Por Lola Portela
En medio de un consejo de ministros realizado el 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro dio una instrucción clara: todas las EPS en quiebra deben ser liquidadas. “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas”, afirmó.
Acto seguido, volvió a responsabilizar al Congreso por no haber aprobado su reforma a la salud. También criticó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que ordenaba trasladar a seis millones de usuarios a EPS intervenidas y no intervenidas, principalmente a la Nueva EPS. Pese a ello, el mandatario insistió en que presentará nuevamente la reforma el 20 de julio, junto con una reforma tributaria, cuando se instale el nuevo Congreso y poco antes de la posesión de un nuevo Presidente de Colombia.
Aunque no es claro si el Gobierno tiene la facultad legal para liquidar EPS, esta decisión implicaría riesgos significativos para un sistema que ya enfrenta una profunda crisis. Además, abre la puerta a un escenario de alta concentración de afiliados en entidades públicas, especialmente en la Nueva EPS, que podría llegar a agrupar cerca de 25 millones de usuarios. Para distintos analistas, este panorama no apunta hacia una mayor estatización del sistema de salud, por el contrario representa resgresar a modelos de hace varias décadas, como el Seguro Social. Es decir que el Estado controle al 100% la salud.
En enero, Petro había señalado que “es mejor liquidarlas que mantenerlas, dado que al tenerlas se paga el pasado y no el presente”. Esta afirmación se basó en un concepto del Consejo de Estado sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La alta corte determinó que las EPS sí pueden destinar esos recursos —orientados a la atención de sus afiliados— al pago de deudas de años anteriores, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
No obstante, el Consejo de Estado aclaró que se trata de una posibilidad y no de una obligación, lo que significa que las EPS no están forzadas a hacerlo en todos los casos, aunque tampoco es ilegal.
El anuncio del presidente añade incertidumbre a un sector golpeado por dificultades financieras y una pérdida de confianza entre sus actores. Además, es un escenario viable desde el punto de vista legal, en el que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, tiene un papel determinante.
Según explicó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, cuando una EPS es intervenida, la medida se mantiene hasta que se corrijan las condiciones que dieron lugar a la intervención, como los indicadores financieros y de salud. “Se espera que haya una mejoría que permita levantar la intervención; si no ocurre, deben liquidarse”, precisó.
Vesga también advirtió que las EPS intervenidas acumulan un patrimonio negativo cercano a los $14 billones, una situación difícil de revertir sin la entrada de nuevos inversionistas, algo que considera poco probable en el contexto actual.
Por su parte, el economista de la salud Paúl Rodríguez explicó que para liquidar una EPS se requiere el concepto de la Superintendencia de Salud. “Lo habitual es intervenir cuando la situación es crítica y, en la mayoría de los casos, esto termina en liquidación. En este caso, se intervinieron cuando no estaban tan mal, lo cual ha generado debate”, señaló.
Ante la eventual liquidación de las EPS, surge la preocupación por el destino de sus afiliados. Generalmente, estos son trasladados a otras entidades, teniendo en cuenta factores como la cobertura regional y la competencia. Sin embargo, Rodríguez advierte que replicar este proceso en las condiciones actuales sería “inimaginable”.
Como antecedente, recordó el caso de Saludcoop, que tenía 5,2 millones de afiliados y fue liquidada en 2016. Sus usuarios fueron trasladados a Medimás y Cafesalud, entidades que posteriormente también desaparecieron. Según el experto, repetir una situación similar hoy “sería un desastre de proporciones bíblicas”.
La lista no es pequeña y suma a más de 12 millones de ciudadanos que podrían ver cambios en su atención. Las entidades que están en el ojo del huracán por su situación financiera incluyen a nombres conocidos por todos como Famisanar, que cuenta con 2,9 millones de afiliados, y Coosalud, con 3,2 millones.
También se suman a este grupo de riesgo Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, el Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca. En total, estamos hablando de un grupo masivo de colombianos que, de concretarse las liquidaciones, tendrían que ser trasladados a otras operadoras que sigan en pie.
Los usuarios deben mantenerse muy pendientes de los anuncios de la Superintendencia de Salud, que será la encargada de guiar cualquier proceso de transición de afiliados para que nadie se quede sin sus tratamientos o medicinas en medio de este reajuste nacional.
Por ahora, queda por verse cómo se materializa esta orden y cuáles serán sus efectos reales sobre el sistema de salud colombiano. También se cree que es una estrategia de campaña electoral, que podría salierle muy mal a la izquierda, como el aumento del salario mínimo que ya cobra resultados negativos para Petro.
