Por Lola Portela
La divulgación de grabaciones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista del país, destapó un nuevo frente de crisis para el Gobierno de Gustavo Petro. Los audios exponen lo que sería una trama de acercamientos clandestinos, presuntamente autorizados desde altas esferas del Ejecutivo, con ofrecimientos de beneficios judiciales, advertencias veladas y la intervención de intermediarios nacionales y extranjeros.
Según reveló Noticias Caracol, al menos cuatro emisarios habrían actuado en nombre del presidente para establecer contactos con Marín, incluso cuando este ya se encontraba fuera de Colombia. Entre ellos figuran el catalán Ramón Devesa, cercano al petrismo desde la campaña, e Isaac Beltrán, exasesor de la Uiaf, quien reconoció públicamente su papel como delegado en una reunión realizada en abril de 2024.
Las conversaciones —dos de ellas presenciales, entre febrero y marzo de 2025— evidenciarían intentos por negociar la entrega del llamado “zar del contrabando”, a cambio de garantías judiciales, seguridad y manejo discreto del proceso. En uno de los audios más reveladores, Lemus plantea abiertamente el alcance de la propuesta: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana (sic), y hasta donde quiera”.
El material también deja ver la preocupación por la información sensible que Marín dice poseer sobre el entorno presidencial. “Ahora es que llega él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos (…) Llegar a hacer eso es armar una hecatombe”, advirtió el abogado Luis Felipe Ramírez, subrayando la magnitud de lo que estaría en juego.
Además de Devesa y Beltrán, en los registros aparecen mencionados el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y la abogada Gloria Arias como posibles intermediarios. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de sus actuaciones y si estas contaban efectivamente con respaldo presidencial. “Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón. Estoy hablando de Ramón el español”, señaló Ramírez.
Uno de los puntos más delicados es la posible extralimitación de funciones por parte de funcionarios que, sin competencia judicial, habrían participado en negociaciones. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue enfática: “Es un abuso de función, es decir, están usurpando funciones que no son de la Uiaf, todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía”.
Las grabaciones también vinculan a Marín con propuestas para incidir en el orden público, particularmente en Buenaventura, mediante contactos con grupos como los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, en el marco de la política de Paz Total. “Si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad (…) hay una ley que nos permite eso”, se escucha decir a Lemus.
El escándalo revive, además, los cuestionamientos sobre presuntos intentos de infiltración de dineros del contrabando en la campaña presidencial de 2022. “Nosotros protegemos al presidente en la campaña para que no entraran 10.000 millones de pesos. Eso sí lo paramos y lo trancamos”, afirmó Lemus, aunque expresó dudas sobre la devolución de otros $500 millones que habrían sido canalizados a través del activista catalán Xavier Vendrell.
En medio de las contradicciones, Lemus sostiene que fue la defensa de Marín la que buscó al Gobierno, mientras que el abogado insiste en lo contrario: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno, con el aval directo del presidente”.
Por su parte, el presidente Petro, a través de su jefe de prensa, aseguró que los contactos tenían un único objetivo: lograr el regreso de Marín al país. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”, señaló, aunque admitió que algunos agentes habrían intentado aprovechar las gestiones para pedir dinero.
A 124 días del fin de su mandato, el jefe de Estado enfrenta así uno de los escándalos más delicados de su administración, mientras crece la incertidumbre sobre el contenido de la información que guarda Papá Pitufo y el verdadero alcance de los contactos revelados. La falta de respuestas de varios de los señalados mantiene en vilo un caso que ya sacude el panorama político nacional.
