Por Lola Portela
El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate nacional al pronunciarse sobre las críticas que ha suscitado el borrador de decreto que propondría trasladar más de $25 billones desde cuentas de ahorro individual —administradas por fondos privados— hacia Colpensiones. La discusión, lejos de apaciguarse, ha escalado hacia un terreno particularmente sensible: el manejo de los recursos que millones de colombianos han ahorrado durante años para su vejez.
Desde el Gobierno, la medida se presenta como un paso necesario para fortalecer el régimen público y corregir desigualdades estructurales del sistema pensional. Petro ha insistido en que el objetivo es ampliar la cobertura y garantizar el pago de pensiones, en un contexto donde muchos trabajadores no logran pensionarse bajo el esquema privado.
Sin embargo, el núcleo de la controversia radica en la naturaleza misma de los recursos en juego. Diversos sectores advierten que no se trata de dinero estatal, sino de ahorros individuales construidos a lo largo de la vida laboral. Bajo esta óptica, utilizar esos fondos para buscar mecanismos de “igualdad” implicaría intervenir directamente en el patrimonio de los ciudadanos más organizados financieramente, aquellos que sí lograron ahorrar para su vejez. Para los críticos, el riesgo es claro: se abriría la puerta a una medida que podría interpretarse como una expropiación de facto de las pensiones.
Las alertas también provienen del frente técnico y jurídico. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) señaló que el borrador del decreto exigiría a las AFP girar esos recursos en un plazo de 15 días tras su expedición, una disposición que, según el gremio, contraría lo establecido en la ley.
En particular, el artículo 76 de la ley 2381 establece que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual […] seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión”. Asimismo, el artículo 24 señala que los recursos provenientes de traslados deben dirigirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, fue enfático al advertir que el proyecto de decreto “agrava aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”. El gremio, además, hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a los distintos actores del sistema para revisar la iniciativa y evitar decisiones que puedan alterar lo aprobado por el Congreso.
Más allá del debate técnico, el episodio ha reavivado una discusión de fondo sobre la confianza en las reglas del sistema pensional. La posibilidad de modificar, vía decreto, el destino de ahorros individuales introduce un elemento de incertidumbre que podría tener efectos no solo en los afiliados actuales, sino también en la percepción de seguridad jurídica y en el comportamiento futuro del ahorro en el país.
En ese escenario, el Gobierno enfrenta un delicado equilibrio: avanzar en su agenda de reforma social sin erosionar la confianza de quienes han construido su protección para la vejez bajo las reglas vigentes. El desenlace de esta controversia marcará no solo el rumbo del sistema pensional, sino también la relación entre el Estado y el ahorro privado en Colombia.
