Por Lola Portela
El ataque con fuego a tres militares en Putumayo no solo dejó dolorosas heridas físicas y emocionales, sino que volvió a exponer la crisis de seguridad en las fronteras de Colombia, hoy dominadas por mafias internacionales y estructuras armadas ilegales.
En el Hospital Militar de Bogotá permanecen el subteniente Miguel Ángel Mejía, en estado crítico, y los soldados Daniel Fierro Rubiano y Sebastián Díaz Amaya, con evolución favorable, tras ser rociados con gasolina e incendiados por productores de cocaína en la vereda Siloé, municipio de Villa Garzón.
El comandante de la Brigada 27, brigadier general Yor William Cotua, responsabilizó a hombres dedicados al procesamiento de coca, reforzados por una turba de indígenas vinculada a los Comandos de Frontera, una disidencia de las Farc que mantiene el control criminal en esa región.
Yolanda Amaya, madre del soldado Díaz, envió un mensaje cargado de dolor y esperanza:
“Quien les hizo eso no tiene corazón. Mi hijo sirve al Ejército para buscar la paz. Aun así, los perdono de corazón, porque sé que la justicia divina tarde o temprano llega”.
El Gobierno rechazó el ataque y lo calificó como un crimen contra la paz. Sin embargo, este hecho es apenas la muestra de un panorama más amplio: Colombia está perdiendo sus fronteras.
Las fronteras bajo fuego
- Con Ecuador: Narcotraficantes y guerrillas controlan 586 kilómetros de frontera y 185 pasos ilegales. Allí se mueve cocaína, armas y oro ilegal. El Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y disidencias de las Farc y el ELN se reparten el poder. En Rumichaca incluso se fabrica y circulan billetes falsos y se practica el “cambiazo”: cocaína por ketaminas para producir drogas sintéticas.
- Con Venezuela: El ELN domina bajo la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Somete a comunidades y controla corredores de migrantes, armas y narcotráfico hacia el Caribe.
- Con Panamá: El Clan del Golfo se apoderó de la selva del Darién, por donde pasa el éxodo de migrantes hacia Centroamérica y, al mismo tiempo, la cocaína hacia EE. UU.
- Con Brasil y la Amazonía: Disidencias de las Farc ligadas a alias Iván Mordisco operan las rutas de salida de droga hacia el gigante suramericano, además de controlar corredores de minería ilegal.
- Con Nicaragua y San Andrés: Bandas criminales coordinan el tráfico de drogas y migrantes, trata de personas y el lavado de dinero, aprovechando la débil presencia estatal en las islas.
Putumayo: el corazón del narcotráfico
Putumayo, junto con Caquetá y Nariño, es uno de los mayores centros de producción de cocaína del país. Desde allí, toneladas de droga son transportadas hacia Ecuador a través de más de 185 pasos ilegales que controlan disidencias armadas.
El terreno selvático, las comunidades vulnerables y la débil presencia del Estado han facilitado que las mafias construyan sus propias carreteras, puentes clandestinos y redes de corrupción que incluyen jueces, fiscales y uniformados.
Además de la cocaína, Putumayo es hoy un enclave del oro ilegal, que financia a grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc. Los armados imponen “impuestos” a campesinos, mineros e incluso a productos básicos como la leche, mientras intimidan a comunidades indígenas para usarlas como corredores de transporte.
El poder del dinero ilícito ha superado al Estado colombiano, en medio de la “paz total”: las brigadas militares que custodian estas zonas tienen presupuestos reducidos —la XXVII Brigada en Putumayo recibió apenas 46 millones de pesos en 2025—, mientras las mafias mueven millones de dólares, sobornan a fiscales y policías, construyen carreteras clandestinas, compran lealtades y consiguen armamento más sofisticado, frente al que tiene Colombia, Ecuador o Panamá. Venezuela y Brasil, son países entregados a estos grupos, y lo mismo se cree que esta ocurriendo ya con Colombia, por los permanentes ataques que reciben tanto miliares y policías, organismos de defensa legítimos, pero arbitrariamente cada vez más reducidos para su reaccionar, no sólo en presupuesto, pues tampoco cuentan con la tecnología necesaria, ni el armamento, que si tienen los grupos ilegales y armados. Además, en Colombia, están en desventaja frente a las órdenes, desde el gobierno, de “no agresión” a esos grupos armados, con los cuales el gobierno de Gustavo Petro tiene “acuerdos de cese al fuego”. Sin embargo, quedó demostrado que no es bilateral. Con lo cual, las Fuerzas Armadas de Colombia van es desventaja, en el marco de la tal “paz total”, impuesta por Petro.
Una paz frágil
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que estos hechos son un atentado contra la “paz total”. Sin embargo, tanto en Colombia como en Ecuador las fuerzas militares coinciden: los grupos armados siguen expandiéndose bajo nuevos nombres, incluso disfrazados de procesos de paz. Por eso, no se comprende cómo siguen hablando de “paz total”, si es un proceso fallido, hace mucho.
Y es que hoy, desde el puente internacional de Rumichaca hasta la selva del Darién, pasando por el Orinoco y la Amazonía, el crimen transnacional actúa sin freno.
Mientras tanto, madres como Yolanda Amaya, que ve a su hijo debatirse entre la vida y la muerte, siguen creyendo que el perdón y la justicia divina algún día serán más fuertes que el poder del narcotráfico.
Cabe precisar que las brigadas del Ejército que operan en estas zonas trabajan con presupuestos mínimos: la Brigada 27 en Putumayo recibió apenas 46 millones de pesos este año para enfrentar a mafias con millones de dólares y arsenal de guerra.
Frente a los hechos ocurridos recientemente en Colombia, hablamos con varios expertos, uno de ellos fue parte de la inteligencia del Ejército colombiano, y dice: “Desde el 90 las Farc ya pensaban en lo que significaría tener el control de la cuenca del Pacífico. El tema del Cauca, no es de ahora, se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Al igual, que la instrumentalización de negritudes e indígenas es un trabajo que lleva muchos años y pues está dando frutos. Es precisamente de esos grupos que ellos ahora tienen su primera línea. Y de allí salen los milicianos que tienen que ver con la logística e inteligencia. De esa manera, atacan a los militares y suplantan la autoridad. El tema es muy grave porque el plan es tomar el control de la cuenca del Pacífico; no lo lograron hacer en ese tiempo, porque afortunadamente hubo gobiernos y le frenaron su avance, pero ellos siguen pensando en eso”.
Y, en el mismo contexto, a este veterano le preocupa “una posible toma de Bogotá, dentro de esa llamada “lucha no armada” o equilibrio dinámico de fuerzas”. Y dice que “Se volvió una lucha asimétrica”, citando la dificultad de dispararle a quienes usan machetes o palos y en este caso el fuego contra la fuerza pública.
Sin embargo, esa forma criminal de operar, pone en gran desventaja a quienes defienden la seguridad nacional. Por eso, estamos frente al caso de tres militares incendiados, quemados vivos y que ahora dan su batalla entre la vida y muerte.
En el marco de una muy grave inseguridad Colombia esta en un proceso preelectoral, María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia por el Centro Democrático ha sido contundente con lo que ella llama “la paz cocal”, por el enorme aumento de cultivos ilícitos en Colombia en el periodo Petro, que en el 2025 supera ya las 300.000 hectáreas de área sembrada con cultivos de coca. Y por eso ha sido contundente al decir que en su gobierno: “los cultivos de coca se controlarán con glifosato, usando la tecnología punta y drones, para no arriesgar la vida de nuestros soldados”.
El ataque a los militares en Putumayo es más que un crimen atroz: es la radiografía de un territorio donde el Estado retrocede y el narcotráfico avanza, poniendo en jaque no solo la seguridad regional, sino la soberanía de todo el país.
