El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena contra el expresidente tras declarar inválidas las pruebas clave del proceso.
Por Lola Portela
Este martes 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión que marca un antes y un después en uno de los casos más mediáticos del país: absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de todos los cargos penales en su contra. La lectura del fallo comenzó a las 8:00 a. m. y concluyó pasadas las 10:30 a. m., dejando al exmandatario sin condenas vigentes.
El tribunal revocó en su totalidad la sentencia de primera instancia que lo había hallado culpable y lo había condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigo. Según la nueva resolución, las pruebas que sirvieron como base para esa condena –en particular las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena– fueron obtenidas de manera irregular y, por lo tanto, carecen de validez legal.
Este hallazgo resultó determinante para el nuevo fallo, ya que gran parte de la acusación inicial se apoyaba en esas grabaciones, que ahora han sido descartadas por violar garantías fundamentales del debido proceso. La decisión del Tribunal no solo anuló esas pruebas, sino que también concluyó que no existen elementos válidos para sostener los cargos.
En el caso relacionado con el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, el Tribunal también dictó una decisión favorable al exmandatario, al declarar que no hubo soborno de testigos. Así, Uribe queda exento de responsabilidad penal en ambos procesos.
El juicio, que ha sido seguido de cerca por su impacto político y jurídico, queda así profundamente modificado. Con la eliminación de las pruebas clave, las bases del proceso judicial se desploman, lo que deja sin efecto la condena previa emitida por la jueza Sandra Heredia en primera instancia.
Este fallo representa un punto de inflexión en la trayectoria judicial del expresidente Uribe, cuyo caso ha generado intensos debates en Colombia sobre el uso de pruebas, el poder judicial y el alcance del fuero político.
