Por Lola Portela
La condena a 7 miembros del antiguo secretariado de las Farc, emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha desatado una nueva ola de controversia en Colombia. La decisión judicial, que por primera vez sanciona a los máximos líderes de esa guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reabre un debate fundamental del proceso de paz: ¿dónde trazar la línea entre justicia y perdón?
Los excomandantes de las Farc, responsables de más de 21 mil secuestros, no pisarán una cárcel. En su lugar, cumplirán sanciones restaurativas bajo la supervisión de la JEP, una jurisdicción nacida del Acuerdo de La Habana que busca privilegiar la verdad, la reparación y la no repetición sobre el castigo penal tradicional.
Una sentencia que divide al país
La decisión de la JEP ha polarizado profundamente a la sociedad colombiana. Para algunos, se trata de un paso doloroso pero necesario para consolidar la paz. Para otros, es una afrenta imperdonable a las víctimas del conflicto.
“Este es un mensaje de impunidad. Siento mucha frustración y creo expresar el sentir de millones de víctimas de las Farc”,
afirmó el coronel (r) César Augusto Lasso, secuestrado durante la toma guerrillera de Mitú y liberado 14 años después.
Incluso la familia del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, asesinado por las Farc tras más de un año en cautiverio, expresó su inconformidad con la sentencia.
A esto se suma la recordada frase del expresidente Juan Manuel Santos, quien defendió la implementación de la justicia transicional dice: “Había que tragarse ese sapo”.
Cabal: “Sin justicia no hay reparación”
Una de las voces más críticas ha sido la de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien desde el inicio se opuso al Acuerdo de Paz y ha cuestionado con dureza a la JEP. En recientes declaraciones, la legisladora reafirmó que: “Sin justicia no se puede hablar de reparación a las víctimas”.
Cabal también anunció que, en caso de llegar a la Presidencia, apoyará a las víctimas y promoverá acciones ante la justicia internacional para exigir responsabilidades penales a los exjefes guerrilleros por delitos de guerra y lesa humanidad. En su cuenta de X (antes Twitter), publicó:
“Son 8 años de JEP con un gasto superior a los USD 3 billones, ¿para qué? En mi gobierno acompañaré a las víctimas para actuar ante la justicia internacional para que las Farc respondan”.
En un video adjunto a su publicación, la senadora profundizó su crítica: “Lo dije desde el principio: el Acuerdo de La Habana fue un pacto de élites. Entre la élite política colombiana, que se inclina a la izquierda para no ser molestada, y la élite de las Farc, que no eran campesinos, sino una empresa criminal transnacional y multimillonaria”.
Una sentencia colmada de retórica poética
El acuerdo firmado en La Habana fue claro:
- No habría amnistía ni indulto para crímenes de lesa humanidad, genocidio o secuestro.
- Sin embargo, sí permitía sanciones distintas a la prisión para quienes aportaran verdad plena y reconocieran su responsabilidad.
Responsabilidad de mando
Los miembros del Secretariado omitieron controlar a sus guerrilleros, lo que permitió abusos como:
Esclavitud
Malos tratos
Asesinatos
Violencia sexual
Un mensaje al mundo, pero no a las cárceles
Las cifras son contundentes. Según la Comisión de la Verdad, las Farc asesinaron a 94.000 personas, desaparecieron a 29.000 y reclutaron a más de 18.000 menores entre 1985 y 2019. La JEP, por su parte, documentó más de 21.000 secuestros atribuidos a ese grupo guerrillero.
Justicia restaurativa: ¿suficiente?
La JEP impuso a los excomandantes sanciones restaurativas como:
- Participación en proyectos de desminado humanitario
- Búsqueda de desaparecidos
- Reparación simbólica
- Labores agrícolas y ambientales
El primer proyecto se implementará en el cementerio central de Palmira (Valle), donde los excombatientes deberán recolectar y sistematizar información de personas desaparecidas.
También deberán colaborar con el proyecto Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y participar en la siembra de árboles en zonas afectadas por el conflicto.
No obstante, su ejecución está en duda. Hasta ahora, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha incorporado los recursos necesarios en el presupuesto nacional ni ha tomado medidas para facilitar su implementación.
¿Un fallo para pasar la página?
La sentencia es vista por muchos como un intento de cerrar un capítulo de la historia del conflicto armado colombiano, pero también ha generado la percepción de que la justicia se acomoda a los victimarios y no a las víctimas.
“La discrecionalidad era un rasgo inherente a la política ordenada por el Secretariado, la cual convertía a los seres humanos en cosas, cuyo valor no radicaba en su dignidad, sino en su valor de intercambio”, señala el fallo de la JEP, en uno de sus apartes más contundentes.
Aunque la Sala de Reconocimiento ha aportado una verdad invaluable sobre la magnitud y crueldad del secuestro, la falta de castigos privativos de libertad y la incertidumbre sobre la ejecución de las sanciones dejan en muchos colombianos una sensación de vacío e injusticia.
Conclusión
La sentencia de la JEP, aunque histórica y sin precedentes en el marco de un proceso de paz, no logra cerrar las heridas ni garantizar plenamente la reparación a las víctimas. El país sigue dividido entre quienes ven en esta decisión una esperanza para dejar atrás el conflicto, y quienes consideran que representa una claudicación de la justicia frente al crimen.
Por esta razón, la JEP es duramente criticada por tan “irrisoria” sanción a los exjefes de las FARC, por secuestro. Y el organismo ordenó a la Unidad Nacional de Protección – UNP “fortalecer sus esquemas de protección”. De esa manera, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, tendrán más seguridad para que “cumplan sus sanciones”.
En medio de esta tensión, la frase del expresidente Santos sigue resonando: “Había que tragarse ese sapo”. Pero para muchos colombianos, ese sapo sigue atascado en la garganta.
