Por Lola Portela
Una serie de denuncias que reposan en la Fiscalía General de la Nación ponen bajo la lupa el manejo de los gastos reservados del Ejército. Los señalamientos apuntan a presuntas apropiaciones indebidas de recursos destinados al pago de recompensas e inteligencia, en medio de operaciones contra grupos armados ilegales y de la política de incentivos para ubicar objetivos de alto valor.
El caso se destapó tras la muerte de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, hombre de confianza de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc. El 25 de abril del año pasado, el Ministerio de Defensa informó que Paisa Duber había muerto en una operación militar en selvas entre Caquetá y Guaviare. Un año antes, en 2024, se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información para ubicarlo; en 2025, el monto se elevó a 100 millones.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compartió la noticia a través de su cuenta de X, donde detalló que el abatimiento de alias ‘Paisa’ representa un “golpe contundente” a las disidencias de las Farc.
Según el informe oficial, Edilberto Marín Gómez, su nombre real, era uno de los principales reclutadores de menores de edad para el grupo y había estado al mando de la estructura ‘Armando Ríos’ durante más de ocho años. Durante este tiempo, Marín Gómez fue responsable de una serie de crímenes violentos, entre los que se incluyen homicidios, ataques con explosivos y el reclutamiento forzado de menores.
Para dar con el cabecilla, Ejército y Policía ejecutaron un plan de infiltración que logró reclutar a un integrante cercano a Paisa Duber. La fuente aportó información detallada sobre sus movimientos y permitió introducir un dispositivo electrónico en sus pertenencias, lo que habilitó el seguimiento en tiempo real. Sin embargo, el infiltrado —alias Brandon— fue descubierto, torturado y asesinado, según panfletos de las disidencias fechados el 14 de abril de 2025. Pese a ello, el dispositivo continuó transmitiendo señales que condujeron a una operación conjunta en la que murieron Paisa Duber y alias Pollo Purino.
La operación fue presentada como un golpe estratégico. No obstante, una denuncia radicada el 15 de enero ante la Fiscalía sostiene que tres militares de inteligencia —un teniente coronel, un mayor y un sargento— habrían montado un plan para apropiarse de recursos de la recompensa. Según el documento, los uniformados habrían usado a una informante conocida como alias la India, registrada previamente en los sistemas del Ejército, para simular que ella aportó la información decisiva. La mujer habría sido instruida con un guion y datos sensibles para sustentar el pago ante el comité de recompensas.
La directiva ministerial 012 autoriza pagos por información de objetivos de alto valor de hasta 1.153 salarios mínimos mensuales. En este caso, la denuncia asegura que se solicitó un desembolso de 594 millones de pesos. Un oficial alertó sobre presuntas irregularidades y advirtió que la informante no habría aportado datos clave sobre la estructura y ubicación del frente disidente. A partir de ese momento, se habría desatado una confrontación interna con traslados y señalamientos contra quienes denunciaron los hechos.
Las acusaciones no se limitan a ese episodio. Otra investigación en curso se refiere a un ataque del ELN contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, en septiembre de 2024, que dejó tres militares muertos y 26 heridos. Fuentes señalan que el atentado había sido advertido días antes y que un mayor del Ejército fue comisionado para labores de inteligencia y contrainteligencia. La denuncia indica que el oficial habría presentado un informe falso para justificar el uso de recursos de gastos reservados, pese a que habría permanecido en otra guarnición durante los días reportados. Para los investigadores, de haberse cumplido la misión, el ataque pudo evitarse.
Un tercer frente de indagación involucra al general Federico Mejía, entonces comandante del Comando Específico del Cauca. Documentos conocidos por este medio registran pagos para rubros logísticos —como internet, alojamiento, papelería, reparaciones y compra de equipos— que, según fuentes militares, no estarían permitidos dentro de los gastos reservados. El general aseguró no conocer las denuncias y pidió que se investigue para establecer responsabilidades. El Ejército confirmó que el caso fue informado al Comando y que se adelantan revisiones internas.
Cabe precisar que el Brigadier General Federico Mejía Torres se ha destacado por el logro de operaciones a nivel nacional.
Para algunos colombianos lo del General Mejía es un “montaje”: “estaria relacionado con lo que dijo el militar en uno de sus discursos a la tropa. Y es que el General afirmó una verdad, “el Ejército es de los colombianos y no de un Gobierno”. Realmente Eso le costó la investigación”; afirman sus defensores en redes.
En un contexto de deterioro de la seguridad y aumento de amenazas terroristas en Colombia, las denuncias sobre presuntos malos manejos de fondos confidenciales generan preocupación no sólo institucional, sino nacional e internacional. La Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar si hubo irregularidades administrativas, operacionales o hechos de corrupción. La Justicia, ahora, deberá establecer responsabilidades.
