Por Lola Portela
En Colombia a la justicia le falta mucho para realmente proteger a los niños frente a la violencia sexual.
La ley existe, pero como muchas es letra muerta; no tiene ni dientes en los territorios. El tema lo trae a colación el reciente caso en Casanare, donde unos padres luchan contra la “paquidérmica y raquítica justicia” colombiana, frente a la realidad de su pequeña hijita violada.
Por su puesto, la Ley 1146 de 2007 es clara: la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido mediante la fuerza, la coerción o el abuso de poder. Sin embargo, casi dos décadas después de su promulgación, la norma parece diluirse en la práctica cotidiana, donde los casos siguen en aumento y las respuestas institucionales no siempre logran estar a la altura de la urgencia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es la institución a donde llegan el 81 % de los casos por violencia sexual. Esa es la principal causa de ingreso. Según dicen para el restablecimiento de derechos. Y también la entidad tiene claro que las violencias sexuales que afectan a niñas y mujeres adolescentes ocurren en un alto porcentaje en entornos considerados seguros.
Lo insólito es que los menores no tengan esa seguridad en un CDI del mismo Bienestar Familiar.
Y es que el más reciente episodio que enciende las alarmas ocurrió en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare. Allí, una niña de tres años habría sido víctima de agresión sexual dentro del mismo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Gavancitos, un espacio que debería garantizar su protección integral. La denuncia, conocida el pasado 10 de marzo, activó de inmediato el denominado “Código Gris”, protocolo de atención urgente en casos de violencia sexual.
Según confirmó la madre y el personero municipal, Óscar Ballesteros, la menor recibió valoración médica inmediata y se articuló la intervención de la Comisaría de Familia, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Aun así, la madre de la víctima ha manifestado incertidumbre frente a la velocidad del proceso, una percepción recurrente en este tipo de casos.
Prensa Llanera contactó a la madre quien narró que el día de los hechos los padres recogieron a la menor en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Gavancitos, y la niña, estaba muy callada, pero los padres pensaron que era normal por su timidez. Al llegar al lugar de trabajo de la mamá, la menor pidió ir al baño, y allí comenzó el drama, pues al intentar orinar la niña expresó que le dolía su vagina y lloraba. En medio de la angustia, la madre la revisó y, “con el corazón en la mano, al temer lo peor”, acudió a la droguería de su amiga y vecina del lugar. “En medio del llanto de la niña, confirmamos que la niña estaba lastimada y tomamos fotos”. El padre decide que deben llevarla de urgencia al hospital y “al recoger la ropa interior de la menor encontramos sangre ya seca”. En el hospital al revisarla encontraron lesiones externas e internas en la parte íntima de la niña. Y le tomaron muestras para llevarlas a medicina legal.
Las autoridades insisten en que las investigaciones avanzan “bajo los tiempos establecidos por la ley”, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN, que ya realizaron entrevistas especializadas. El proceso de restablecimiento de derechos continúa bajo seguimiento institucional, pero lentamente. Mientras tanto el delincuente sigue libre, y tal vez buscando otra víctima.
Este caso no es aislado. Es el tercero reportado en lo corrido de 2026 en ese municipio de Casanare, una cifra que las autoridades califican como alarmante. Y es también reflejo de una problemática nacional que adopta múltiples formas: abuso sexual, violación, explotación, trata con fines sexuales e incluso violencia en contextos de conflicto armado.
Pese a que Colombia cuenta con una ruta de atención intersectorial que involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el sector salud, la Fiscalía, la Policía, instituciones educativas y organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, la efectividad de esta red sigue siendo cuestionada en la práctica.
El ICBF hasta dispone de la línea gratuita 018000112440, que ofrece atención confidencial, profesional y con cobertura nacional, además de activar de inmediato la ruta de atención. No obstante, la persistencia de los casos evidencia que la prevención y la protección siguen siendo insuficientes.
Frente a este panorama, la Personería de San Luis de Palenque ha intensificado jornadas pedagógicas en escuelas rurales, enseñando a los menores que su cuerpo es inviolable y promoviendo la denuncia. Son esfuerzos valiosos, pero que resultan limitados frente a una problemática estructural y una sociedad enferma, malvada que pasa por encima de la inocencia de los menores en Colombia.
La violencia sexual contra menores en Colombia no solo expone fallas en la protección institucional, sino también profundas brechas sociales y culturales. La ley existe, tal vez demasiado blanda, las rutas están definidas, pero en muchos territorios la realidad demuestra que siguen siendo, en gran medida, letra muerta.
Durante el 2025, se registraron más de 12.000 casos de abuso sexual infantil en Colombia. Por eso, el reto para el nuevo Presidente de Colombia y los legisladores del Congreso de la República debería ser ponerse de acuerdo y encontrar soluciones reales. Tal vez, llegó la hora de ajustar las leyes, con aumento de penas y establecer centros de reclusión donde el delincuente sienta temor de llegar.
