Por Lola Portela
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ejecutó una inyección de más de 20.000 millones de pesos en contratos públicos en apenas dos semanas, con el objetivo de asegurar la continuidad de su ambiciosa política de “paz total”. La adjudicación se realizó justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías, que restringe este tipo de contrataciones durante el periodo electoral.
Según reveló El Espectador, los recursos fueron destinados a financiar logística, seguridad y eventos relacionados con las negociaciones en curso con grupos armados ilegales, disidencias y bandas criminales. Las contrataciones se han canalizado principalmente a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, que en el último mes firmó convenios por más de 16.000 millones de pesos.
A este monto se suman 6.500 millones ejecutados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de junio, para garantizar la seguridad de los participantes en las mesas de diálogo.
Uno de los contratos más representativos es un acuerdo por 10.000 millones de pesos entre el Fondo Paz y la empresa estatal Servicios Postales Nacionales 4-72, firmado apenas un día después de que la Agencia Nacional de Contratación advirtiera sobre el inicio del periodo de restricciones legales. Este convenio contempla la realización de al menos 170 eventos en los próximos cuatro meses, en el marco de las negociaciones con estructuras armadas como las disidencias de alias Calarcá, el Frente Comuneros del Sur, el Clan del Golfo y bandas urbanas de Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Logística millonaria para eventos y desplazamientos
Solo los encuentros con el Estado Mayor de alias Calarcá costarán 3.060 millones de pesos, incluyendo infraestructura de comunicación en Catatumbo y distribución de insumos en Tibú. Otros espacios de diálogo, como la mesa en Nariño o con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tienen presupuestos asignados de 1.420 millones y 2.518 millones, respectivamente.
La movilización de funcionarios también ha representado un gasto importante: el 19 de septiembre, la Casa de Nariño ordenó contratar tiquetes aéreos por 1.000 millones de pesos a través de la empresa Pubblica S.A.S., para facilitar viajes nacionales e internacionales de la Consejería para la Paz y el Fondo Paz. Uno de estos desplazamientos incluyó el viaje de 12 delegados a Catar, en un esfuerzo por reforzar la confianza con el Clan del Golfo.
El Gobierno justificó estos gastos afirmando que “el tránsito hacia la paz exige una presencia constante en los territorios” por parte de representantes del Ejecutivo, organismos internacionales y actores sociales involucrados en el proceso.
También se ejecutaron otros contratos claves: 319 millones con el Comando de Ingenieros Militares para la destrucción de armamento, y 810 millones con la División de Asalto Aéreo, para garantizar horas de vuelo en zonas de difícil acceso.
En paralelo, el presidente Petro firmó un decreto para suspender operaciones militares en zonas de Nariño y Putumayo, donde las disidencias de alias Walter Mendoza entregaron 14 toneladas de material de guerra.
Contratistas bajo la lupa
La selección de contratistas ha generado críticas desde sectores de oposición. En particular, el rol de 4-72 como operador logístico ha sido cuestionado, dado que la empresa estaba originalmente enfocada en servicios postales. Sin embargo, la entidad sostiene que ha ejecutado más de 157.000 millones en contratos logísticos previos, con entidades como el Ministerio del Deporte, el DANE y la Unidad de Víctimas.
La empresa Pubblica S.A.S., encargada de los tiquetes aéreos, también ha sido señalada por haber concentrado millonarios contratos con múltiples entidades estatales.
Avances y tensiones en la estrategia de paz
La urgencia en la contratación se explica por la circular emitida por Colombia Compra Eficiente el 25 de septiembre, que recordó a las entidades públicas la prohibición de celebrar contratos directos desde el 8 de noviembre, en virtud de la Ley de Garantías.
A nivel político, la implementación de la “paz total” está en manos de una tríada clave del gabinete: los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Justicia, Eduardo Montealegre; y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. Sin embargo, tensiones internas —incluidas filtraciones de chats y acusaciones entre Benedetti y Montealegre— han obligado al presidente a intervenir para mantener la cohesión del equipo.
En paralelo, se han renovado contratos de negociadores y asesores como Vera Grabe, Feliciano Valencia, Yezid Arteta, Rodrigo Botero y Fabio Valencia Cossio, con montos individuales entre 91 y 175 millones de pesos.
Finalmente, el Gobierno también busca fortalecer la participación ciudadana en el proceso. Un contrato por 1.216 millones de pesos con la fundación Ficonpaz, vinculada a la Arquidiócesis de Bogotá, tiene como meta robustecer los Consejos Territoriales de Paz en las regiones.
Pese a los señalamientos sobre la idoneidad de los operadores y los tiempos de adjudicación, el Ejecutivo insiste en que el despliegue territorial y la inversión acelerada son necesarios para avanzar en los acuerdos, mantener los ceses al fuego y desmontar las economías ilegales que alimentan el conflicto.
