Por Lola Portela
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la polémica decisión del presidente Gustavo Petro de designar como gestores de paz a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), condenados por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Cabal cuestionó la legalidad de la Resolución 327 de 2025, emitida por la Presidencia de la República, al señalar que esta contraviene los límites establecidos por la Ley de Paz Total. Este acto, explicó, no solo vulnera el principio de legalidad y desconoce la Constitución al permitir el nombramiento de personas ya desmovilizadas y judicializadas por graves delitos. señalando que la medida viola la ley y revictimiza a los colombianos.
“El decreto no solo viola la ley, también revictimiza a los colombianos y representa un retroceso inaceptable en materia de justicia. No permitiremos que se legitime políticamente a quienes han causado tanto dolor”, afirmó la senadora durante el anuncio de la acción judicial.
La demanda solicita la nulidad de la resolución y pide su suspensión provisional, argumentando que el acto administrativo vulnera principios constitucionales como la legalidad, la igualdad, la dignidad humana y los derechos de las víctimas. Entre los artículos que, según Cabal, fueron infringidos, se encuentran los artículos 6, 12, 13, 22, 22A, 29, 93, 121 y 189 de la Constitución Política.
Y enfatizó que las víctimas aún esperan verdad, justicia y reparación. No es posible que se premie con legitimidad política a quienes han sembrado dolor en miles de familias. “La verdadera paz se construye con justicia y no con impunidad”, enfatizó la senadora. “Una paz construida sobre la impunidad es una paz falsa. La verdadera reconciliación solo es posible con verdad, justicia y reparación”, enfatizó Cabal, reafirmando su compromiso con la institucionalidad y con quienes han sufrido la violencia en Colombia: las víctimas.
Los designados como Gestores de Paz, según la resolución, son: Héctor José Buitrago Rodríguez, “Alias Martin Llanos”, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giralda Serna, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar Pupa, Rodrigo Pérez Álzate, Fredy Rendón Herrera, Edward Cobas Téllez, Arnubio Triana Mahecha, y Héctor Germán Buitrago Parada.
Además, la Resolución 327 de 2025 precisa que la designación como gestores de paz sería hasta el seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026). Durante este período, sus actividades se desarrollarían en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de trabajo que se suscriba en cada caso.
Con esta acción, la senadora María Fernanda Cabal precisa que ratifica su compromiso con la defensa de la institucionalidad y la protección de las víctimas de la violencia en Colombia, al tiempo que advierte que el gobierno Petro pretende utilizar la figura de los “gestores de paz” como un mecanismo de impunidad y de manipulación política.
