Por Lola Portela
Entre 2012 y 2024, el Estado colombiano ha destinado $70.546 millones del presupuesto público a procesos de diálogo con grupos armados ilegales, entre ellos las FARC, el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia, el Frente Comuneros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de esta inversión multimillonaria, la violencia persiste en amplias zonas del país, y crece la indignación entre los ciudadanos que exigen resultados reales y una mayor presencia del Estado en los territorios.
En el caso del ELN, uno de los grupos con mayor historial de violencia, secuestros y ataques terroristas, el gasto en negociaciones entre 2002 y 2024 asciende a $8.908 millones. Sin embargo, las mesas de diálogo no han logrado frenar las acciones armadas ni garantizar la seguridad para las comunidades más afectadas.
Ante este panorama, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó una crítica frontal a la política de paz total del actual Gobierno.
“Yo soy clara: con mi gobierno no se negociará la paz. La paz se impondrá por y con la fuerza del Estado”, afirmó Cabal, quien ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la autoridad institucional.
María Fernanda Cabal tiene claro que. “La violencia del país es causa del narcotráfico. Es la cocaína lo que más se exporta, incluso por encima del petróleo y el café”.
La guerra en Colombia es territorial: grupos al margen de la ley se disputan tierras y rutas por el narcotráfico, y ése es el negocio que sostiene la violencia. Los cultivos han aumentado en más de un 53%, entre el 2022 y 2023. Es decir, 2.664 toneladas al año.
Y en ese panorama desolador para muchas regiones, especialmente las que limitan con salidas hacia el mar o fronteras, la senadora del Centro Democrático cuestiona, con estadísticas en mano, y le dice al mundo que mientras en Colombia derrochan miles de millones en hablar con criminales, aumenta la razón del conflicto y los colombianos viven bajo el miedo constante, sin garantías mínimas de seguridad. Su postura refleja el sentir de muchos ciudadanos que, frente a la ineficacia del diálogo, piden una política de orden, justicia y control territorial.
Y es que Cabal ha señalado también en varias declaraciones que la política de diálogo no ha sido efectiva, y que la población exige una respuesta contundente ante la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión y otros flagelos que afectan la vida cotidiana de los colombianos. Por ejemplo, al referirse a la situación en Catatumbo, advirtió: “Aquí tiene que volver el poder y la fuerza del Estado”.
Estudios de expertos en seguridad nacional advierten que, si bien la paz es un objetivo legítimo, invertir miles de millones en negociaciones sin resultados tangibles podría estar debilitando la autoridad del Estado y prolongando los ciclos de violencia. La ciudadanía, por su parte, clama por una política de orden, justicia y control territorial.
“Los narcos al año reciben más de $70 billones de pesos, mientras para seguridad y defensa destinan $60 billones de pesos. Vamos a tener el presupuesto más alto para la Fuerza Pública en 2026“, precisa María Fernanda Cabal.
Y es que, contrario a muchas candidatos, Cabal conoce a Colombia sus fortalezas y especialmente las debilidades de un país sumido, ahora más que antes, en el flagelo de cultivos ilícitos. En ese contexto revela las “Zonas Críticas” donde se evidencia mayor gravedad por el aumento de cultivos de coca, y lo que esto significa en materia de seguridad para las poblaciones, el país y la región Latinoamericana.
Los resultados de la actual política de paz puso en cuestionamiento el compromiso del Estado, al dejar a la población indefensa frente al avance de estructuras armadas ilegales e incentivar la criminalidad y menguar la fuerza de las autoridades legítimas de defensa, como son el ejército y la policía. Las Fuerzas Armadas, bajo esa “política de paz” son cuestionados, destituidos y hasta judicializados cuando intentan cumplir con lo que les indica la Constitución, y en legitima defensa deben actuar, frente a hostigamientos, secuestros y agresiones de los cuales son víctimas, por las milicias de grupos armados, mezcladas entre la población civil, en varias regiones.
La violencia invisible que domina los territorios: confinamiento, miedo y silencios forzados
En Colombia, la violencia se vuelve cada vez más invisible y hasta se infiltra en la cotidianidad: amenazas, reglas impuestas por actores ilegales, reclutamiento de menores, control sobre la movilidad y la economía local. Los territorios ya no se vacían en la mayoría de casos, pero sus habitantes viven bajo un régimen de miedo y crece con preocupación otro fenómeno: el confinamiento. Sí, hay menos desplazados, pero aumentan las comunidades confinadas y las restricciones a su movilidad.
A ello se suma que muchas veces ni siquiera hay registro de los hechos: los desplazamientos individuales, por su carácter silencioso y fragmentado, quedan fuera de los radares institucionales y estadísticos. La invisibilización también se da por miedo a denunciar o por la naturalización de la violencia.
Además, se han multiplicado las zonas de disputa entre grupos armados, lo que ha intensificado aún más el desplazamiento. A diferencia de los territorios donde los ilegales ya tienen un control consolidado y no necesitan recurrir a una violencia visible, en las zonas en pugna la violencia se desborda.
El Catatumbo, Cauca, Putumayo y Chocó son ejemplos de esta situación, como lo precisa la precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Solo en el Catatumbo, según la Gobernación de Norte de Santander, 68.347 personas fueron desplazadas durante el primer semestre de 2025, tras los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Además, se reportaron 11.490 personas confinadas y 135 homicidios. Y esas cifras van de la mano del negocio de la coca.
Queda claro que la paz verdadera no se logra con discursos ni mesas eternas, sino garantizando que ningún ciudadano tenga que vivir bajo reglas criminales, que ningún niño sea reclutado por un grupo armado y que ninguna comunidad quede confinada en silencio por miedo. La seguridad debe volver a ser un derecho, no un privilegio.
Colombia no puede seguir invirtiendo miles de millones en diálogos que no detienen la violencia. Mientras los grupos armados imponen miedo, logran millonarias ganancias, controlan los territorios en Colombia y se inundan países de coca.
“La paz verdadera solo será posible con autoridad, justicia y presencia real del Estado. La seguridad no se negocia: se garantiza”, y ésa es la ruta que plantea con contundencia, María Fernanda Cabal.
