Por Lola Portela
El proyecto insignia del Gobierno Petro para llevar energía solar a comunidades vulnerables del Caribe muestra un grave desbalance entre ejecución financiera y resultados reales. Aunque los contratos avanzan en pagos y actos oficiales, ninguna de las granjas solares presentadas como inauguradas en 2025 ha entregado energía efectiva, pese a que ya se han desembolsado decenas de miles de millones de pesos en recursos públicos.
El principal beneficiario del programa es el empresario Euclides Torres, financiador de la precampaña presidencial, cuyas empresas y uniones temporales concentraron contratos por cerca de $180 mil millones a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
El contrato más grande, adjudicado a la Unión Temporal Energiza por $95 mil millones, ya registra desembolsos por $38 mil millones, aunque no ha generado un solo kilovatio para las comunidades. El plazo contractual era de 18 meses y venció en diciembre de 2025, sin que se cumplieran los objetivos centrales del proyecto.
De las seis granjas solares que Fenoge ha presentado públicamente como entregadas en municipios del Caribe, ninguna está conectada al sistema eléctrico nacional. La infraestructura fue construida, pero permanece inactiva. Autoridades locales y el propio fondo reconocen que los proyectos están detenidos por trámites administrativos básicos, como la cesión legal de los activos a los municipios, condición indispensable para su conexión a la red.
Pese a ello, los proyectos fueron difundidos como inauguraciones oficiales, con presencia de funcionarios del Gobierno, incluidos directivos de Fenoge y del Ministerio de Minas y Energía. La energía no fluye, los beneficiarios no existen y, aun así, los contratos continúan su curso financiero.
El contrato incluía dos componentes estratégicos: la construcción de granjas solares para reducir la factura eléctrica de unos 12 mil hogares vulnerables y la instalación de 1.597 paneles solares individuales en viviendas y pequeños negocios. Este último componente, promovido públicamente por el presidente Petro como un eje de la democratización energética, no ha iniciado. Ningún panel casa a casa ha sido instalado.
La ausencia de resultados también se refleja en la falta de beneficiarios definidos. Meses después de finalizadas las obras físicas, los hogares que recibirían descuentos en la factura siguen en etapa de “preselección”, según información oficial de Fenoge. En términos prácticos, se trata de infraestructura financiada con recursos públicos que no presta ningún servicio.
Fenoge ha señalado que el contratista enfrentó dificultades para definir los municipios beneficiarios, alegando problemas de orden público, falta de terrenos y obstáculos administrativos. Sin embargo, varios proyectos fueron anunciados públicamente antes de que existieran condiciones mínimas para su ejecución. En El Cabo de la Vela, La Guajira, el Gobierno anunció una granja solar en octubre de 2024; un año después, informó a la comunidad que el proyecto fue descartado.
El caso deja abiertas preguntas de fondo sobre la planeación, supervisión y control del gasto público: ¿por qué se autorizaron desembolsos millonarios sin que los proyectos estuvieran en capacidad de operar?, ¿qué seguimiento hizo Fenoge al cumplimiento de los plazos y entregables?, ¿quién responde por infraestructura inactiva financiada con recursos del Estado?
Mientras no hay energía, ni beneficiarios, ni reducción en las tarifas, los pagos avanzan. El riesgo es que la “Colombia Solar” termine convertida en un caso más de ejecución contractual sin resultados, con posibles implicaciones fiscales y administrativas aún no evaluadas por los organismos de control.
