadas por el control de rutas del narcotráfico, minería ilegal y economías extractivas.
Sin embargo, más allá del mapa de la violencia, emerge otro patrón: en muchos de estos territorios, el debilitamiento de los partidos tradicionales ha abierto espacio a movimientos sociales, organizaciones campesinas e indígenas, y fuerzas políticas alternativas que hoy nutren el proyecto de la izquierda.
El Cauca: laboratorio político en medio del conflicto
El caso del Cauca es emblemático. Allí, 39 municipios están en riesgo electoral y 30 en nivel extremo. Al mismo tiempo, es uno de los territorios donde las organizaciones sociales han ganado protagonismo político.
“Los partidos tradicionales casi desaparecieron. La disputa es entre procesos comunitarios”, explica una lideresa campesina. En municipios rurales, las elecciones ya no enfrentan maquinarias clásicas, sino estructuras sociales que buscan representación institucional.
Sin embargo, esa transformación ocurre bajo presión. En el departamento se registran 20 hechos violentos recientes, desplazamientos, confinamientos y siete masacres. La presencia de grupos armados no siempre se traduce en sabotaje electoral directo, pero sí en control territorial y mensajes implícitos.
“Solo con que aparezcan armados en las veredas, ya hay presión”, señala la lideresa.
Violencia que no frena elecciones, pero sí condiciona votos
A diferencia de décadas pasadas, los grupos armados parecen menos interesados en boicotear elecciones y más en preservar su dominio. Según analistas como Yann Basset, su estrategia apunta a influir indirectamente: mantener acuerdos locales o evitar candidatos que amenacen sus economías ilegales.
El impacto es claro en la participación. El temor, los bloqueos y los desplazamientos reducen la asistencia a las urnas. En 2025, más de 107.000 personas fueron desplazadas y cerca de 129.000 confinadas, según la Defensoría del Pueblo.
“Si una comunidad es desplazada, prácticamente pierde su derecho al voto”, explica Basset.
Cárceles: otro termómetro del voto
Un dato poco visible, pero revelador, refuerza la lectura sobre la base social de la izquierda: el comportamiento electoral en las cárceles. En Bogotá, el entonces candidato a la Presidencia Gustavo Petro obtuvo una victoria contundente entre la población privada de la libertad.
En La Picota, la cárcel más grande del país, 355 internos votaron y la mayoría respaldó al Pacto Histórico. En La Modelo, Petro obtuvo 87 de 145 votos, y en El Buen Pastor, 22 de 64.
Aunque aparentemente se trata de un universo reducido, estos resultados reflejan afinidades políticas en sectores marginados del sistema, muchos de ellos provenientes de los mismos territorios golpeados por la violencia.
Fragmentación armada, reconfiguración política
El mapa actual muestra un conflicto fragmentado, con actores más pequeños y enfocados en economías ilegales. Pero también evidencia una reconfiguración política en marcha: territorios donde la ausencia del Estado permitió la expansión armada son hoy, paradójicamente, espacios donde emergen nuevas formas de representación.
La izquierda ha capitalizado parte de ese vacío, apoyándose en estructuras sociales que crecen en medio de la crisis. Sin embargo, ese avance ocurre en un terreno inestable, donde la línea entre participación democrática y control territorial sigue siendo difusa.
En Colombia, las urnas no están aisladas del conflicto. En muchas regiones, votar sigue siendo un acto atravesado por el miedo, pero también por la disputa de quién ejerce realmente el poder: si las instituciones o los actores armados que dominan el territorio.
