Por Lola Portela
El aumento del impuesto predial dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un conflicto social abierto. Las recientes actualizaciones catastrales, lejos de cerrar brechas, han desatado protestas en distintas ciudades del país, donde miles de ciudadanos cuestionan incrementos que, en muchos casos, no guardan relación con su capacidad de pago. Lo que emerge no es un simple malestar tributario, sino una señal de desajuste entre la política pública y la realidad económica.
El punto de quiebre está en la forma en que se tradujo la actualización del catastro multipropósito. El sistema —concebido como una herramienta de información— pasó, en la práctica, a convertirse en un detonante de mayores cargas fiscales sin una mediación suficiente. El Estado corrigió los datos sobre el valor de los predios, pero no calibró el impacto que esos nuevos avalúos tendrían sobre los contribuyentes. En ese desfase, entre lo que valen los inmuebles y lo que pueden pagar sus propietarios, se incubó la crisis.
Conviene precisar: el catastro no define impuestos ni fija tarifas. Es un instrumento que describe la realidad del territorio. Colombia cuenta con más de 18,2 millones de predios registrados, con un avalúo cercano a $1.989 billones, concentrado en más de un 84 % en zonas urbanas. Esta distribución no es una falla del sistema, sino el reflejo de cómo está estructurada la economía del país. El problema surgió cuando esa fotografía se trasladó casi automáticamente al cobro del impuesto predial.
El rezago histórico agrava el fenómeno. Con un atraso promedio de 16 años —y casos de más de tres décadas sin actualización—, el país pasó en poco tiempo de valores desfasados a cifras más cercanas al mercado. Pero ese salto técnico no vino acompañado de un diseño que amortiguara sus efectos. Se cerró la brecha de información, pero se abrió otra: la que separa el valor registrado de la capacidad real de pago.
Las cifras revelan además una profunda asimetría territorial. Bogotá concentra cerca de $779 billones en avalúos catastrales y aporta más del 37 % del recaudo del predial, mientras cerca del 91 % de los municipios apenas contribuye con menos del 10 %. El sistema fiscal local depende, en gran medida, de unos pocos centros urbanos con alta valorización, mientras la mayoría del país opera con bases débiles.
En este contexto, la supuesta progresividad del impuesto predial queda en entredicho. No existen evaluaciones sistemáticas que demuestren quién asume realmente la carga en relación con sus ingresos. La evidencia sugiere tensiones: en el campo, donde la tierra está altamente concentrada, el valor catastral es bajo; en las ciudades, donde se concentra el valor, los incrementos golpean a hogares con ingresos estancados. La consecuencia es una distorsión: el impuesto puede comportarse de forma regresiva en la práctica.
Los manifestantes señalan que se están registrando aumentos de hasta 1.000% en el impuesto predial predial.
Y por eso, las protestas, más que un rechazo a la modernización, evidencian un problema de diseño. El error no fue actualizar el catastro, sino asumir que esa actualización podía trasladarse directamente al bolsillo de los contribuyentes sin evaluar sus efectos.Corregir el rumbo exige, al menos, tres decisiones: medir la incidencia real del impuesto, diferenciar entre realidades urbanas y rurales, e introducir mecanismos que vinculen el cobro con la capacidad de pago. Porque lo que hoy está en juego no es la validez del catastro, sino la sostenibilidad de un sistema que, al ignorar esa relación, terminó llevando el debate de los escritorios a la calle.
