Por Lola Portela
No todos los que empuñan un arma fuera del país pueden ser metidos en el mismo saco. En medio del creciente fenómeno de colombianos reclutados para conflictos internacionales, surge una discusión incómoda pero necesaria: ¿es justo llamar “mercenarios” a veteranos y reservistas, mientras se ignora el papel de exintegrantes de organizaciones criminales que hoy venden su experiencia armada al mejor postor?
Los soldados colombianos que hoy trabajan en el extranjero no operan al margen de la ley por definición. Muchos son contratados por empresas militares y de seguridad privada para apoyar operaciones estratégicas, bajo condiciones pactadas y con funciones específicas. Su formación, curtida en décadas de conflicto interno, los convierte en un recurso altamente demandado en escenarios internacionales.
Otra realidad, sin embargo, genera preocupación. Exmiembros de grupos armados ilegales, algunos con procesos judiciales pendientes, estarían aprovechando estos mismos circuitos para evadir la justicia y reciclar su experiencia en la guerra. Para ellos, el paso por el extranjero no siempre representa una segunda oportunidad legítima, sino una vía de escape.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más de 10.000 colombianos han sido reclutados para participar en conflictos en países como Ucrania, República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán y Yemen. A la par, en América Latina, naciones como México, Brasil, Ecuador, Perú y Haití también han captado a estos perfiles para tareas de seguridad, muchas veces en entornos donde las fronteras entre lo legal y lo criminal son difusas.
“El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades”, advirtió la experta Michelle Small, presidenta delGrupo de Trabajo sobre la utilización de mercenariosdurante, durante la presentación del documento, que recoge las conclusiones preliminares de una misión oficial realizada en Colombia entre el 16 y este viernes 27 de marzo.
El atractivo es claro: salarios que oscilan entre 2.500 y 7.000 dólares mensuales (10 a 25 millones), cifras muy superiores a las oportunidades disponibles en Colombia, para este grupo de hombres y mujeres capacitados. Detrás de esta migración armada hay un factor común: la vulnerabilidad económica de militares y policías tras su retiro. Sin una transición sólida a la vida civil, muchos encuentran en la seguridad privada internacional su única salida.
Expertos coinciden en que el problema no es solo externo, sino estructural. Aunque existen herramientas estatales como el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), su alcance es limitado y, en muchos casos, desconocido dentro de las propias filas. La falta de articulación institucional deja a miles de reservistas sin una ruta clara de reintegración.
Propuestas como fortalecer alianzas entre la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) y la Comisión Nacional del Servicio Civil podrían abrir nuevas oportunidades laborales para quienes han servido al país. La idea es clara: evitar que la falta de opciones empuje a los exuniformados hacia escenarios de riesgo o economías ilegales.
En un mundo marcado por conflictos crecientes, la demanda de combatientes experimentados seguirá en aumento. Colombia, con su historial, está en el radar. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿seguirá el país exportando experiencia militar por necesidad, o será capaz de ofrecer alternativas dignas para que sus veteranos construyan futuro dentro de sus propias fronteras?
El Grupo de Trabajo concluyó que “la revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
La lupa al negocio de mercenarios tomó impulso por la exportación de exmilitares colombianos hacia la guerra civil en Sudán. Más de 300 militares retirados colombianos hacen parte de la guerra civil de Sudán del lado del grupo golpista Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el conflicto interno más violento del mundo en este momento.
Sin embargo, muchos de los mercenarios colombianos en Sudán fueron llevados con engaños, con la idea de ir a trabajar a Emiratos Árabes.
El control del mercenarismo, más que una discusión semántica, se perfila como un desafío urgente para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Porque no se trata solo de quién combate, sino de por qué y para quién.
